LILIANA ALFARO
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LILIANA ALFARO
El director de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales Inta Yuto analizó las posibles implicancias de la medida si se recorta o desarticula Inta
¿Qué implicaciones tiene el Decreto 466/2025 para el Inta?
-Sí, finalmente se concretó lo que temíamos con el Decreto 466/2025, que pone fin a la autarquía del Inta tras 70 años. Ya no seremos un organismo con participación público-privada, sino que dependeremos directamente de un presidente designado por el Poder Ejecutivo. Este cambio elimina una estructura participativa y territorial que permitía planificar políticas públicas a mediano plazo, aisladas de los vaivenes políticos. El decreto afecta también a otros institutos como el de Vitivinicultura, y no propone jerarquización ni modernización. Desde Buenos Aires no se comprende la diversidad territorial del país ni el rol estratégico de agencias como la de Santa Victoria Este o La Quiaca. Estas decisiones, lejos de fortalecer, limitan y debilitan gravemente la capacidad operativa del Inta.
¿Y cómo afectaría esto al trabajo que se viene haciendo con agroecología y agricultura familiar?
- Entendemos que no, pero que el problema es que no hay una discusión pública de qué es lo que se quiere trabajar y lo que no se quiere trabajar y eso me parece que es más grave aún. La preocupación principal es la falta de una discusión pública sobre qué temas se quieren abordar y cuáles no, lo cual consideran más grave aún. Además, señalan que la negativa a trabajar en estos aspectos va en contra de la agenda 2030, que todos los países firmaron para combatir el cambio climático, un problema que afecta a la producción agropecuaria y a la sociedad en general. La ausencia de debate impide tomar decisiones informadas y responsables, y advierten que se están desmantelando equipos especializados en cambio climático, lo que dificulta planificar acciones frente a fenómenos como heladas, sequías o nevadas en la cordillera, y su impacto en la producción y el agua. La falta de discusión técnica y la toma de decisiones sin consenso generan preocupación, ya que estas decisiones son difíciles de revertir. Por ello, planifican jornadas en San Salvador de Jujuy y Salta para visibilizar el trabajo de instituciones como el Inta, Conicet y otros, con el fin de evaluar y valorar el trabajo técnico y público en estos temas. Consideran que el decreto actual busca limitar y reducir acciones en estos ámbitos, lo que aumenta su inquietud. Además, resaltan la necesidad de revalorizar al empleado público, tanto en condiciones laborales como en reconocimiento, para fortalecer la gestión y el trabajo en estos temas cruciales.
¿Hay definiciones sobre remates de tierras del Inta que se hicieron en Buenos Aires , respecto a Salta o Jujuy?
-No hay diálogo dentro del Inta. Desde Buenos Aires se toman decisiones sin conocer las particularidades de los microterritorios. No es lo mismo estar en la frontera con Bolivia que en la Puna o el Chaco Salteño. Lo que sabemos es que contratarán dos consultoras en Buenos Aires para hacer una reestructuración, sin consultar a las 6000 personas que trabajamos en el Inta. Como empleado público, debo entender que no van a contar con nosotros. El empleo público está siendo atacado, y si bien debemos mejorar muchas cosas, también hay que valorarlo. El empleo público trabaja para el público, para el país, para la población. Necesitamos discusiones serias, no frases sueltas. Esta falta de participación y reconocimiento nos preocupa profundamente, no solo como trabajadores del Inta, sino también como ciudadanos.
¿Qué impacto tendría esto para los pequeños productores?
-En Salta y Jujuy, el 70% de los productores son pequeños y son quienes producen los alimentos que se consumen en las ciudades. La soja es importante para exportar, pero no nos alimentamos con soja. Nos preocupa que, según lo que no se desmiente, todo el trabajo con pequeños productores se trasladaría a Desarrollo Social, tratándolos como receptores de asistencia y no como actores productivos. No es lo mismo llevar un bolsón que sentarse a trabajar con ellos para mejorar su situación. Si se desarma el Inta, se pierden años de inversión en formación técnica y desarrollo territorial. Eso se puede perder y sería ineficiente. Nos preocupa qué se espera que produzca una provincia como Jujuy, ¿alimentos para consumo local, para exportación? ¿Qué alternativas de trabajo se les ofrece a nuestros pueblos? Hoy solo tenemos preocupación
¿El desarrollo agroindustrial depende de esta estructura técnica del Inta?
