Trabajadores ferroviarios de Francia iniciaron ayer una serie de huelgas intermitentes que durará tres meses, lo cual supone un desafío mayor para el presidente Emmanuel Macron y su voluntad de reformar el país.
inicia sesión o regístrate.
Trabajadores ferroviarios de Francia iniciaron ayer una serie de huelgas intermitentes que durará tres meses, lo cual supone un desafío mayor para el presidente Emmanuel Macron y su voluntad de reformar el país.
La primera jornada de huelga es "masiva", afirmó este martes el sindicato CGT y perturba seriamente un sistema de transporte que usan a diario 4,5 millones de personas en este país. Cerca de un trabajador ferroviario de cada dos (48%) estaban en huelga y hasta más de tres de cada cuatro conductores (77%) cumplían con la medida de fuerza, estimó la dirección de la Sncf.
A media mañana, operaba solo un tren de alta velocidad (TGV) de cada ocho y un tren regional de cada cinco. El tráfico internacional también se vio afectado pero en menor medida, con tres de cuatro trenes Eurostar, que unen París- Londres, en funciones y una circulación prácticamente normal de los Thalys que viajan a Bélgica.
Sin embargo no habrá ningún tren con destino a España, Italia y Suiza.
Los recolectores de basura y los trabajadores del sector energético también cumplían una huelga para exigir un servicio público nacional.
Por su parte, los trabajadores de la compañía aérea Air France llevaban a cabo la cuarta jornada de huelga en un mes en reclamo de un aumento salarial de 6%.
Frente a esta serie de descontentos, especialmente la de los ferroviarios, "el gobierno resistirá" por la vía "de la escucha, la concertación y el diálogo", aseguró la ministra de Transporte Elisabeth Borne. "Entiendo que quieran defender su bistec, pero quizás existen otros medios de hacerlo", lamentaba Pascal Lasnier, empleado bancario de 44 años, que viaja frecuentemente entre la ciudad de Lille y París.
El reclamo
Los sindicatos de la compañía de ferrocarriles, la Snfc, protestan contra un proyecto del gobierno que quiere poner fin al estatuto de sus trabajadores que, al igual que el de la función pública, garantiza un empleo de por vida. Protestan también la apertura del servicio de ferrocarril a la competencia y la transformación de la empresa pública en sociedad anónima, lo que, según ellos, abre la vía a una futura privatización, algo que el gobierno niega.
