La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo (CATyRC) de la Ciudad de Buenos Aires resolvió este miércoles rechazar in limine un amparo presentado por representantes de la CGT, UTEP y otras organizaciones sociales, que buscaban impedir la intervención de fuerzas federales en las manifestaciones que se realizan dentro del ámbito porteño.
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La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo (CATyRC) de la Ciudad de Buenos Aires resolvió este miércoles rechazar in limine un amparo presentado por representantes de la CGT, UTEP y otras organizaciones sociales, que buscaban impedir la intervención de fuerzas federales en las manifestaciones que se realizan dentro del ámbito porteño.
De esta manera, la Cámara le dio la razón al Gobierno de la Ciudad, al considerar que no existía una omisión comprobable por parte del Ejecutivo local en sus deberes de seguridad.
La resolución se dictó luego de que el gobierno porteño apelara un fallo del juez Roberto Andrés Gallardo, quien en primera instancia había hecho lugar parcialmente a una medida cautelar que ordenaba al Ejecutivo porteño asumir de forma exclusiva la coordinación del operativo de seguridad previsto para la movilización de este miércoles, y al Estado Nacional a abstenerse de intervenir más allá de los límites legales vinculados a la protección de "objetivos federales".
La Cámara, integrada por los jueces Pablo Mántaras y Fabiana Schafrik, argumentó que el fuero local no tiene competencia para pronunciarse sobre el accionar de fuerzas federales ni sobre la aplicación de normas nacionales como la Ley de Seguridad Interior y sus reglamentaciones.
Además, los magistrados mencionaron la existencia de un expediente anterior con objeto similar —”Red Federal de Derechos Humanos c/ GCBA”— como uno de los motivos que justifican el archivo de la causa.
Con este fallo, la Cámara le dio la razón al Gobierno de la Ciudad al considerar que no existió una omisión comprobable en sus responsabilidades de seguridad. Según el tribunal, la presentación de los amparistas excedía la competencia del fuero contencioso administrativo porteño.
No obstante, los jueces dejaron abierta la posibilidad de que los demandantes reformulen su planteo ante la justicia federal.