-Sí, sin duda. Cualquiera que conozca el Norte Grande sabe que necesitamos más intervención del Estado. Podemos discutir cómo hacerlo mejor y con más recursos, pero lo que falta hoy es ese debate. La agricultura exige conocimiento técnico cada vez más específico. Ya no existen técnicos que sepan de todo: hay uno para fertilización de tomates, otro para cosecha de cítricos. Por eso, con recursos limitados, es clave definir con provincias y municipios qué líneas priorizar, si vamos a apostar por frutales tropicales o por camélidos en la Puna. Ese es el tipo de decisiones estratégicas que se necesitan.
¿En qué consiste el programa para promover frutos tropicales?
-Sí, estamos trabajando con la provincia en un programa que comenzó con maracuyá. Los técnicos del Inta capacitan junto a los de Producción, nosotros producimos los plantines y la provincia los financia. Es un ejemplo claro de articulación. En nuestras regiones hay que generar condiciones para emprendedores que creen riqueza genuina, no depender solo del empleo público. El problema es que como Estado vamos hacia atrás: no apoyamos al productor que quiere crecer, sino que lo dejamos solo. En un país tan diverso como Argentina, esta discusión es clave. La soberanía también es decidir qué frutales queremos producir y cómo desarrollarlos localmente.
¿Qué logros concretos puede mencionar en la región?
-Parte de las jornadas que organizamos respondieron a una autocrítica: no supimos comunicar bien lo que hacemos. Pero también es grave que haya funcionarios nacionales que digan: "No sé lo que hace un organismo del Estado Nacional". Es su responsabilidad informarse. En el Este de Jujuy y las Yungas, por ejemplo, trabajamos en el registro de todas las variedades nacionales de mango comercial, que surgieron del Inta Yuto. Sin ese registro, no se sabe qué variedad se compra ni cómo se comporta. También mejoramos la producción ganadera en zonas como Palma Sola y El Fuerte, y reactivamos el cultivo de maíz mediante un proyecto con el Ministerio de Trabajo, lo que permitió mejorar la alimentación animal y la calidad de la carne jujeña. Trabajamos con productores de tomate que exportan a Buenos Aires, mejorando calidad, rentabilidad y uso responsable de agroquímicos. En banana, pese a las dificultades económicas, buscamos recuperar la competitividad con tecnología y mejor calidad, con potencial para abastecer al país entero. Desarrollamos laboratorios que cumplen con exigencias internacionales, como certificar que el trigo del NOA está libre de hongos que Bolivia prohíbe. Sin eso, los productores tendrían que ir hasta Balcarce.
Incorporamos drones con productores forestales para restaurar bosques y realizamos ensayos científicos con grandes empresas. El año pasado terminamos un trabajo clave: en Argentina no hay productos autorizados por Senasa para cultivos tropicales, y menos aún para mango. Junto al Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (Iica) y una fundación internacional, desarrollamos un fitosanitario específico. El trabajo está listo, solo resta completar los trámites para su habilitación. Todo esto se hace con pocos recursos, pero siempre cerca del productor.
Ya habían advertido sobre posibles despidos. ¿Cuál es la situación?
-Hay versiones de reducción de personal que afectarían a 130 trabajadores entre Salta y Jujuy. El presidente del Inta no lo desmintió de forma contundente. El decreto concentra todo el poder en él, y puede tomar decisiones como rematar tierras. Y son decisiones que después no tienen vuelta atrás. Y además es un trabajo que lleva años en cada en cada sitio, de acuerdo a las necesidades de cada sector. Hoy por ejemplo, los reproductores de camélidos y el trabajo de llama, y el de semicautividad con vicuñas está en el territorio de la estación experimental de Abra Pampa, si se pierde eso, se pierde todo. Hoy toda la colección que tenemos en el Inta Yuto de frutales tropicales y frutas híbridas con los años que demoran perdemos esas variedades.
¿Hay antecedentes similares en otros países?
-Sí, en los '90, Bolivia y Paraguay cerraron sus institutos equivalentes al Inta. Hoy nos consultan constantemente porque perdieron capacidades que ahora no pueden recuperar. Si dejamos de hacer análisis o controles, muchos mercados internacionales dejarán de comprar nuestros productos.