En la sesión especial de la Cámara de Diputados de la Nación anteayer, la legisladora Natalia Sarapura (UCR) votó a favor de un pedido de informes al Ejecutivo nacional sobre el estado actual de las obras públicas en ejecución.
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En la sesión especial de la Cámara de Diputados de la Nación anteayer, la legisladora Natalia Sarapura (UCR) votó a favor de un pedido de informes al Ejecutivo nacional sobre el estado actual de las obras públicas en ejecución.
Enfatizó sobre la importancia en que el Estado asuma que la obra pública es una política estratégica para el desarrollo nacional y provincial. Señaló que la reactivación de la obra de la ruta nacional 34, la construcción de escuelas y viviendas como en La Quiaca y Purmamarca son ejemplos concretos del compromiso.
Además resaltó la necesidad que el Congreso esté a la altura de las demandas ciudadanas y promueva un fortalecimiento institucional que permita abordar eficazmente los desafíos actuales.
"Nos preocupa y asumimos como prioridad saber qué está pasando con las obras paralizadas y con los recursos que se recaudan. En Libertador General San Martín tenemos detenida la construcción de la planta potabilizadora y de líquidos cloacales que beneficiaría a más de 90.000 familias".
El proyecto estaba en marcha, "el jefe de Gabinete anunció que se abriría un proceso de diálogo para su reactivación, de eso ya pasó un año y la obra continúa paralizada".
"Hablar de la garantía de derechos significa que el Estado asuma como política pública la realización de rutas, escuelas, ferrocarriles y calles. Sin duda es una herramienta estratégica para la promoción del desarrollo".
En Jujuy "asumimos la obra pública como una política pública; estamos construyendo viviendas, mejorando escuelas, pero también sabemos que es una responsabilidad promover el desarrollo desde una política nacional."
Además apoyó con su voto el emplazamiento de la Comisión de Presupuesto para tratar dos temas de vital importancia: la emergencia en discapacidad y la situación de los jubilados.
Y manifestó su preocupación por las más de 5.000 personas con discapacidad en Jujuy que fueron dadas de baja de programas de asistencia, instando al Ejecutivo nacional informar detalladamente sobre esta situación y tomar medidas que protejan a este sector vulnerable.
Asimismo subrayó la importancia de atender las necesidades de los jubilados, reafirmando su compromiso con "la agenda de los sectores más desfavorecidos de la sociedad".