En los últimos días surgió una seria preocupación entre los habitantes de la Quebrada y Puna, y de poblados en las regiones Valles y Yungas por la intención del Gobierno nacional en eliminar por decreto de necesidad y urgencia la ampliación del Régimen de Zona Fría, aprobada por ley en junio del 2021.
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En los últimos días surgió una seria preocupación entre los habitantes de la Quebrada y Puna, y de poblados en las regiones Valles y Yungas por la intención del Gobierno nacional en eliminar por decreto de necesidad y urgencia la ampliación del Régimen de Zona Fría, aprobada por ley en junio del 2021.
En ese entonces la Cámara alta sancionó y convirtió en ley el proyecto denominado Zona Fría, que incorporaba más provincias y localidades del país al beneficio de tarifas diferenciales de gas, con reducciones entre un 30% y 50% para los usuarios.
Entre los beneficiarios del sistema están los habitantes de Susques, Rinconada, Santa Catalina, Cochinoca, Yavi, Humahuaca, Tilcara, Tumbaya y demás poblados jujeños quienes desde ese año perciben el beneficio.
El ministro de Economía, Luis Caputo, quiere retrotraer la ampliación aprobada en 2021 del Régimen de Zona Fría, el esquema que subsidia hasta un 50% del costo del gas natural para usuarios ubicados en áreas consideradas por el Estado de "bajas temperaturas". De esa manera ahorraría US$ 300 millones anuales.
El subsidio en cuestión se financia con una doble vía: a través de un recargo de casi 7% en la factura de gas que pagan todo el resto de los usuarios -inclusive aquellos hogares de bajos recursos que terminan transfiriendo, a contramano de toda lógica redistributiva, parte de su renta a personas de mayores ingresos socioeconómicos-.
Y por el otro, por medio de aportes directos del Tesoro Nacional pese a que cuando se aprobó la ampliación del régimen referentes energéticos del kirchnerismo prometieron que no sería necesario que el Estado destine fondos de forma directa para financiar el funcionamiento del sistema.
Con un extenso debate que duró 6 horas el Senado sancionó la Ley de Zona Fría con 51 votos a favor, 12 negativos y ninguna abstención, con el apoyo del Frente de Todos, aliados peronistas y algunos acompañamientos en general de senadores de Juntos por el Cambio mientras que otros de la oposición votaron en contra.
Mediante el instrumento legal distintas localidades de 15 provincias argentinas accedieron a tarifas diferenciales de gas junto a la región de la Patagonia, la Puna y Malargüe (Mendoza) ya contempladas en el Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas, sumándose Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.
La publicación del DNU, que podría implementarse después de las elecciones legislativas de octubre, modificaría los subsidios al consumo de gas a unos 3,1 millones de usuarios que ingresaron como beneficiarios con la ampliación del régimen de 2021. Se volvería, de esa manera, a un esquema similar al original creado en 2002 mediante la Ley 25.565, que incluye a 850.000 hogares de la Patagonia, la Puna y Malargüe.
Mario Fiad y Silvia Giacoppo en ese año senadores por Jujuy votaron a favor de la aprobación de la ampliación favoreciendo a cientos de familias jujeñas que estaban marginadas del importante beneficio que gozaban otras en diferentes regiones del país, con mucho menos frío inclusive.
Durante el debate Giacoppo había expresado que "las medidas propuestas tienen la finalidad de garantizar la igualdad real entre habitantes de todo el país. Celebro que los pedidos de los diputados de mi provincia, de mi espacio político, hayan tenido la posibilidad de solicitar la inclusión de Jujuy".
Ante el intento de eliminar la norma, el ahora diputado provincial Fiad señaló que "Milei para hacer bien las cosas debe escuchar al interior sobre la realidad que vive, se equivocará si toma decisiones pensando en el bolsillo".
¿Qué establece la ley aprobada en el año 2021?
La norma aprobada prorrogó por 10 años el Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas (artículo 75, Ley 25.565 -de Presupuesto Nacional-), y aumentó la cantidad de departamentos y localidades del país con temperaturas bajas, incorporándolas al beneficio. En base a los datos aportados por el oficialismo en su momento, eran 849.965 beneficiados incluyendo la Patagonia, Puna y Malargüe (Mendoza), sumándose con la norma 3,1 millones nuevos usuarios de gas natural.
De 10 provincias y 79 departamentos se pasó a 15 y 231 respectivamente, con la posibilidad de incorporar a Tucumán y Catamarca, había indicado en comisiones el interventor del Enargas. A partir de la ley se incluyeron al régimen a las provincias de Buenos Aires -en gran parte-, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.
Lo que se estableció fue una disminución de entre el 30% y el 50% sobre las facturas de gas de usuarios residenciales, dependiendo de la situación de mayor o menor vulnerabilidad. En las nuevas localidades, la rebaja del 50% abarcó a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo; titulares de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a cuatro veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; y monotributistas sociales.
El beneficio también comprendió a jubilados y pensionados; trabajadores en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a cuatro Salarios Mínimos Vitales y Móviles; y monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no superan en cuatro veces el Smvm. Otros beneficiarios fueron los usuarios que perciben un seguro de desempleo; electrodependientes; usuarios incorporados al Régimen de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares; usuarios exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza; y veteranos de Malvinas que perciben una pensión vitalicia. En tanto, el resto de los usuarios residenciales de las zonas incorporadas accedió a la reducción del 30% de la tarifa de gas.