iniciá sesión o registrate.
La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el procesamiento de Orlando Canido, dueño de la marca de gaseosas Manaos, en una causa por presunta evasión de impuestos iniciada por el Ministerio Público Fiscal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca).
La resolución ratificó la decisión adoptada previamente por el Juzgado Federal N° 3 de Morón y mantuvo las medidas cautelares dictadas contra el empresario.
Entre ellas, un embargo preventivo de $ 250 millones sobre sus bienes y otro por el mismo monto sobre los activos de Refres Now S.A., compañía titular de la marca.
Según el expediente, el tribunal resolvió “confirmar el pronunciamiento apelado en todo cuanto fue materia de recurso”, respaldando así la decisión de primera instancia.
La investigación por evasión tributaria
La causa también involucra a Norberto Canido, hermano del empresario, y se centra en presuntos incumplimientos vinculados al pago del Impuesto a las Ganancias, IVA e Impuestos Internos.
De acuerdo con la investigación, las maniobras bajo análisis habrían generado una evasión superior a los $805 millones en los ejercicios fiscales correspondientes a 2018 y 2020.
La denuncia original incluyó montos relacionados con Ganancias, IVA e Impuestos Internos correspondientes a distintos períodos fiscales. Posteriormente, la acusación fue ampliada para incorporar nuevos ejercicios y obligaciones tributarias.
Sin embargo, los hechos vinculados a los períodos 2017 y 2018 terminaron siendo sobreseídos debido a la prescripción de la acción penal tras la aplicación de una norma considerada más benigna, que modificó los montos mínimos de punibilidad del régimen penal tributario.
Según la presentación realizada por Arca, se habrían utilizado declaraciones juradas consideradas engañosas mediante una supuesta operatoria vinculada a un préstamo de $650 millones proveniente del accionista mayoritario.
El organismo sostuvo que existió un incremento patrimonial sin justificación suficiente y cuestionó la existencia de movimientos de fondos que respaldaran la operación declarada.
Además, la investigación menciona la presunta simulación de pasivos y señala que el dinero habría sido aportado en efectivo por un tercero. Sin embargo, según las actuaciones judiciales, la persona mencionada no contaría con la capacidad económica necesaria para concretar un préstamo de esas características durante 2020.
El expediente también recoge la postura de la querella, que sostiene que las conductas analizadas no serían hechos aislados sino parte de un presunto plan destinado a ocultar capacidad contributiva e incorporar fondos sin respaldo documental suficiente.
