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"Unas 3.500 familias de La Quiaca van a quedar sin trabajo y puedo asegurar que estas familias viven el día y no piden ningún tipo de subsidio a la Nación", advirtió Walter Cadena, presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, al graficar el profundo impacto socioeconómico que generó en la frontera norte la reciente resolución 59/10 de Arca. En diálogo con FM Sol, de El Tribuno de Jujuy, el referente sostuvo que la medida impositiva y aduanera "cayó por sorpresa en la región, sin previo aviso", y puso en alerta a todo el sector comercial y productivo local que hoy ve amenazada su subsistencia diaria.
La normativa cuestionada prohíbe de forma inmediata la salida hacia Bolivia de materias primas vitales como trigo, maíz y soja. Asimismo, veta el paso de embalajes superiores a 10 kilogramos para productos esenciales de la canasta familiar -como harina, arroz, azúcar y aceite- y alimentos para mascotas, limitando la operatoria exclusivamente a presentaciones menores y alterando de golpe la dinámica diaria de una zona altamente vulnerable.
Frente a este complejo escenario, Cadena remarcó que el perjuicio no se acota a los grandes comercios, sino que se extiende a todo el tejido social de la ciudad fronteriza: "Por ejemplo, los pasadores, los carritos de mano, taxifleteros, estivadores, los vendedores ambulantes que viven de esto, la gente que nos alquila negocio, depósito, los que trabajan con nosotros; es bastante grande el perjuicio". Es que esta cadena de valor informal e interdependiente representa el motor económico que dinamiza cada rincón de la ciudad norteña.
El dirigente comercial enfatizó que este intercambio fronterizo, caracterizado históricamente como un comercio al menudeo, se sostiene desde hace décadas al calor de una economía regional tradicional y arraigada: "El tema del régimen fronterizo es que hace 70 años que está el puesto aduanero, hace 70 años que se exporta acá toda la mercadería que viene de la fábrica hacia la ciudad de La Quiaca. Todos pagamos impuestos: nacionales, provinciales, municipales, generamos trabajo".
En este sentido, el referente cuestionó con dureza que las disposiciones centralistas desconozcan la realidad cotidiana de una frontera seca que convive y comercia estrechamente con la vecina localidad boliviana de Villazón: "La Argentina no termina en Buenos Aires, 9 de Julio, termina aquí en La Quiaca, la puerta de entrada y salida del país". La interdependencia comercial entre ambas ciudades conforma un mercado único de subsistencia que ahora se encuentra virtualmente paralizado por la nueva disposición.
Ante la falta de respuestas previas y la asfixia económica que anticipa la medida, los comerciantes advierten que la situación es insostenible y exigen la revisión urgente de la normativa para evitar una catástrofe laboral. Es por ello que el intendente Dante Velázquez, por su parte también se encuentra realizando tareas que aporten a la resolución del problema. Como plan de acción inmediato para frenar la normativa y visibilizar el conflicto ante la opinión pública, el sector empresario convocó a medidas de fuerza: "El jueves a las 10:30 tenemos esta marcha que se va a ejecutar y bueno, obviamente que va a ser pacífica, donde van a asistir todos los comerciantes".
Además, detalló que mantendrán una audiencia clave en la Casa de Gobierno: "Ayer nos avisaron de que vamos a tener una entrevista el viernes a las 10 de la mañana en Gobernación, nos va a recibir el señor gobernador para que nosotros le informemos todo lo que estoy comentando en este momento, y si podemos llegar hasta el Arca, mucho mejor", concluyó.
