Un nuevo pedido de apartamiento de un expediente judicial en contra de la jueza de Violencia de Género Nº 1 Mónica Cruz Martínez, pone en serias dificultades al Poder Judicial de la Provincia, quien todavía no se refirió al cúmulo de denuncias en contra de la magistrada y los pedidos de jury de enjuiciamiento que pesan sobre ella.
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Un nuevo pedido de apartamiento de un expediente judicial en contra de la jueza de Violencia de Género Nº 1 Mónica Cruz Martínez, pone en serias dificultades al Poder Judicial de la Provincia, quien todavía no se refirió al cúmulo de denuncias en contra de la magistrada y los pedidos de jury de enjuiciamiento que pesan sobre ella.
Nuestro diario tuvo acceso a un expediente judicial, donde una miembro de la plana mayor del Servicio Penitenciario de la Provincia, fue denunciada penalmente por su exapareja por ejercer violencia en contra del hombre y de sus hijos.
En la denuncia realizada los primeros días del mes de marzo en la Seccional 4º del barrio Cuyaya, el hombre presentó el examen médico que daba cuenta de las agresiones que sufrieron y una serie de videos, que el ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación remitió al Juzgado especializado en estos tipos de delitos.
Una semana después, la mujer realiza una denuncia por violencia de género y la magistrada desestimó la denuncia en contra de ella y ordenó una exclusión de hogar para su expareja.
Según el expediente judicial de la Vocalía V del Tribunal de Familia, a las pocas semanas, los dos hijos de la pareja en conflicto solicitaron vivir con su padre y denunciaron malos tratos ejercidos por parte de la progenitora, donde expusieron que durante el periodo de separación la mujer no les cocinaba ni se ocupaba de las tareas del colegio y hasta los agredió físicamente, denuncias que constan en la sede policial del barrio Cuyaya.
Los niños fueron entrevistados en Cámara Gesell y luego de este acto se resolvió que la mujer denunciada no puede hacerse cargo de sus hijos, pero llamativamente la misma jueza que desestimó la primera denuncia, resolvió que los niños sean excluidos de su hogar, quedando sin ropa, sin herramientas para estudiar y que no se acerquen a la vivienda donde reside la progenitora, sin una consulta previa al Juzgado.
Para los demandantes, esta decisión es arbitraria y sin dudas vulnera los derechos internacionales del niño, consagrados en la Constitución Nacional y en el Código Penal, donde el estado es quien debe velar por la integridad de ellos.
En la última resolución emitida por la jueza Mónica Cruz Martínez, del 28 de mayo pasado del expediente VJ-10591/2024, dio por sentado que los niños convivan con su progenitor, sin explicar los motivos y se le ordenó a la mujer un embargo del veinte por ciento de su sueldo, pero la jueza volvió a pasar por alto los derechos del niño y los terminó excluyendo de su propio hogar.
Lo que además llama poderosamente la atención, es que con el cargo de función pública que la mujer denunciada ostenta, desde el Departamento Interno del Servicio Penitenciario no se hayan expedido al respecto, a sabiendas que sobre la funcionaria pública pesan tres denuncias penales.
Es por eso que ante estas resoluciones, los representantes legales que defienden los intereses de los niños y de su progenitor, solicitaron el apartamiento de la causa de la magistrada.
