Un juez federal de Estados Unidos bloqueó ayer una serie de restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump a la inmigración legal tras el tiroteo del año pasado perpetrado por un inmigrante afgano, en el que murieron dos miembros de la Guardia Nacional, Sarah Beckstrom y Andrew Wolfe.
El juez de distrito de Rhode Island, John McConnell, afirmó que las restricciones impuestas a las solicitudes de asilo, permisos de trabajo y ciudadanía de nacionales de 39 países eran ilegales.
"Desde entonces, a las personas de estos países se les ha impedido categóricamente obtener decisiones definitivas relativas, entre otras cosas, a sus solicitudes de asilo, permisos de trabajo, tarjeta de residencia permanente o naturalización", subrayó el juez.
"Al promulgar sus más recientes políticas migratorias, el Uscis (Servicios de Ciudadanía e Inmigración) se atribuye una autoridad estatutaria y reglamentaria que no posee; toma decisiones sin las explicaciones razonadas que debe proporcionar; actúa sin considerar los intereses de confianza de los solicitantes que debe tener en cuenta; y justifica sus acciones con preocupaciones pretextuales de 'seguridad nacional' que encubren sentimientos antiinmigrantes cuya influencia en su toma de decisiones tiene prohibido permitir", escribió McConnell.
"En términos legales, eso significa que las acciones del Uscis son contrarias a la ley y arbitrarias y caprichosas", agregó el juez en su fallo.
Citó una publicación de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. En diciembre, Noem afirmó en X haber recomendado al presidente Donald Trump "una prohibición total de viajes para cada maldito país que ha inundado" Estados Unidos "con asesinos, sanguijuelas y adictos que se creen con derecho a todo".
Esa recomendación se aplicó de inmediato, y las solicitudes de tarjetas de residencia -la famosa "green card"- o de naturalización quedaron suspendidas para personas de 19 de los países más pobres del mundo.
Doce de esos países ya enfrentaban una prohibición de entrada en territorio estadounidense desde junio de 2025: Afganistán, Birmania, Chad, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
A ellos se sumaban otros siete (Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela) sometidos desde la misma fecha a restricciones en la expedición de visados.
Veinte países fueron añadidos posteriormente a la lista en diciembre de 2025.
En su moción para desestimar, que el tribunal denegó, el gobierno norteamericano había argumentado que el Congreso le otorgó al Poder Ejecutivo una amplia autoridad sobre la política migratoria.
