La reforma de la ley de glaciares desembarca hoy en Diputados envuelta en polémica. Las audiencias públicas, para las que se anotaron más de 100 mil inscriptos, arrancarán bajo un esquema acotado: el oficialismo dispuso que solo habrá 400 oradores (0,4%), 200 de ellos lo harán hoy de forma presencial y los otros 200 mañana de forma virtual.
El recorte activó la reacción de organizaciones socioambientales, que convocaron a una protesta con una consigna directa: "Hacer fila hasta que nos dejen hablar". La cita será a las 17, frente al Congreso.
Adhirieron a la movilización diferentes espacios de la oposición, como parte del PJ, la Izquierda, la Coalición Cívica y un sector del radicalismo. También, representantes de pueblos originarios, organizaciones campesinas y trabajadores de la economía popular, cuya participación fue coordinada por el espacio Patria Grande, del diputado Juan Grabois.
La convocatoria está nucleada en la denominada campaña "La Ley de Glaciares No Se Toca", que reúne a movimientos socioambientales de las provincias y la Ciudad.
El debate por los ajustes en la ley de glaciares se dará en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, a cargo de los libertarios Nicolás Mayoraz (Santa Fe) y José Peluc (San Juan), respectivamente. Las audiencias públicas son el paso previo a que los legisladores debatan el detalle de la reforma en comisiones. El último filtro es el recinto.
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo ya cuenta con media sanción del Senado, aprobado por 40 votos afirmativos, 31 rechazos y una abstención. La iniciativa contó en esa ocasión con el apoyo de ocho radicales, un referente de Pro, los aliados provinciales de Javier Milei y dos referentes del PJ: Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan). Es decir, fracturó a la oposición, algo que podría volver a ocurrir en este nuevo debate. A diferencia de Diputados, en el Senado no se realizaron audiencias públicas para escuchar a la ciudadanía.
Para administrar los tiempos de discusión, Mayoraz y Peluc definieron dos audiencias públicas: una presencial este miércoles y otra virtual al día siguiente. Ambas con nueve horas de debate, desde las 10 hasta las 19. Habrá casi 200 oradores por jornada, sólo aquellos que "se encuentren dentro de los primeros inscriptos de cada jurisdicción". Al resto, señalaron en el oficialismo, se les informó que no vayan. Argumentaron que este procedimiento "garantizará la participación de representantes de las 24 jurisdicciones del país, asegurando una adecuada participación federal".
Para el resto de los anotados, los libertarios definieron que podrán enviar un escrito o video de no más de cinco minutos a través del canal de Youtube de la Cámara de Diputados. "Las presentaciones en video quedarán registradas para su registro permanente", aseguraron Peluc y Mayoraz.
Esta dinámica enfureció a la oposición y a las organizaciones socioambientales, que reclamaron ampliar las jornadas de discusión. Pero el oficialismo se negó a modificar su esquema.
Una medida cautelar fue impulsada el jueves en la Justicia por organizaciones ambientalistas para "readecuar el cronograma" de las audiencias para garantizar la participación "oral y efectiva" de todas las personas inscriptas. Subraya que el Congreso "se abstenga de implementar mecanismos incompatibles con los estándares más elementales de participación pública".
Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, cargó contra el oficialismo por el manejo de la audiencia pública: "Nos preocupa el manoseo de la democracia. Miles de personas se inscribieron, dejaron sus datos y estaban dispuestas a participar, pero de forma arbitraria los presidentes de comisión y Martín Menem resolvieron elegir a dedo a apenas 400 expositores".