La Fiscalía dio un giro inesperado en el caso de la condena a Cristina Kirchner por el caso Vialidad al retirar el pedido para que cumpla su pena en una cárcel, aunque mantuvo la solicitud de cambiar su domicilio de detención. La decisión fue comunicada minutos antes de una audiencia clave en la Cámara Federal de Casación, donde se debatiría el tema.
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La Fiscalía dio un giro inesperado en el caso de la condena a Cristina Kirchner por el caso Vialidad al retirar el pedido para que cumpla su pena en una cárcel, aunque mantuvo la solicitud de cambiar su domicilio de detención. La decisión fue comunicada minutos antes de una audiencia clave en la Cámara Federal de Casación, donde se debatiría el tema.
El fiscal general Mario Villar presentó un escrito desistiendo de la petición impulsada inicialmente por sus colegas Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían apelado la prisión domiciliaria de la ex mandataria. Con esta medida, la Cámara de Casación ya no evaluará si Kirchner debe ser trasladada a un penal, lo que garantiza su continuidad en arresto domiciliario. Sin embargo, la solicitud para que cambie su lugar de detención sigue vigente.
Durante la audiencia convocada para este mediodía, los abogados defensores de Kirchner, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, junto al fiscal Villar, expusieron sus argumentos. Ahora, los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña tienen cinco días hábiles para resolver, aunque se espera un fallo esta misma semana.
La ex presidenta fue beneficiada con prisión domiciliaria el 17 de junio por el Tribunal Oral Federal 2, luego de que la Corte Suprema confirmara su condena a seis años de prisión. Los jueces fundamentaron la medida en razones de seguridad —tras el atentado que sufrió en 2022— y por su edad (72 años).
Entre las condiciones impuestas, Kirchner debe usar una tobillera electrónica, respetar un régimen de visitas preautorizadas y evitar conductas que alteren la convivencia en su edificio. Recientemente, recibió la visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, previa autorización judicial.
