En una sesión muy tensa, que incluyó graves incidentes en inmediaciones del Congreso, el Senado nacional aprobó en general la Ley Bases para disponer posteriormente el debate de la norma en particular, en donde había dudas sobre la suerte de algunos puntos.
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En una sesión muy tensa, que incluyó graves incidentes en inmediaciones del Congreso, el Senado nacional aprobó en general la Ley Bases para disponer posteriormente el debate de la norma en particular, en donde había dudas sobre la suerte de algunos puntos.
La votación terminó igualada en 36 y debió desempatar la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien inclinó la balanza en favor del oficialismo.
Para obtener definitivamente el apoyo de los bloques dialoguistas, el Gobierno aceptó ayer realizar diversas modificaciones.
Se mantendrán como empresas públicas Aerolíneas Argentinas, Correo Oficial y Radio y Televisión Pública, la moratoria previsional y activar las obras públicas que se realizaron hasta en un 80 por ciento, entre otros puntos.
En el caso de las privatizaciones totales no solo se le iban a caer la de Aerolíneas Argentinas y RTA sino las de Enarsa e Intercargo y en las de concesiones parciales se iba a estar imposibilitado de incorporar capital privado para Aysa, Trenes, Vialidad Nacional, y Belgrano Cargas.
De esta manera, el Gobierno solo podrá promover privatizaciones, concesiones o Programas de Propiedad Participada de Enarsa Intercambio, Aysa, Trenes, Vialidad Nacional, Belgrano Cargas, Nucleoeléctrica Argentina, y el complejo de Yacimientos Carboníferos Fiscales.
La moratoria
Otro punto donde el oficialismo debió ceder es en el tema jubilatorio, ya que se mantendrá la moratoria que permitía hacer un plan de pagos para comprar aportes para llegar hasta los 30 años, y se elimina el mecanismo para jubilarse cobrando una prestación proporcional menor al haber mínimo.
El Gobierno accedió a incluir un artículo para que se terminen las obras públicas que estuvieran ejecutadas en un 80 por ciento o que cuenten con financiamiento internacional para su concreción.
Fija que "en caso de que dichos contratos se hayan visto suspendidos, su ejecución se reanudará previo acuerdo firmado entre comitente o contratante y contratista, el que deberá ser aprobado por la autoridad competente en razón de la materia y deberá ser suscrito dentro de los 90 días de publicada la ley".
El oficialismo aceptó también incluir a otros organismos que no se podrán fusionar o eliminar como aquellos vinculados a la cultura, e incluir a la Comisión de Energía Atómica y establecer que se garantizará el financiamiento del Plan Nacional de Ciencia 2030.
En el caso del Rigi, la primera modificación apunta al artículo 165: ya no será para "cualquier sector", sino para "foresto industria, infraestructura, minería, energía y tecnología" que cumplan con los requisitos previstos.
En tanto, habrá un guiño extra para proveedores locales, ya que el compromiso para este caso será "como mínimo el 20% de la totalidad del monto de inversión", siempre y cuando "la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad". Dicho porcentaje mínimo deberá mantenerse durante las etapas de construcción y operación.
Otro retoque importante será en el artículo 196 –incentivos cambiarios–, que limita la obligación de liquidación en el mercado de cambios a las divisas que ingresen por exportaciones de productos que generen los proyectos.
