Ante las medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno Nacional, el Colegio de Ingenieros de Jujuy expresó su enérgico rechazo al Proyecto de Ley Nº 2.702-D-2025 de la diputada nacional Marcela Pagano, que propone la creación de una "Matrícula Profesional Nacional Unificada". Advirtió que la iniciativa no solo avanza sobre las autonomías provinciales, sino que también pone en riesgo la calidad, la ética y la seguridad del ejercicio profesional en todo el país.
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Ante las medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno Nacional, el Colegio de Ingenieros de Jujuy expresó su enérgico rechazo al Proyecto de Ley Nº 2.702-D-2025 de la diputada nacional Marcela Pagano, que propone la creación de una "Matrícula Profesional Nacional Unificada". Advirtió que la iniciativa no solo avanza sobre las autonomías provinciales, sino que también pone en riesgo la calidad, la ética y la seguridad del ejercicio profesional en todo el país.
Sergio Aramayo, presidente del Colegio, alertó que esta propuesta legislativa se enmarca dentro de una serie de políticas que buscan desmantelar el entramado institucional de control y fiscalización técnica y profesional en Argentina. "A la luz de los decretos de desregulación que hemos conocido, este proyecto va en la misma sintonía: desarticular organismos, desmembrar estructuras construidas durante décadas", sostuvo.
Aramayo comparó esta propuesta con otras medidas que afectan organismos como el Inti, el Inta y Vialidad Nacional, aludiendo a un proceso generalizado de retiro del Estado de sus funciones reguladoras. "Lo que estamos viendo es el avance de un modelo liberal extremo, que cree que no debe haber regulaciones de ningún tipo", afirmó.
El Colegio de Ingenieros recordó que el control del ejercicio profesional estuvo en algún momento bajo la órbita nacional, pero que con el crecimiento del número de profesionales, las provincias asumieron esa función mediante normas como la Ley Provincial Nº 4.430 en Jujuy, que rige la actividad de los ingenieros. "Este proyecto desconoce esas normas y pretende imponer un sistema centralizado que vulnera el federalismo", explicó Aramayo.
Además de regular la matrícula, los colegios profesionales cumplen funciones claves como la habilitación de los profesionales según su formación específica y el control de la ética en el ejercicio profesional. El planteo es que la colegiación no es algo administrativo sino que con ello se garantiza que quien ejerce esté capacitado y actúe con responsabilidad.
Aramayo también expresó que en muchas oportunidades se detectaron casos de profesionales sin incumbencias que fueron contratados por desconocimiento o falta de control. "El colegio verifica que los títulos sean legítimos y que quienes los portan estén realmente en condiciones de ejercer", dijo y además, vela por el cumplimiento de la ética profesional.
En ese sentido, alertó sobre el impacto que puede tener esta propuesta en otros sectores profesionales como la medicina o la abogacía, ya que el proyecto alcanza a todas las profesiones sin distinción. También advirtió sobre las consecuencias para los sistemas previsionales de los colegios, que se sostienen con los aportes vinculados a la matrícula. "Eliminar ese sistema de raíz pone en riesgo también la seguridad social de miles de profesionales en todo el país", aseguró.
Según Aramayo, el trasfondo del proyecto responde a una lógica puramente economicista. "Ven a los colegios como un obstáculo burocrático, cuando en realidad son una garantía de calidad profesional. No les importa el costo social y técnico de lo que proponen", dijo.
"Se quiere reducir todo a un problema de costos, pero se olvida que en obras públicas o privadas, lo barato puede salir muy caro si no hay garantías de idoneidad. Los colegios no son empresas, son instituciones creadas por ley para proteger a la sociedad", advirtió.
Asimismo, expresó su preocupación por el avance de empresas nacionales e internacionales que, sin regulación, podrían desplazar a los profesionales locales. "Esto ya se ha visto en el ámbito inmobiliario con los martilleros. Las multinacionales llegan con su propia lógica y desplazan a quienes cumplen con todas las normativas locales", ejemplificó.
Aramayo cuestionó la narrativa oficial que equipara desregulación con eficiencia. "El país que nos quieren vender, sin controles ni regulaciones, no existe. Hasta los países más liberales tienen organismos que controlan, regulan y certifican. Ese 'paraíso' sin Estado solo existe en la cabeza de algunos funcionarios", sostuvo.
Agregó que este modelo pone en riesgo la industria nacional, la generación de empleo y la soberanía tecnológica, estimando que tanto Inti, Inta y otros organismos permiten que las empresas sigan siendo competitivas, por lo que si las desmantelan, lo único que van a conseguir es más dependencia y desocupación.
Se busca el respaldo delos legisladores nacionales
El presidente del Colegio de Ingenieros de Jujuy, Sergio Aramayo, explicó que las federaciones profesionales ya se encuentran en contacto con legisladores de todo el país para advertir sobre las consecuencias de este proyecto. "Algunos diputados ya nos dijeron que no tiene el apoyo necesario, pero sabemos que el gobierno insistirá, y que tras las elecciones puede cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso", explicó sobre la situación local.
Aramayo enfatizó que el Colegio de Ingenieros de Jujuy continuará defendiendo el sistema de colegiación legalmente constituido, y convocó a todos los actores políticos y sociales a defender el federalismo, la autonomía provincial y la calidad del ejercicio profesional en Argentina. "Nosotros no somos una asociación informal, estamos reglados por el Estado y trabajamos por la sociedad. Este proyecto debe ser rechazado en su totalidad", concluyó.
Por otro lado también recordó que ya durante el gobierno de Mauricio Macri se había intentado avanzar en una desregulación similar a través del exministro Javier Iguacel. "Es una idea que vuelve cada tanto, liberalizar todo, eliminar los controles. Pero lo que no se dice es quién va a asumir luego la responsabilidad cuando algo salga mal. Si no son los colegios, ¿quién controla en los territorios?", se preguntó.
Estimó que si esto avanza, las provincias pierden potestades, los profesionales pierden representación, y la sociedad perdería seguridad.
Los cambios que se plantea
La desregulación impulsada por el Gobierno nacional propone reformar el Decreto 2.293/92 con el objetivo de eliminar la exigencia de matriculación y cuotas colegiales para el ejercicio profesional, reemplazándolas por un único Registro Nacional de Profesionales que dependerá del Ministerio de Capital Humano.
Supone un giro radical en el sistema que rige la actividad profesional en Argentina durante más de un siglo. Según el texto, cualquier persona podrá ejercer su profesión en cualquier jurisdicción del país sin necesidad de afiliarse a un colegio profesional ni cumplir con los requisitos específicos que hoy regulan las provincias.
Plantea cambio en las funciones de los colegios profesionales como el control ético, fiscalización, formación continua, potestad sancionatoria y la representación legal de sus matriculados. De aprobarse la ley, muchas de estas funciones quedarían en manos del Estado nacional o desarticuladas.
Establece un plazo de 120 días para que los colegios profesionales transfieran sus bases de datos al nuevo registro y pasen a operar como simples sedes administrativas, sin facultades para cobrar matrículas ni aplicar sanciones disciplinarias.
Se busca “desburocratizar” y “liberar” el acceso a la actividadprofesional, con modelo centra‑lizado y menos regulado.