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Cuando estas líneas se publiquen, Brasil ya habrá elegido presidente. Lula o Flávio Bolsonaro ocuparán todas las portadas y buena parte de los análisis intentarán explicar quién ganó y quién perdió, pero una parte quizás más profunda de la elección ya quedó definida antes del balotaje: cambió la distribución del poder brasileño.
El 4 de octubre Brasil no decidió solamente quién competiría por la Presidencia; también redefinió una parte importante de su mapa político y renovó la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado. A su vez, el Partido Liberal de Bolsonaro pasaría de 97 a 121 diputados y además tendría 28 senadores, después de elegir 19 de las 54 bancas que estaban en juego convirtiéndose en la mayor bancada partidaria del Senado desde la Constitución de 1988.
Por otro lado, la federación encabezada por el PT también crecería: pasaría de 82 a 88 diputados, aunque tendría solo nueve senadores, por lo tanto, se entiende que la izquierda no desapareció pero la derecha amplió considerablemente su poder institucional y ese dato cambió la lectura de la elección.
Si acaso Lula consiguió la reelección, deberá gobernar un país cuyo Congreso se desplazó hacia la derecha y donde el PL se convirtió en la principal fuerza legislativa. En cambio, si el que ganó es Flávio Bolsonaro, encontrará una correlación parlamentaria considerablemente más favorable que la que tuvo su padre durante buena parte de su presidencia. Lo cierto es que, para ambos casos, el próximo Brasil no se explica solamente desde el Palacio del Planalto.
El presidencialismo brasileño siempre necesitó coaliciones parlamentarias, gobernadores, sectores económicos y organizaciones sociales capaces de negociar poder; lo novedoso es que algunos de esos actores dejaron de ocupar un papel secundario y comenzaron a tener capacidad propia para influir sobre la agenda, las decisiones y el equilibrio político nacional.
En ese sentido el agronegocio es probablemente el caso más evidente. En 2025 exportó US$169.200 millones y explicó el 48,5% de todas las exportaciones brasileñas; solamente la soja en grano generó US$43.500 millones y alcanzó un récord de 108 millones de toneladas exportadas. Ese resultado no puede atribuirse a un solo gobierno: es el producto de décadas de inversión privada, investigación aplicada, expansión de infraestructura, acceso al financiamiento y apertura sostenida de mercados internacionales. Se sabe que el peso político del agro suele asociarse a los sectores conservadores, pero su expansión trasciende las alternancias de gobierno, porque durante la presidencia de Lula, Brasil anunció la apertura de 700 nuevos mercados para productos agropecuarios desde 2023. El dato confirma que este sector dejó de ser sólo una base electoral para convertirse en una política de Estado: sus exportaciones son demasiado importantes para la economía brasileña como para depender del signo político de quien gobierne.
Algo similar ocurre con las iglesias evangélicas, que hoy ocupan un lugar relevante en la política y la vida social de Brasil. Sus fieles representan más de una cuarta parte de la población mayor de diez años y, en muchas ciudades, estas comunidades funcionan además como espacios de pertenencia, asistencia y organización social. Esa capacidad de cobertura territorial se tradujo en influencia electoral, legislativa y cultural, especialmente en debates sobre familia, seguridad, educación e identidad. Su peso claramente no depende de una elección puntual: forma parte de la nueva estructura de poder brasileña y cualquier presidente deberá gobernar teniendo en cuenta esa realidad.
No obstante, por encima de las identidades religiosas y de los debates sobre valores, la economía sigue siendo la principal vara con la que una sociedad evalúa su presente. En vísperas del balotaje, una encuesta mostraba que el 60% de los brasileños esperaba una mejora económica, mientras el 43% consideraba que la situación había empeorado en los meses anteriores. Esa distancia entre los indicadores y la experiencia cotidiana resulta decisiva: el empleo puede mantenerse sólido y la inflación desacelerarse, mientras muchas familias continúan sintiendo el peso del costo de los alimentos, las altas tasas de interés, el crédito y el endeudamiento. Quien haya ganado la elección recibirá, por lo tanto, una exigencia que trasciende las identidades políticas o religiosas: lograr que la mejora de la economía también se perciba en la vida cotidiana de los brasileños.
Si ganó Lula, el PT habrá demostrado una notable capacidad para conservar centralidad electoral, pero enfrentará dos desafíos inmediatos: gobernar con un Congreso más adverso y comenzar a resolver una sucesión que ya no puede postergarse. A los 80 años, Lula continúa siendo el principal activo político del espacio que construyó durante décadas. El problema, por lo tanto, ya no será únicamente preservar su legado, sino construir un liderazgo capaz de sostener esa coalición política cuando él deje de ocupar el centro de la escena.
Por el contrario, si el ganador es Flávio Bolsonaro, el dato político será otro: El bolsonarismo habrá demostrado que puede proyectarse más allá de Jair Bolsonaro y consolidarse como una fuerza política con continuidad propia, fortalecida además por una mayor presencia en el Congreso.
También cambia la forma en que Argentina debería observar Brasil. Quedó demostrado que nuestro vínculo económico no depende de simpatías políticas. En el primer trimestre de 2026, Brasil recibió el 12% de las exportaciones argentinas y explicó el 22% de nuestras importaciones: automóviles, autopartes, trigo, alimentos, productos químicos y manufacturas mantienen una integración que atravesó gobiernos de todos los signos. Una relación bilateral seria no debería reconstruirse cada cuatro años según la afinidad de los presidentes.
Para el norte argentino, esta transformación brasileña tiene además una dimensión estratégica inmediata. El Corredor Bioceánico responde cada vez más a necesidades concretas del centro-oeste de Brasil: reducir distancias hacia el Pacífico, mejorar la competitividad de sus exportaciones y asegurar nuevas alternativas de abastecimiento energético. A la conexión vial se suma ahora el interés por llevar gas argentino hacia Mato Grosso do Sul, y entre las alternativas estudiadas figura un gasoducto desde Salta, a través de Paraguay, hasta Porto Murtinho y Campo Grande, donde podría integrarse a la red brasileña que ya comenzó a recibir gas de Vaca Muerta a través de Bolivia y busca ampliar esos volúmenes.
Mientras nuestros vecinos avanzan a partir de sus propias necesidades, en el norte argentino recién ahora parte del empresariado vuelve a advertir la urgencia de poner en valor el Belgrano Cargas, recuperar los ramales C14 y C15, mejorar las rutas y modernizar los puestos de frontera. Infraestructuras que no deberían necesitar del Corredor Bioceánico -ni del interés brasileño- para demostrar que son estratégicas.
La elección habrá cerrado una etapa, pero abrirá otra bastante más compleja. El nuevo gobierno deberá administrar un Congreso más gravitante, un agronegocio convertido en política de Estado, redes sociales y religiosas con creciente influencia y una ciudadanía que exige resultados económicos concretos.
El desafío será transformar esa nueva distribución del poder en capacidad de gobierno. Porque Brasil seguirá siendo una potencia regional con enormes recursos y oportunidades, pero también con intereses cada vez más diversos y actores capaces de condicionar las decisiones presidenciales.
