El Tribunal Oral Federal de la provincia determinó la responsabilidad penal para el gendarme Walter Daniel Álvarez, acusado de asesinar a tiros al joven Ivo Rodrigo Torres en La Quiaca y se aguarda una nueva audiencia, para establecer el monto de pena que se le impondrá.
El suboficial de la Gendarmería Nacional llegó a estas instancias judiciales acusado de ser el presunto autor del delito homicidio agravado, acusado de haber matado de dos disparos, durante una persecución ocurrida en febrero de 2025 en la ciudad fronteriza de La Quiaca, a Ivo Rodrigo Torres, un motociclista de 22 años que regresaba del vecino país de Bolivia con hojas de coca y se habría negado a detenerse para un control.
El acusado es el sargento primero del Escuadrón 21 "La Quiaca" Walter Daniel Álvarez, quien según la requisitoria fiscal, llegó imputado por el delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por tratarse de un integrante de una fuerza de seguridad, y por el uso de un arma de fuego".
"El primer paso fue que se determinó que el inculpado quedó como responsable por el delito de homicidio simple con dolo eventual", expresó el abogado querellante de la familia de Torres, Sebastián Espada.
"Nosotros habíamos incorporado y sostenido una teoría distinta respecto de los agravantes. Entendemos que algunos podían ser objeto de discusión, pero otros, por la calidad del autor del delito, no admiten discusión", sostuvo.
"Hablando con Reina (madre de la víctima) y con su familia, entendemos que se ha dado un paso importante. Se ha declarado a una persona como homicida por la muerte de Ivo Torres y ese es el primer paso en este reclamo de justicia", manifestó.
La próxima instancia judicial tendrá lugar el miércoles 17 del corriente, cuando el tribunal vuelva a reunirse para definir la pena que deberá cumplir el condenado.
"Por la condena de homicidio simple con dolo eventual estamos hablando de una escala penal que va de los 8 a los 25 años de prisión. Eso es lo que se determinará en la próxima audiencia", explicó.
Sobre los hechos
El fiscal repasó los hechos ocurridos el 6 de febrero de 2025. Aquel día, Álvarez integraba una patrulla, que estaba a cargo del subalférez Alexander Ezequiel Gunther y se completaba con la cabo Juliana Enciso y el cabo primero Marcos Leonardo Wysniewki.
Los uniformados, se movilizaban en una camioneta Volkswagen Amarok que pertenece a la fuerza y realizaban tareas de vigilancia en el límite fronterizo, entre la ciudad jujeña de La Quiaca y la localidad boliviana de Villazón.
A la altura del paso no habilitado denominado "ladrillera", observaron que un motociclista -identificado luego como Torres- atravesó la frontera de modo ilegal. Al darle la voz de alto, el conductor aceleró la marcha, lo que inició una persecución, que se extendió por tres kilómetros y medio, a partir del paraje "Tres Churquis".
Zurueta señaló que la persecución duró seis minutos hasta que, de pronto, el motociclista cayó al suelo como consecuencia de dos disparos efectuados por Álvarez. Uno de los proyectiles ingresó por la espalda y afectó la zona del pulmón derecho, mientras que el otro impacto fue a la altura de la pantorrilla izquierda de Torres.
A pesar de los esfuerzos de los paramédicos para salvarle la vida, la víctima falleció a causa de una fuerte hemorragia que le causó el disparo que recibió en la espalda.
Sobre los sobreseimientos
Al formalizar el caso, en un principio se imputó por el homicidio a cuatro integrantes de la fuerza nacional, que ese día realizaban un patrullaje por la zona. Pero con el correr de la pesquisa, se estableció que los otros tres efectivos eran ajenos al crimen.
En función de ello, el Ministerio Público Fiscal instó los sobreseimientos de la cabo Enciso, el subalférez Gunther y el cabo primero Wysniewki, los cuales fueron resueltos favorablemente el 27 de febrero y el 4 de marzo pasado, por el juez de Garantías N°1 de Jujuy, Eduardo Hansen. Una de las pruebas que llevaron a la fiscalía a centrar la investigación en Álvarez, surgió del peritaje efectuado sobre las armas de los gendarmes. Los estudios indicaron que los proyectiles que impactaron en Torres fueron disparados desde una pendiente del terreno en donde finalizó la persecución.
Además, uno de los disparos se realizó con la pistola asignada a Álvarez, en cuyo cargador faltaban municiones, a diferencia de lo que sucedía con el armamento de los demás efectivos, quienes tenían sus cargadores completos. Sobre la base de las evidencias recolectadas, el fiscal destacó la hipótesis respecto de la responsabilidad de Álvarez en la muerte de Torres, lo que fue respaldado por el abogado Carlos Espada, que representa a la querella.
La defensa del gendarme, a cargo de Ricardo Belbruno, no presentó oposición a la admisibilidad de la acusación y su curso a juicio.
