La funcionaria confirmó que se trata de una red criminal llamada Pi Xiu, sobre la que pesan 132 denuncias y cuyos integrantes exigían entre 30.000 y 50.000 dólares a dueños de supermercados chinos para darles "protección".
En el marco de las extorsiones, al menos 17 comerciantes que se negaron a pagar fueron heridos a balazos en sus piernas por "gatilleros" que los atacaron en sus locales.
La operación que permitió desbaratar la organización constó de 22 allanamientos realizados en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires y en uno de ellos resultaron heridos a balazos durante un tiroteo dos efectivos de élite del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF).
La investigación se inició en diciembre del año pasado, cuando un comerciante chino del barrio porteño de Boedo denunció en la Comisaría 20 que había sido amenazado para pagar una suma de 150.000 pesos por parte de connacionales suyos para que su supermercado siguiera funcionando.
En la amenaza, le decían que si no pagaban podían "ser víctimas él o su familia de graves represalias", detallaron fuentes policiales.
En la misma denuncia, el hombre aportó el número de teléfono de un hombre llamado Ya Tou, que fue identificado como el mediador sugerido para agilizar el pago de dinero exigido.
A partir de ese momento, expertos de la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal (PFA) y la Justicia Federal iniciaron una pesquisa que logró determinar que detrás de esas amenazas se encontraba una""triada" (mafia china) conocida como "Pi Xiu", que en español significa "protección".
Entre los principales acusados de conformar la organización, además de Ya Tou que se encuentra prófugo, fueron detenidos el acusado de liderar la "triada", identificado como A Di y conocido como "Andi", y sus lugartenientes Wang Xi Ling y Ai Ru.
Durante la investigación, la Justicia ordenó intervenciones telefónicas, seguimiento de vehículos de forma encubierta, rastreos satelitales y la instalación de cámaras de seguimiento en los domicilios sospechosos, lo que, según las fuentes, permitió "delinear rutinas de movimiento y lugares de reunión" de los delincuentes.
La suma de estos elementos obtenidos indicó que las personas involucradas ejercían tareas de extorsión, intimidación y encargos de atentados.
Según las fuentes, los ataques no los cometían ciudadanos chinos, sino que contrataban a paraguayos, peruanos o argentinos con el fin de evitar la vinculación directa con los delitos.
"Contrataban sicarios para hacer parecer esto como si fuera un delito común, un robo, pero en realidad eran las mismas mafias que cobraban entre treinta y cincuenta mil dólares al año para mantenerles el negocio", dijo Bullrich.
Como resultado de los operativos fueron aprehendidas 40 personas, que quedaron detenidas y acusadas de extorsión, tenencia ilegítima de armas de fuego, lesiones, atentados y resistencia a la autoridad, entre otras causas.
Además, fueron secuestradas 14 armas de fuego y sus municiones, 149.000 pesos, 3700 dólares, cuatro vehículos, sustancias estupefacientes, celulares y documentación útil para los fines de la investigación.
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La funcionaria confirmó que se trata de una red criminal llamada Pi Xiu, sobre la que pesan 132 denuncias y cuyos integrantes exigían entre 30.000 y 50.000 dólares a dueños de supermercados chinos para darles "protección".
En el marco de las extorsiones, al menos 17 comerciantes que se negaron a pagar fueron heridos a balazos en sus piernas por "gatilleros" que los atacaron en sus locales.
La operación que permitió desbaratar la organización constó de 22 allanamientos realizados en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires y en uno de ellos resultaron heridos a balazos durante un tiroteo dos efectivos de élite del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF).
La investigación se inició en diciembre del año pasado, cuando un comerciante chino del barrio porteño de Boedo denunció en la Comisaría 20 que había sido amenazado para pagar una suma de 150.000 pesos por parte de connacionales suyos para que su supermercado siguiera funcionando.
En la amenaza, le decían que si no pagaban podían "ser víctimas él o su familia de graves represalias", detallaron fuentes policiales.
En la misma denuncia, el hombre aportó el número de teléfono de un hombre llamado Ya Tou, que fue identificado como el mediador sugerido para agilizar el pago de dinero exigido.
A partir de ese momento, expertos de la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal (PFA) y la Justicia Federal iniciaron una pesquisa que logró determinar que detrás de esas amenazas se encontraba una""triada" (mafia china) conocida como "Pi Xiu", que en español significa "protección".
Entre los principales acusados de conformar la organización, además de Ya Tou que se encuentra prófugo, fueron detenidos el acusado de liderar la "triada", identificado como A Di y conocido como "Andi", y sus lugartenientes Wang Xi Ling y Ai Ru.
Durante la investigación, la Justicia ordenó intervenciones telefónicas, seguimiento de vehículos de forma encubierta, rastreos satelitales y la instalación de cámaras de seguimiento en los domicilios sospechosos, lo que, según las fuentes, permitió "delinear rutinas de movimiento y lugares de reunión" de los delincuentes.
La suma de estos elementos obtenidos indicó que las personas involucradas ejercían tareas de extorsión, intimidación y encargos de atentados.
Según las fuentes, los ataques no los cometían ciudadanos chinos, sino que contrataban a paraguayos, peruanos o argentinos con el fin de evitar la vinculación directa con los delitos.
"Contrataban sicarios para hacer parecer esto como si fuera un delito común, un robo, pero en realidad eran las mismas mafias que cobraban entre treinta y cincuenta mil dólares al año para mantenerles el negocio", dijo Bullrich.
Como resultado de los operativos fueron aprehendidas 40 personas, que quedaron detenidas y acusadas de extorsión, tenencia ilegítima de armas de fuego, lesiones, atentados y resistencia a la autoridad, entre otras causas.
Además, fueron secuestradas 14 armas de fuego y sus municiones, 149.000 pesos, 3700 dólares, cuatro vehículos, sustancias estupefacientes, celulares y documentación útil para los fines de la investigación.
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