Acuden a diputados por fraude electoral en el gremio de Adep

Referentes de la lista Bordó de Adep advirtieron que no van a claudicar en la lucha "contra aquellos que se burlaron de la voluntad de la docencia", mientras aguardan una respuesta de la justicia a la denuncia de fraude en las elecciones del pasado 3 de julio. En ese marco, entregaron documentación a los presidentes de los distintos bloques de diputados provinciales y la Comisión de Trabajo de la Legislatura.

"Fuimos víctimas en tres oportunidades de fraude en elecciones de Adep", destacaron Darío Abán y Silvia Vélez, candidatos a secretario general y apoderada respectivamente de la lista Bordó. En las notas mencionaron "los graves acontecimientos que sucedieron durante el proceso electoral del 3 de julio, que devinieron en la presunta configuración de un fraude electoral flagrante. Estos hechos irregulares tuvieron la participación de varias personas para ser ejecutados, cuestión que no nos sorprende dado los precedentes similares en elecciones anteriores. Recordamos que la anterior elección del mes de diciembre del 2013 fue anulada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero, lo que nos llama poderosamente la atención es que en esta oportunidad y por información que obra en nuestro poder existiría la participación de personal policial de la provincia y funcionario del Ejecutivo Provincial".

Agregaron que "de acuerdo a nuestros certificados de escrutinio firmados por los presidentes de mesa los resultados fueron más que contundentes a favor de la lista que representamos, siendo repudiada por la docencia en general esta actitud de pretender ejercer de facto la conducción de nuestro gremio, todas estas cuestiones de ilegalidad se encuentran planteadas ante la autoridad de aplicación nacional, mediante pedidos de nulidades expediente 1-210-177134-2014, es decir que, las supuestas actuales autoridades de Adep se encuentran cuestionadas por aberrantes anormalidades cometidas antes, durante y posterior a la elección y sin la certificación de mandatos correspondiente, expedido por el Ministerio de Trabajo de la Nación". Abán y Vélez también subrayaron que el principal interés pasaba por informar a los legisladores que habían presentado una denuncia penal ante el fiscal de control de turno, promoviendo que investigue un hecho más que curioso. Puntualmente mencionaron que el 4 de julio, una mujer se presentó en la Regional 4 de Policía de Libertador General San Martín y esgrimiendo que tenía autorización de un alto funcionario, retiró 33 urnas pertenecientes a las mesas constituidas para las elecciones de Adep. Además quieren que se investigue "al comisario a cargo de la Regional señaladas si recibió órdenes superiores para entregar las urnas, según sus propias expresiones, por qué razón se autorizó al personal policial de la Regional 1 de San Salvador de Jujuy a recepcionar esas 33 urnas cinco horas más tarde; que investigue por qué razón la policía de la provincia perdió la cadena de custodia de las urnas mencionadas, y en caso de determinarse responsabilidad por acción u omisión de estas personas se imputen los delitos que corresponden. Que más allá de la denuncia formulada y su valoración investigativa, nos encontramos convencidos que todas las operaciones fraudulentas llevadas a cabo para cambiar la voluntad expresada por los docentes, no hubiera sido posible sin la participación de personas claves para brindar la seguridad suficiente y necesaria en un acto de esta naturaleza", enfatizaron.

Referentes de la lista Bordó de Adep advirtieron que no van a claudicar en la lucha "contra aquellos que se burlaron de la voluntad de la docencia", mientras aguardan una respuesta de la justicia a la denuncia de fraude en las elecciones del pasado 3 de julio. En ese marco, entregaron documentación a los presidentes de los distintos bloques de diputados provinciales y la Comisión de Trabajo de la Legislatura.

"Fuimos víctimas en tres oportunidades de fraude en elecciones de Adep", destacaron Darío Abán y Silvia Vélez, candidatos a secretario general y apoderada respectivamente de la lista Bordó. En las notas mencionaron "los graves acontecimientos que sucedieron durante el proceso electoral del 3 de julio, que devinieron en la presunta configuración de un fraude electoral flagrante. Estos hechos irregulares tuvieron la participación de varias personas para ser ejecutados, cuestión que no nos sorprende dado los precedentes similares en elecciones anteriores. Recordamos que la anterior elección del mes de diciembre del 2013 fue anulada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero, lo que nos llama poderosamente la atención es que en esta oportunidad y por información que obra en nuestro poder existiría la participación de personal policial de la provincia y funcionario del Ejecutivo Provincial".

Agregaron que "de acuerdo a nuestros certificados de escrutinio firmados por los presidentes de mesa los resultados fueron más que contundentes a favor de la lista que representamos, siendo repudiada por la docencia en general esta actitud de pretender ejercer de facto la conducción de nuestro gremio, todas estas cuestiones de ilegalidad se encuentran planteadas ante la autoridad de aplicación nacional, mediante pedidos de nulidades expediente 1-210-177134-2014, es decir que, las supuestas actuales autoridades de Adep se encuentran cuestionadas por aberrantes anormalidades cometidas antes, durante y posterior a la elección y sin la certificación de mandatos correspondiente, expedido por el Ministerio de Trabajo de la Nación". Abán y Vélez también subrayaron que el principal interés pasaba por informar a los legisladores que habían presentado una denuncia penal ante el fiscal de control de turno, promoviendo que investigue un hecho más que curioso. Puntualmente mencionaron que el 4 de julio, una mujer se presentó en la Regional 4 de Policía de Libertador General San Martín y esgrimiendo que tenía autorización de un alto funcionario, retiró 33 urnas pertenecientes a las mesas constituidas para las elecciones de Adep. Además quieren que se investigue "al comisario a cargo de la Regional señaladas si recibió órdenes superiores para entregar las urnas, según sus propias expresiones, por qué razón se autorizó al personal policial de la Regional 1 de San Salvador de Jujuy a recepcionar esas 33 urnas cinco horas más tarde; que investigue por qué razón la policía de la provincia perdió la cadena de custodia de las urnas mencionadas, y en caso de determinarse responsabilidad por acción u omisión de estas personas se imputen los delitos que corresponden. Que más allá de la denuncia formulada y su valoración investigativa, nos encontramos convencidos que todas las operaciones fraudulentas llevadas a cabo para cambiar la voluntad expresada por los docentes, no hubiera sido posible sin la participación de personas claves para brindar la seguridad suficiente y necesaria en un acto de esta naturaleza", enfatizaron.