La audiencia pública por la modificación de la ley de Glaciares comenzó con un pedido de impugnación de parte de legisladores de la oposición aduciendo que no se cumple con la ley que habilita la ponencia de la sociedad civil y de las organizaciones de la sociedad civil en la Cámara de Diputados. Además, el abogado ambientalista Enrique Viale anunció que presentará una denuncia contra la senadora salteña Flavia Royon por conflicto de intereses ya que votó a favor de la ley de Glaciares y tiene una consultora sobre minería.
El reclamo que lleva la firma de los diputados María Inés Zigarán, Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías se presentó en la previa sosteniendo que las audiencias resultan "inválida por las graves irregularidades en la metodología adoptada para su desarrollo, las cuales restringen de manera ilegítima la participación ciudadana y vulneran el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, en particular el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566)".
La presentación que se realizó al presidente de la Cámara, Martín Menem, obtuvo respuesta del diputado de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, quien, al principio, señaló que "un grupo de diputados presentó una impugnación. Esta impugnación se le dará curso por los canales administrativos. Las presentaciones judiciales fueron todas rechazadas. La justicia federal de misiones dijo que el procedimiento es válido. Las medidas cautelares todas fueron rechazadas. La impugnación no la voy a leer y tampoco los fallos judiciales".
No existe un canal administrativo al respecto, por lo que esto generó el primer conflicto del día.
El segundo fue el plazo. Mientras el plenario de comisión había definido que las exposiciones iban a ser de 5 minutos, los que ayer pudieron ingresar se encontraron con que el plazo para exponer era de 4 minutos, lo que generó el reclamo de parte de los expositores y los diputados de la oposición.
Mientras iban exponiendo los autorizados a ingresar -se anotaron más de 120.000 expositores y sólo se aceptó la presencia de 200-, mientras transcurría la primera hora de la audiencia diputados del peronismo frenaron la audiencia para reclamar que la seguridad de la Casa no dejaba ingresar a los expositores. Luego de varios minutos de discusión, el diputado Mayoraz tuvo que retirarse del recinto para ir junto a los legisladores de Unión por la Patria a habilitar el ingreso de aquellos que estaban anotados para exponer.
La mayoría de los expositores, que se oponen a la modificación de la norma, hicieron referencia a la restricción a la audiencia de los más de 120.000 inscriptos y anunciaron -en casi todos los pasos- que buscarán impugnar judicialmente la iniciativa. En buena parte, apuntaron contra los diputados del oficialismo a quienes acusaron en repetidas veces de "reírse" de las exposiciones.
Entre medio de tantos discursos en los que se fueron señalando las razones por las cuales no se debía modificar la ley de Glaciares -a favor del cuidado del agua y que "sólo 12 provincias definan sobre la totalidad del agua de los argentinos"-, sólo el ministro de producción de San Juan apoyó el proyecto de LLA.
