A dos días del referéndum de autodeterminación prohibido, los dirigentes independentistas de Cataluña aseguraron disponer de más de 2.300 colegios electorales y presentaron las urnas de la votación, comprometida ante las medidas del gobierno y de la justicia españoles para impedirlo.
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A dos días del referéndum de autodeterminación prohibido, los dirigentes independentistas de Cataluña aseguraron disponer de más de 2.300 colegios electorales y presentaron las urnas de la votación, comprometida ante las medidas del gobierno y de la justicia españoles para impedirlo.
Tras cinco años reclamando una consulta sobre la independencia de esta región de 7,5 millones de habitantes, rechazada repetidamente por el gobierno español de Rajoy, el presidente catalán Carles Puigdemont decidió llevarla a cabo desoyendo las prohibiciones judiciales.
En una rueda de prensa, el gobierno regional ofreció algunos detalles sobre la organización del escrutinio al que están llamados a votar 5,3 millones de ciudadanos de esta región que representa un 19% del PIB español.
"Al final habrán 2.315 colegios electorales", 207 de ellos en Barcelona, y 6.949 mesas de votación, señaló el portavoz Jordi Turull, una cifra muy similar a los 2.700 instalados en las elecciones regionales de 2015.
Algunos se instalarán en espacios poco habituales como centros sanitarios o, en contados casos, en plazas donde el gobierno regional prevé instalar carpas para efectuar la votación, explicó su portavoz.
Los dirigentes independentistas mostraron por primera vez las urnas que se utilizarán para el escrutinio, buscadas desde hace semanas por los cuerpos de seguridad: unas cajas de plástico transparente con una tapa negra y ranuras para introducir la papeleta.
Nada garantizado para la votación
“Lo que suceda el día 1 no será un referéndum”, señaló el portavoz del gobierno español Íñigo Méndez de Vigo, enumerando las numerosas carencias del escrutinio.
El organismo de supervisión electoral fue disuelto con sus miembros amenazados por multas de 12 mil euros diarios y el departamento encargado del recuento de votos fue registrado por la policía la semana anterior.
También la policía cerró las webs con información del voto, dificultando enormemente a los electores consultar su colegio electoral.
Además, una jueza, que investiga al gobierno regional por desobediencia, malversación y prevaricación, ordenó a las policías en la región el cierre de los diferentes espacios (escuelas, polideportivos e incluso centros sanitarios) designados como puntos de votación.
La policía regional catalana se mostró reticente a cumplir esta instrucción alegando el “más que previsible riesgo de alteraciones del orden público que se pueda derivar”.
Pero al frente del dispositivo de seguridad está el ministerio del Interior, que quiere hacer cumplir estas órdenes.
