La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo está en condiciones de comenzar a debatir, desde esta semana, 3 decretos de Necesidad y Urgencia firmados por el presidente Mauricio Macri en las últimas semanas de diciembre, entre los que figuran una modificación a la Ley de Presupuesto 2016, la transferencia de las escuchas judiciales a la Corte Suprema y la suspensión de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal.
Sin embargo, aún no fue realizada ninguna convocatoria ya que la Comisión permanece acéfala debido a que oficialismo y oposición no lograron llegar a un acuerdo durante la última reunión de ese cuerpo, el martes 22 de diciembre, en la cual debían definirse sus autoridades.
El radicalismo proponía al formoseño Luis Naidenoff por dos años en tanto que el Frente para la Victoria, si bien estaba de acuerdo, pretendía que estuviera sólo un año al frente de la Comisión, mientras que durante el segundo año, hasta la renovación parlamentaria, le correspondería al camporista santafesino Marcos Cleri. Como la comisión está integrada por 8 kirchneristas y 8 radicales, peronistas disidentes y legisladores de Cambiemos, la situación se empantanó.
Presupuesto 2016, transferencia de escuchas a la Corte Suprema y suspensión del Código Procesal Penal, serán los temas a tratar.
Incluso, el Frente para la Victoria decidió firmar ese martes un dictamen en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica la Ley de Ministerios, pese a que horas antes algunos senadores kirchneristas habían deslizado la intención de otorgarle su visto bueno al documento en virtud de que es habitual que un gobierno reciente cambie algunos aspectos de esa norma.
Al no tener aún autoridades, es el secretario Parlamentario, Humberto Tunessi, el que debería convocar a las reuniones, algo que aún no fue comunicado. Sin embargo, esta semana la Bicameral podría abocarse, no solo a la elección de sus autoridades, sino al estudio de 3 DNU firmados por el presidente.
El martes 12 ya estará para ser dictaminado el DNU 211/15 que modifica el Presupuesto Nacional al derogar el artículo 52 que preveía la entrega de una nueva letra del Tesoro al Banco Central.
La operación consiste en rescatar letras intransferibles del activo del Banco Central a cambio de bonos de deuda pública que la entidad podrá colocar en el mercado de valores. Este canje supone un descuento de 15% de capital en favor del Tesoro.
Mientras que el jueves 14, sería el turno de los DNU 256/2015 y 257/2015. El primero transfiere el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia. En tanto, el otro, modifica el cronograma establecido por la Ley 27.150, aprobada el 10 de junio del 2015, que indicaba que el nuevo Código Procesal Penal de la Nación entraría en vigencia el 1 de marzo de 2016.
También suspende las partidas presupuestarias establecidas para la puesta en marcha del nuevo Código y la creación de nuevas estructuras, y prevé un "mecanismo progresivo de asignación de recursos para atender las erogaciones que demande la efectiva implementación".
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla
La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo está en condiciones de comenzar a debatir, desde esta semana, 3 decretos de Necesidad y Urgencia firmados por el presidente Mauricio Macri en las últimas semanas de diciembre, entre los que figuran una modificación a la Ley de Presupuesto 2016, la transferencia de las escuchas judiciales a la Corte Suprema y la suspensión de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal.
Sin embargo, aún no fue realizada ninguna convocatoria ya que la Comisión permanece acéfala debido a que oficialismo y oposición no lograron llegar a un acuerdo durante la última reunión de ese cuerpo, el martes 22 de diciembre, en la cual debían definirse sus autoridades.
El radicalismo proponía al formoseño Luis Naidenoff por dos años en tanto que el Frente para la Victoria, si bien estaba de acuerdo, pretendía que estuviera sólo un año al frente de la Comisión, mientras que durante el segundo año, hasta la renovación parlamentaria, le correspondería al camporista santafesino Marcos Cleri. Como la comisión está integrada por 8 kirchneristas y 8 radicales, peronistas disidentes y legisladores de Cambiemos, la situación se empantanó.
Presupuesto 2016, transferencia de escuchas a la Corte Suprema y suspensión del Código Procesal Penal, serán los temas a tratar.
Incluso, el Frente para la Victoria decidió firmar ese martes un dictamen en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica la Ley de Ministerios, pese a que horas antes algunos senadores kirchneristas habían deslizado la intención de otorgarle su visto bueno al documento en virtud de que es habitual que un gobierno reciente cambie algunos aspectos de esa norma.
Al no tener aún autoridades, es el secretario Parlamentario, Humberto Tunessi, el que debería convocar a las reuniones, algo que aún no fue comunicado. Sin embargo, esta semana la Bicameral podría abocarse, no solo a la elección de sus autoridades, sino al estudio de 3 DNU firmados por el presidente.
El martes 12 ya estará para ser dictaminado el DNU 211/15 que modifica el Presupuesto Nacional al derogar el artículo 52 que preveía la entrega de una nueva letra del Tesoro al Banco Central.
La operación consiste en rescatar letras intransferibles del activo del Banco Central a cambio de bonos de deuda pública que la entidad podrá colocar en el mercado de valores. Este canje supone un descuento de 15% de capital en favor del Tesoro.
Mientras que el jueves 14, sería el turno de los DNU 256/2015 y 257/2015. El primero transfiere el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia. En tanto, el otro, modifica el cronograma establecido por la Ley 27.150, aprobada el 10 de junio del 2015, que indicaba que el nuevo Código Procesal Penal de la Nación entraría en vigencia el 1 de marzo de 2016.
También suspende las partidas presupuestarias establecidas para la puesta en marcha del nuevo Código y la creación de nuevas estructuras, y prevé un "mecanismo progresivo de asignación de recursos para atender las erogaciones que demande la efectiva implementación".
PUBLICIDAD