En un fallo histórico, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó ayer la sentencia de primera instancia del juicio por la expropiación de YPF y, de esta manera, la Argentina se evita de pagar más de US$16.100 millones. Además, confirmó que YPF fue exculpada de responsabilidad durante el proceso de estatización.
El tribunal de apelaciones determinó que en primera instancia se interpretó erróneamente la ley argentina y que debe ser revisado, un argumento que había planteado la defensa del Estado argentino en la audiencia judicial celebrada el pasado octubre.
Los fondos demandantes tienen una última posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de EEUU. Sin embargo, según advierten abogados que siguen de cerca el caso, es poco probable que el máximo tribunal acepte revisar el expediente.
El proceso del juicio por la expropiación de YPF comenzó en 2015 y tuvo un fallo adverso en primera instancia para el Estado argentino en 2023, cuando la Justicia estadounidense lo condenó a pagar una indemnización superior a los US$16.100 millones más intereses, equivalente al 45% del presupuesto nacional.
La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, determinó que el Estado argentino violó el estatuto de YPF durante la estatización de 2012, al no respetar los derechos de los accionistas minoritarios, entre ellos Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park. En consecuencia, ordenó al país pagar la compensación correspondiente, aunque eximió de responsabilidad a la petrolera.
Todas las partes apelaron el fallo y, en octubre de 2025, se llevó a cabo la audiencia de 96 minutos en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, en la que los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson escucharon los argumentos de los abogados del Estado argentino, de YPF y de los fondos Eton Park y Burford -que adquirió los derechos para litigar contra el país tras la quiebra de las empresas Petersen-.
De los tres jueces, Cabranes votó en contra de la Argentina y respaldó la decisión de Preska, pero Chin y Robinson fallaron a favor, dijeron que el foro correcto para tratar el caso era Nueva York, pero que la jueza en primera instancia había interpretado incorrectamente la ley argentina y cómo se aplicaba.
En la apelación, la defensa argentina había presentado varios argumentos con el objetivo de revertir la sentencia. El primero de ellos -que fue planteado por tercera vez ante la Justicia estadounidense- sostenía que el juicio debió tramitarse en la Argentina. Ese argumento ya había sido presentado durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, y ahora volvió a ser central bajo la administración de Milei, que lo consideraba la vía más sólida para revertir el fallo de primera instancia.
Según la defensa, correspondía que un tribunal argentino determine qué norma tiene mayor jerarquía: la ley de expropiación o el estatuto de la compañía, que obliga a quien adquiere más del 15% de las acciones a lanzar una oferta pública.