La Asociación del Personal de los Organismos de Control (Apoc), Seccional Jujuy, dio a conocer un duro comunicado en el que advierte sobre la crítica situación que atraviesa la Auditoría General de la Provincia de Jujuy, organismo encargado del control externo del Estado. Según la entidad sindical -que ostenta la personería gremial para representar a los trabajadores y jefaturas del organismo- se ha llegado a un punto de deterioro institucional que amenaza seriamente la legalidad, la transparencia y el funcionamiento técnico de uno de los pilares del sistema democrático.
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La Asociación del Personal de los Organismos de Control (Apoc), Seccional Jujuy, dio a conocer un duro comunicado en el que advierte sobre la crítica situación que atraviesa la Auditoría General de la Provincia de Jujuy, organismo encargado del control externo del Estado. Según la entidad sindical -que ostenta la personería gremial para representar a los trabajadores y jefaturas del organismo- se ha llegado a un punto de deterioro institucional que amenaza seriamente la legalidad, la transparencia y el funcionamiento técnico de uno de los pilares del sistema democrático.
Entre las principales denuncias, se destaca la falta de paritaria sectorial y diálogo institucional, pese a reiteradas solicitudes y a la intervención del Ministerio de Trabajo. Apoc denuncia una postura cerrada por parte del Colegio de Auditores, que se niega sistemáticamente a establecer canales formales de negociación con los representantes de los trabajadores.
El sindicato también señala ingresos irregulares de personal en el período preelectoral, "sin concurso, entrevistas ni evaluación alguna. Estas incorporaciones, con vínculos familiares o de afinidad política, rompen con la tradición técnica y autónoma del organismo, generando un precedente preocupante y atentando contra la ética institucional", sostuvo.
Otro de los puntos críticos expuestos es "la práctica de despidos encubiertos mediante demoras administrativas, que terminan dejando sin salario a trabajadores que no han podido finalizar trámites ante Anses por causas ajenas a su voluntad. Esta situación se presenta, además, en un contexto de urgencia por recuperar cargos y cupos presupuestarios", remarca.
Apoc también denunció el desconocimiento por parte del organismo de sus propias facultades para organizar la carrera administrativa, lo cual ha derivado en decisiones arbitrarias, con designaciones carentes de criterios objetivos, de mérito, titulación o trayectoria. En ese sentido, el gremio aclaró que "no se cuestiona a las personas ingresantes, sino la metodología utilizada, carente de transparencia y sometida a discrecionalidad política".
Estas prácticas, advierten desde el sindicato, han generado un clima laboral degradado, en el que quienes no fueron favorecidos son descalificados, los trabajadores con años de servicio son marginados y los profesionales que se capacitaron son ignorados. Asimismo, señaló que "la asignación arbitraria de adicionales económicos, en beneficio de personal recientemente contratado, dejando afuera injustificadamente a quienes integran la planta permanente".
La falta de transparencia se ve agravada por la ausencia de publicidad de los actos administrativos, que no son publicados ni cargados en los sistemas internos, lo que impide su revisión o impugnación, en clara violación a la Ley de Acceso a la Información Pública.
En el plano estructural, "la Auditoría General presenta deficiencias alarmantes: un edificio al borde del colapso por sobrepeso, equipamiento informático obsoleto, carencia de móviles para trasladarse al interior, viáticos insuficientes, baños colapsados y ausencia de salidas de emergencia, entre otras falencias que obstaculizan gravemente su funcionamiento", describieron.
El colapso institucional se completa con una brecha salarial abismal entre las máximas autoridades del organismo y el personal de planta, cuyas remuneraciones han quedado sumidas en un profundo deterioro. "El escalafón se encuentra virtualmente destruido", enfatizaron.
Frente a este panorama, Apoc informó que "se han agotado las instancias administrativas y que se ha puesto en conocimiento de la situación al Gobernador, Vicegobernador y legisladores provinciales. Además, se anticipó el inicio de acciones judiciales por la vía del amparo y medidas cautelares, en defensa de los derechos de los trabajadores y de la función de control público".
"Debe detenerse la destrucción del control y la transparencia en Jujuy", reclamó el gremio en el cierre del comunicado, y reiteró su compromiso con la legalidad y la ética pública. Asimismo, volvió a exigir la apertura de un verdadero diálogo institucional y la sanción de una ley que garantice el funcionamiento adecuado de la Auditoría General de la Provincia, dotándola de los recursos técnicos, humanos y financieros necesarios para cumplir con su misión constitucional de controlar la gestión estatal.
