El debate por la interpretación del Estatuto de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) continúa generando fuertes repercusiones dentro y fuera de la comunidad académica. Vicente Costa, ingeniero y egresado de la Unju, es uno de los principales impulsores de las acciones judiciales vinculadas a este análisis que podría habilitar mecanismos de continuidad funcional prolongada.
Costa precisó que llevó el tema ante la Justicia Federal al considerar que la interpretación realizada sobre los artículos 40 y 44 del Estatuto podría abrir la puerta a mecanismos de continuidad funcional incompatibles con el espíritu republicano que inspiró la reforma estatutaria impulsada durante la gestión del exrector Rodolfo Tecchi.
"Obviamente, el haber llevado esto a la Justicia demuestra que estoy preocupado", expresó. Y recordó que formó parte del proyecto universitario iniciado en 2014, el cual -según explicó- tenía tres pilares fundamentales: profundizar la democracia y el republicanismo dentro de la universidad, expandir territorialmente la institución en toda la provincia y fortalecer la participación de la Unju en la vida sociopolítica y cultural de Jujuy.
En ese sentido, sostuvo que durante los primeros años de gestión esos objetivos comenzaron a concretarse con la apertura de nuevas sedes, especialmente la de San Pedro, considerada una "reivindicación histórica", además de la reforma estatutaria y la creación del Consejo Económico y Social dentro de la universidad.
Sus planteos sobre institucionalidad y alternancia democrática también fueron retomados recientemente por medios especializados en política universitaria, donde advirtió que "las instituciones comienzan a erosionarse cuando las reglas dejan de ser un límite".
Sin embargo, señaló que la reciente interpretación impulsada por el rectorado a cargo de Mario Bonillo encendió señales de alarma.
"Lo que me llamó poderosamente la atención es cómo se sucedieron los hechos. Esto iba más allá de la interpretación de dos artículos del estatuto", afirmó.
Según explicó, el actual rector -quien aún se encontraba habilitado para una reelección- promovió sobre tablas en una sesión del Consejo Superior la interpretación de los artículos cuestionados "sin una necesidad institucional concreta".
"En los sistemas republicanos, las interpretaciones expansivas de las reglas electorales exigen máxima prudencia institucional", remarcó.
Para Costa, el problema no se limita únicamente a una cuestión jurídica, sino también política e institucional. Consideró que este tipo de decisiones generan incertidumbre institucional y afectan la confianza en las universidades.
"Yo me pregunto: ¿tenía necesidad de hacer eso? Entonces, ¿qué perseguía? ¿No atentaba contra los principios democráticos y republicanos que nosotros mismos incorporamos en la reforma del estatuto?", cuestionó.
El profesional indicó que la situación hubiese sido distinta si la consulta hubiera surgido desde sectores que consideraban afectados sus derechos políticos, como algunos decanos que aspiraban a competir electoralmente. Sin embargo, afirmó que la interpretación fue impulsada "anticipadamente" desde el propio oficialismo universitario.
"La interpretación abre la posibilidad de alternancias sucesivas dentro de una misma estructura política, debilitando en los hechos el principio de alternancia", sostuvo.
Costa remarcó además que, dentro de la lógica institucional de la universidad, rector y vicerrector constituyen una "unidad política de gobierno" y no una simple suma de personas.
"Cuando se elige rector y vicerrector, se elige una fórmula de gobierno. Y lo que se rompe acá es justamente esa unidad política", afirmó.
A partir de esta interpretación, explicó que podría darse una dinámica donde una misma estructura política continúe alternando cargos dentro del espacio de conducción durante períodos prolongados.
"Ese es el riesgo que se genera cuando las reglas dejan de funcionar como límite y pasan a convertirse en herramienta", alertó.
Respecto a las estructuras políticas de baja alternancia, señaló que "ya hay facultades donde una misma conducción podría alcanzar doce años continuos de permanencia", y mencionó los casos de las facultades de Agrarias e Ingeniería.
Para Costa, este escenario representa un hecho institucionalmente delicado dentro de la vida universitaria y merece una reflexión más amplia de toda la sociedad jujeña. "La universidad no es solamente un lugar donde uno va a instruirse; también es un espacio donde se aprenden prácticas institucionales observando conductas y formas de ejercicio del poder", expresó.
Seguidamente, Costa explicó que "la sucesión es elegir a la persona más adecuada para continuar un proyecto. Lo otro es otra cosa", indicó, dejando entrever cuestionamientos sobre la construcción de liderazgos cerrados dentro de la universidad.
También consideró especialmente grave que la modificación interpretativa se haya producido en pleno proceso electoral universitario y después del lanzamiento de candidaturas. "Vos lanzás una fórmula y luego realizás una interpretación que modifica el escenario de competencia. El problema no es solamente interpretar el estatuto, sino hacerlo con efectos inmediatos sobre un proceso electoral ya configurado, en lugar de otorgarle carácter prospectivo para futuras elecciones", cuestionó.
En esa línea, sostuvo que si la interpretación se hubiese aprobado para regir recién en futuras elecciones, todos los actores políticos hubieran conocido previamente las condiciones de competencia. "Acá se modificó el marco interpretativo con la elección ya en marcha. Eso debilita las instituciones", insistió.
Finalmente, aclaró que, sin desconocer que la decisión del Consejo Superior pueda tener legalidad formal -cuestión que justamente ha llevado a discusión ante la Justicia Federal-, ello no impide poner en debate su legitimidad política e institucional.
"Hay decisiones que pueden ser formalmente legales y, aun así, generar un fuerte cuestionamiento institucional cuando afectan la confianza en las reglas y en la igualdad de competencia", sostuvo.
Finalmente, expresó expectativas en torno a la resolución judicial presentada y pidió que el debate permita preservar los principios republicanos en la universidad.
"Ojalá la Justicia resuelva la cuestión de fondo para que este aspecto de la vida institucional de Jujuy no salga del molde del republicanismo y de las buenas prácticas democráticas", concluyó.
Una discusión que excede a la universidad
El conflicto abierto en la Unju ya no aparece solamente como una disputa interna entre sectores universitarios. Para muchos actores sociales y académicos, el debate expone una discusión más profunda sobre la calidad institucional, los límites del poder y la necesidad de garantizar alternancia.
La posibilidad de habilitar mecanismos de continuidad funcional prolongada en cargos de conducción genera preocupación porque instala la idea de que las reglas pueden reinterpretarse según la conveniencia política del momento. Y cuando eso ocurre en una universidad pública -uno de los ámbitos históricamente asociados a la formación democrática, el pensamiento crítico y la construcción de ciudadanía- el impacto trasciende lo académico.
En una provincia como Jujuy, donde gran parte de la sociedad viene manifestando desconfianza hacia las instituciones políticas, judiciales y dirigenciales, este tipo de decisiones puede profundizar aún más el descreimiento colectivo. La universidad, lejos de ser un espacio aislado, funciona como un espejo institucional para miles de jóvenes que aprenden no sólo contenidos, sino también valores democráticos y convivencia.
Por eso, distintos sectores advierten que naturalizar prácticas orientadas a flexibilizar límites institucionales o consolidar continuidades prolongadas puede terminar debilitando la credibilidad de una de las instituciones más importantes de la provincia. Y cuando se erosiona la confianza social en la universidad pública, también se resiente una parte fundamental del tejido democrático.
