El Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de la emergencia pública declarada por la Ley N° 27.742, ha dispuesto una drástica reestructuración de organismos estatales vinculados al transporte. La medida, oficializada hoy, incluye la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, además de una profunda reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Junta de Seguridad en el Transporte.
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El Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de la emergencia pública declarada por la Ley N° 27.742, ha dispuesto una drástica reestructuración de organismos estatales vinculados al transporte. La medida, oficializada hoy, incluye la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, además de una profunda reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Junta de Seguridad en el Transporte.
El paquete de medidas busca optimizar el uso de recursos públicos y mejorar la eficiencia de la administración, argumentando el sobredimensionamiento de la estructura estatal y la necesidad de reducir el déficit.
Un Achicamiento del Estado con Reasignación de Funciones
La decisión, que se venía gestando tras informes técnicos que señalaban un elevado número de unidades organizativas y autoridades superiores, así como un incremento sustancial en la dotación de personal de los organismos descentralizados, impacta directamente en áreas clave de la infraestructura y seguridad del país.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), organismo autárquico con competencias en el sistema troncal de caminos nacionales desde 1958, será disuelta. Sus funciones esenciales, como la planificación de la infraestructura vial, la elaboración de pliegos y la fiscalización de concesiones, serán reasignadas a unidades organizativas dentro del Ministerio de Economía, puntualmente a la Secretaría de Transporte. El Gobierno argumenta que la estructura actual de Vialidad no se ajusta a las necesidades de gestión, generando altos costos operativos y falta de agilidad. Se destaca que gran parte de las tareas viales ya son realizadas por contratistas privados, y se infiere que la transferencia al sector privado podría generar ahorros significativos.
De igual manera, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial también será disuelta. Sus responsabilidades pasarán a la Subsecretaría de Transporte Automotor del Ministerio de Economía, buscando una gestión más ágil y una reducción de la carga administrativa.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), creada para reducir la siniestralidad, seguirá el mismo camino de disolución. Sus competencias se transferirán mayoritariamente a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, con una excepción importante: el control de las rutas nacionales, incluyendo la constatación de infracciones de tránsito, quedará exclusivamente a cargo de la Gendarmería Nacional Argentina. El Gobierno justifica esta decisión en la capacidad operativa de la Gendarmería y la búsqueda de racionalización del gasto.
Una Nueva Agencia de Control y Reenfoque en la Investigación Aérea
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) no será disuelta, sino reorganizada y renombrada como "Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte". Este nuevo organismo descentralizado y autárquico asumirá funciones ampliadas de fiscalización y control de las concesiones viales (anteriormente de Vialidad Nacional), así como las ya existentes sobre el transporte automotor y ferroviario. Además, se le asignará la facultad de intervenir en la investigación de accidentes e incidentes ferroviarios, buscando unificar el control y la fiscalización en un mismo ente.
Por otro lado, la Junta de Seguridad en el Transporte será reorganizada para circunscribir sus funciones a la investigación de accidentes e incidentes aeronáuticos civiles. La investigación de sucesos automotores y la elaboración de estadísticas en este ámbito pasarán a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, mientras que la competencia en accidentes ferroviarios será asumida por la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. La reorientación de la Junta busca cumplir con estándares técnicos y normativos internacionales para la investigación aérea. En consecuencia, pasará a denominarse "Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación".
El Poder Ejecutivo Nacional subraya que estas medidas se toman en ejercicio de las facultades delegadas por el Congreso en la Ley de Bases, buscando una administración pública transparente, ágil, eficiente y con un control interno efectivo, que garantice la transparencia en las finanzas públicas. Las modificaciones presupuestarias y la gestión de los activos y pasivos de los organismos disueltos serán tramitadas por el Ministerio de Economía.
