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Cuatro presos alojados en cárceles de Jujuy fueron procesados con prisión preventiva por el juez federal Julián Ercolini, acusados de operar desde el penal de Alto Comedero una red de estafas y extorsiones en la que se hacían pasar por el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.
La resolución alcanzó a Cristian Mariano Ariel Acho, Sebastián Ariel López, Walter Rodrigo Vargas y Ramón Atilio Ríos. El magistrado los consideró “prima facie” miembros de una asociación ilícita, en concurso real con los delitos de estafa, extorsión y usurpación de autoridad, en calidad de coautores.
Una banda con base en el penal de San Salvador de Jujuy
Según el fallo, la organización habría funcionado al menos desde noviembre de 2024 hasta el 30 de octubre de 2025, con base en el Establecimiento Penitenciario N° 7 del Servicio Penitenciario de Jujuy, ubicado en el barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy.
De acuerdo con la investigación, los internos utilizaban distintas líneas telefónicas, tarjetas SIM, billeteras digitales, cuentas bancarias y alias de pago para obtener datos de personas detenidas y de sus familiares.
Cómo operaba la maniobra
El eje del engaño era la suplantación de identidad. Los imputados se habrían hecho pasar por Rosatti, utilizando su nombre, imagen, cargo e investidura, además de perfiles de WhatsApp con fotografías del titular de la Corte, imágenes del edificio de Tribunales o la denominación “Corte Suprema de Justicia”.
Con esa falsa identidad, se comunicaban con dependencias policiales, penitenciarias y de fuerzas de seguridad para solicitar listados y datos personales y administrativos de personas privadas de la libertad.
Luego, esa información se usaba para contactar a familiares o allegados y exigirles dinero con la promesa de gestionar una libertad, una fianza, una caución o algún trámite judicial.
El expediente detectó además otra modalidad: en algunos casos, la banda simulaba representar a empresas privadas para anunciar falsos premios, como dinero, vehículos o electrodomésticos, y pedía transferencias por supuestos “gastos de trámite”.
Cómo se descubrió la estafa
La causa se inició el 25 de noviembre de 2024, tras un llamado al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina. Allí, un hombre se presentó como “el doctor Horacio Rosatti, Jefe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y pidió datos de detenidos y teléfonos de sus familiares, con el argumento de un supuesto relevamiento vinculado con derechos humanos.
La llamada fue rastreada hasta la zona del penal jujeño. La pesquisa avanzó con intervenciones telefónicas, cruces de líneas, informes de empresas de telefonía, registros de cuentas y allanamientos dentro del establecimiento penitenciario.
En las requisas de diciembre de 2024 se secuestraron teléfonos celulares, tarjetas SIM, biblias y libros con anotaciones de alias, números telefónicos, CBU y destinatarios vinculados con las maniobras. También se detectaron comunicaciones en las que los sospechosos hablaban de víctimas, transferencias y cuentas para mover dinero.
Las víctimas
Entre los hechos atribuidos, el fallo menciona el caso de Claudio Ariel Sarmiento, quien habría transferido $450.000 al alias “poderjudicial.mp” luego de recibir llamados que le exigían pagar una “fianza” para liberar a su hijastro, alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.
También se incorporaron al expediente los casos de Fernando Alex Bautista Casimiro, quien transfirió $429.500 ante la falsa promesa de haber ganado un vehículo, y de Camilo Vallejos, contactado por un supuesto premio de “telefonía satelital 4G”, quien estimó un perjuicio de entre $9.000.000 y $10.000.000.
Embargos y notificaciones
Ercolini trabó embargo sobre los bienes y el dinero de los cuatro procesados por $5.000.000 para cada uno. La decisión fue notificada a la Defensoría Pública Oficial, a la Fiscalía Federal N° 5 y al Juzgado de Ejecución de la Pena de Jujuy.
