El fiscal federal Carlos Stornelli amplió la acusación contra las petroleras que exploran hidrocarburos cerca de las Islas Malvinas sin autorización argentina. En su presentación, incorporó a Rockhopper Exploration PLC, sus subsidiarias Rockhopper Exploration (Oil) Limited y Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, y a Navitas Petroleum Development and Production Limited.
Estas compañías se suman a Desire Petroleum Limited, que ya había sido imputada al inicio de la causa. La investigación busca determinar si las actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental próxima a las islas también podrían configurar delitos ambientales, infracciones aduaneras y lavado de activos.
Exhortos a Reino Unido e Israel
Stornelli solicitó que se remitan exhortos al Reino Unido y a Israel para conocer la composición societaria de las empresas y verificar posibles vínculos comerciales con intereses británicos.
El caso se originó en una denuncia del canciller Pablo Quirno contra las compañías, sus sociedades vinculadas y las personas físicas que hubieran intervenido en su nombre o beneficio. El expediente quedó a cargo del Juzgado Federal N° 11, subrogado por Ariel Lijo.
Antecedentes y marco legal
Los antecedentes administrativos se remontan a mayo de 2012, cuando la Secretaría de Energía dictó la Resolución 130, que declaró ilegales las actividades atribuidas a Desire Petroleum en la plataforma continental. Un año después, la Resolución 457/2013 inhabilitó a la compañía por 20 años para operar en el país.
La hipótesis fiscal sostiene que, pese a esas resoluciones y a cambios en su estructura societaria, la empresa habría continuado utilizando permisos de exploración y explotación en la zona. Según el requerimiento, las conductas denunciadas podrían encuadrarse en los delitos previstos por la Ley 26.659, que contempla penas de 5 a 10 años de prisión para la exploración no autorizada y de 10 a 15 años para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos.
La norma también alcanza a directores, gerentes, administradores y representantes que hayan intervenido en nombre o beneficio de una persona jurídica. El expediente se enmarca en las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei el 3 de septiembre, cuando anticipó acciones diplomáticas, económicas y judiciales por la cuestión Malvinas. En paralelo, el Reino Unido ratificó su política comercial en las islas y calificó de "inaceptables" las sanciones impulsadas por Argentina.
