En el marco de la reciente ola de amenazas registradas en establecimientos a nivel nacional, la Justicia de Salta dispuso una serie de medidas socioeducativas para uno de los alumnos implicados en el envío de mensajes de intimidación pública.
La resolución fue dictada por el juez en lo Penal Juvenil y de Garantías N°3, Hugo Alejandro Fernández Esteban, durante una audiencia flexible y multipropósito. En ese contexto, el magistrado hizo lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado por la fiscal Penal Juvenil N°2, Carolina Hernández.
Del acto participaron además el defensor oficial Penal Juvenil N°2, Adolfo Sánchez Alegre; la asesora de Incapaces N°3, María Gabriela Cardón; y la madre del adolescente.
Entre las obligaciones impuestas, el joven deberá realizar disculpas públicas dirigidas a las autoridades del establecimiento educativo en sus tres turnos. Asimismo, como medida de carácter pedagógico, tendrá que relatar ante sus compañeros la experiencia vivida y las consecuencias de su detención, para lo cual la institución deberá organizar la logística correspondiente.
En concepto de reparación del daño, se dispuso que la familia del adolescente realice una donación mensual de una suma fija al Instituto Especializado de Alojamiento N°1.
Además, el juez ordenó que el joven se someta a tratamiento psicológico durante un año. En ese período, deberá acreditar buena conducta y abstenerse del consumo de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas.
Al finalizar la audiencia, el magistrado dispuso su inmediata libertad, quedando bajo la responsabilidad legal de su madre.