La Universidad Nacional de Jujuy (Unju) se ubica entre las 10 universidades con menor índice de Transparencia del Sector Público del país, según un informe publicado por la Dirección Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia del Gobierno nacional, quien evaluó indicadores de gestión, acceso a la información y administración de recursos públicos durante el ejercicio 2025.
Es así que la institución conducida por el rector Mario Bonillo, se ubica entre los últimos lugares del ranking nacional con un Indicador de 26,60; muy lejos de instituciones como la Universidad Nacional de Córdoba (100), Universidad Nacional de Mar Del Plata (98,00), Universidad Nacional de San Martín (98,00), Universidad Nacional de La Plata (96,50) y Universidad Nacional de Lanús (96,50), que lideran las mediciones por amplio margen.
Es así que la Unju debe ahora mejorar la forma en la cual brinda información a la comunidad universitaria y a la sociedad civil, explicar cómo administra los recursos públicos y de qué manera se vincula con organismos nacionales; aspectos sobre los cuales se espera mayores niveles de transparencia, especialmente si se considera que se trata de una Alta Casa de Estudios.
El lugar asignado a la Universidad de Jujuy se transforma, entonces, en un llamado de atención para mejorar todas sus instancias administrativas, con especial énfasis en la información publicada en los sitios web; la información solicitada a partir de demandas de personas y entidades e información compartida sobre los resultados obtenidos en la gestión. Todo ello, en el marco de la responsabilidad que implica la recepción de fondos públicos.
Vale aclarar que la transparencia en la gestión de los recursos y el acceso a la información son pilares que sostienen el desarrollo académico, de investigación y extensión de las instituciones universitarias, donde la Unju también ocupa -lamentablemente- los últimos lugares a nivel nacional.
Sobre el índice
El Índice de Transparencia es una metodología codiseñada por el gobierno y la sociedad civil para medir y monitorear el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa de las instituciones públicas. Es una herramienta implementada desde 2018 por la Agencia de Acceso a la Información Pública (Aaip) para monitorear el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información (Ley 27.275).
En base al instructivo para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, la metodología del índice permite puntuar la forma en que cada sujeto obligado publica la información y así verificar su completitud, actualización y disponibilidad los resultados muestran el desempeño de los sujetos obligados en la publicación de 20 dimensiones de transparencia activa y, proactiva.
