Ante el reciente anuncio del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, quien rubricó un convenio marco de colaboración con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, por el cual se garantiza la continuación de obras públicas, hubo repercusiones. Desde la Cámara Argentina de la Construcción delegación Jujuy, Luciano Bellomo valoró positivamente el anuncio, y desde el Colegio de Ingenieros explicaron el impacto del parate y la importancia de la presencia del Estado en la ejecución de proyectos de infraestructura.
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Ante el reciente anuncio del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, quien rubricó un convenio marco de colaboración con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, por el cual se garantiza la continuación de obras públicas, hubo repercusiones. Desde la Cámara Argentina de la Construcción delegación Jujuy, Luciano Bellomo valoró positivamente el anuncio, y desde el Colegio de Ingenieros explicaron el impacto del parate y la importancia de la presencia del Estado en la ejecución de proyectos de infraestructura.
Al respecto, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción delegación Jujuy, Luciano Bellomo, consideró positivo el anuncio. "Esto ya da un panorama, aunque no hay fecha de inicio de ninguna de las obras, pero por lo menos ya tenemos una expectativa de que la Provincia se va a hacer cargo de varias obras y Nación también", dijo y estimó que, aunque el convenio es un avance, la reactivación de las obras llevará tiempo.
Explicó que la paralización de las obras públicas afectó no solo a los obreros de la construcción, sino también a maestros mayores de obras, arquitectos e ingenieros.
Añadió que las empresas deben seguir costeando la seguridad y mantenimiento de las obras paralizadas para evitar robos y vandalismo, a pesar de los pagos atrasados por parte del gobierno nacional. "Los pagos atrasados de Nación complican aún más la situación, creando una bola de problemas que hay que desactivar para dar claridad sobre nuestra posición actual", añadió.
"Las obras que se quieren traspasar como la 34, obra del Enosa que son plantas potabilizadoras o cisternas, son obras de gran magnitud, entonces todavía no tenemos una información acerca del traspaso, cómo va a ser, si Nación va a ayudar un poco si no va a ayudar y el coste va a ser todo de la provincia. La verdad que la provincia está apuntalando a las empresas pero obviamente que lo excede", explicó. Recordó que de todas las obras que había en ejecución el año pasado, más de un 75% están neutralizadas a la espera de que se destrabe la medida.
"Es una muy buena noticia, sabíamos que este año iba a ser prácticamente así nulo, con muy poco movimiento. El tema escuelas es el que se está moviendo bastante, con créditos internacionales, eso sigue, hay un programa de 'Remodelación de escuelas' que está funcionando bien", anunció Bellomo.
Aclaró que hay obras que están en ejecución, se están pagando al día y la voluntad es que las otras escuelas que estaban licitadas también entren en el mismo ritmo y se adelanten los pagos.
La expectativa está puesta en cómo se resolverá la liberación de fondos y la coordinación entre Nación y Provincia para reactivar y finalizar las obras paralizadas
La situación también fue abordada en la reciente aprobación de la Ley Bases, que contempla condiciones para evitar la paralización de la inversión en infraestructura por parte del Estado nacional, que surgió tras reclamos de varios gobernadores, preocupados por el estancamiento de proyectos esenciales.
Pymes en crisis
Por su parte, el presidente de la Confederación de Pymes Constructoras (CPC), Gerardo Fernández, recordó que recientemente se presentó ante la Comisión de Obras Públicas en el Congreso para plantear la crítica situación de las pequeñas y medianas empresas del sector. Dijo que las pymes se encuentran "en un estado prácticamente desesperante y al borde del cierre" debido a la falta de pago por obras ya realizadas y la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones. Sostuvo que en marzo, según datos del Indec, la construcción se derrumbó un 42% en comparación interanual, afectando a obras públicas y privadas.
Indicó que muchas empresas tuvieron que hacer frente a sus obligaciones fiscales sin haber recibido los pagos correspondientes por las obras, y además deben abonar entre tres y cinco millones de pesos en seguros y seguridad para mantener las obras paralizadas. Esta situación llevó a la pérdida de al menos 80.000 puestos de trabajo directos en el sector de la construcción, según la Unión Obrera de la Construcción (Uocra).
Para Fernández el panorama de la obra pública y privada es igualmente desalentador. Las inversiones y desarrollos inmobiliarios están detenidos a la espera de reglas más claras y mayor certidumbre, lo que ahoga aún más a las pequeñas y medianas empresas. Fernández acusó al gobierno nacional de incumplimiento de contratos vigentes al no pagar los certificados de obra realizados, lo que calificó como una "estafa contra la buena fe de las compañías".
La paralización de obras afectó a ingenieros y otros profesionales
El presidente del Colegio de Ingenieros de Jujuy, Sergio Aramayo, coincidió con Bellomo en que la paralización de las obras públicas afecta tanto a obreros como a profesionales del sector. Señaló que la recesión económica y la política de ajuste del gobierno nacional que tuvo la obra pública, repercutió en todo el país. "Según la Cámara Argentina de la Construcción, se han perdido 100.000 puestos de trabajo directos en el sector, lo que también ha impactado en la producción de materiales de construcción", afirmó.
"Negar la obra pública generalizando que es un antro de corrupción es privar a ciudadanos de tener una vivienda digna".
Aramayo recordó que el gobierno provincial mantuvo algunas obras dentro del Plan Plurianual 21-24, lo cual, junto con la actividad minera, atenuó el impacto de la decisión nacional en Jujuy. Sin embargo, criticó la idea de implementar esquemas de Participación Público Privada (PPP) para la infraestructura social, como escuelas y hospitales, que considera inviable y perjudicial para garantizar los derechos básicos de los ciudadanos. Dijo que ya se trató de implementar las PPP en la generación de infraestructura en el gobierno de Macri donde se presentaron 66 proyectos y sólo 2 tuvieron posibilidades de financiarse.
"Ahora la gran discusión es quién se hace cargo de la infraestructura social, las escuelas, los hospitales, los servicios de agua, de gas, las rutas. El dato más alarmante es que en Vialidad nacional no tienen para el combustible para ir a hacer las inspecciones de cómo están en las rutas nacionales", dijo. El desafío es definir cómo se financiarán y ejecutarán las obras que se traspasen a las provincias. Destacó también la importancia de la presencia del Estado en la regulación y ejecución de proyectos de infraestructura para asegurar derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos.
