Desde hace varias semanas el conflicto entre las universidades y el Gobierno Nacional se encuentra como una meseta, no se percibe una solución, seguramente en algún instante tendrá un final.
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Desde hace varias semanas el conflicto entre las universidades y el Gobierno Nacional se encuentra como una meseta, no se percibe una solución, seguramente en algún instante tendrá un final.
El problema es el tiempo de espera, porque supuestamente las medidas de fuerza son para que el gobierno acepte la ley de financiamiento universitario aprobada por el Senado.
Por otra parte, el Gobierno Nacional ha demostrado no tener intención de revertir su posición. En este panorama la situación está muy complicada, particularmente para los estudiantes.
En una breve síntesis podemos decir que los conflictos en las universidades comienzan realmente, cuando por pedido de la oposición, el Senado nacional solicitó el tratamiento del financiamiento universitario con el objetivo del aumento presupuestario.
La sesión del Senado se concretó el 12 de septiembre aprobando el financiamiento universitario. El Gobierno Nacional a través del decreto 879/2024 publicado en el Boletín Oficial, vetó la ley de financiamiento y le comunica a la Cámara de Diputados.
La oposición en Diputados se unificó para pedir una sesión para el día 9 de octubre, con la idea de rechazar el veto.
ras marchas multitudinarias universitarias con apoyo de políticos, gremialistas y organizaciones sociales, la Cámara de Diputados no pudo revertir el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.
En la sesión especial el resultado terminó con159 diputados votaron a favor de insistir con el proyecto de ley, mientras que 85 votaron en contra y 5 se abstuvieron.
En esta nota, no es intensión analizar las cuestiones gremiales, políticas o financiamiento. La idea es reflexionar sobre la situación de los estudiantes porque se habla muy poco o nada de ellos, sin embargo las universidades existen por la asistencia de estudiantes.
Algunos dirán que los paros, tomas de facultades, rectorados se realizan finalmente en beneficio de los estudiantes. Es un tema discutible y en esta oportunidad no es intención polemizar.
Analizamos una situación más íntima del estudiantado. Miles de familias envían a sus hijos a estudiar, normalmente son a otras provincias o en la misma provincia deben trasladarse de un lugar a otro. Se supone que la gran mayoría de los padres envían a sus hijos a estudiar para tener un título profesional y no dedicarse a actividades por ejemplo políticas. Muchas familias deben pagar una habitación o departamento para sus hijos en el lugar de residencia y además deben gastar en comida, pasajes, elemento de estudio. Otros estarán casi festejando porque su hijo se recibe este año y tal vez también la satisfacción es porque ya no tienen que hacer los gastos que quizás con gran esfuerzo realiza. De pronto todo queda en suspenso con mezcla de frustración. Ahora, la pregunta sería ¿quién es responsable? y algunos dirán el Gobierno porque no cumple con las exigencias de las universidades o con el presupuesto requerido para su funcionamiento.
El Gobierno ha podido sostener las multitudinarias marchas y ha logrado sostener el veto al financiamiento en la Cámara de Diputados y además dijo que no modificará nada si eso significa alterar su plan económico. Por lo tanto, no parece que las tomas de facultades, rectorados y paros afecten en alguna medida al Gobierno, si esa es la intención.
En toda esta situación, las medidas de fuerza pareciera que solo perjudican a los estudiantes, particularmente a los de menores recursos económicos porque son los que mayores esfuerzos deben realizar.
Tal vez los gremios de docentes, no docentes y funcionarios de las universidades deben buscar otras estrategias para los reclamos, de modo que los estudiantes puedan continuar sus actividades en las aulas.
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