Las psicólogas que permitieron que Ángel López viva con su madre en la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia fueron denunciadas por la fundación Más Vida. Se tratan de Jennifer Leiva y Vanesa Marín, ambas profesionales que realizaron informes a favor de que Mariela Altamirano obtenga la tenencia del pequeño, quien fue asesinado a golpes. Tanto la mujer, como su pareja, están detenidos con prisión preventiva.
Mientras continúa la conmoción por el brutal caso y se espera que aparezcan nuevos detalles de la investigación, se conoció que la fundación Más Vida denunció a las psicólogas debido a que sus informes fueron "claves" para que el juez Pablo José Pérez dictase sentencia a favor de que Altamirano sea quien cuide al niño, pese a las condiciones.
Conforme a la información aportada por integrantes de la fundación, la denuncia es por los delitos de violación de los deberes de funcionario e informe falso. "Creemos que tomaron la decisión por cuestiones ideológicas y así forzaron la revinculación", manifiestan.
A su vez, otro punto que remarcan de este caso, es que las profesionales "ni siquiera conocían las condiciones" debido a que "no realizaron el informe ambiental", cuyo resultado podría haber alertado las graves falencias en la que vivía la mujer y su pareja.
No solo Altamirano había abandonado a Ángel cuando tenía pocos meses, si no también la Justicia ya le había quitado la tenencia de otro de sus hijos.
Otro punto alarmante es que la casa donde vivía el niño no tenía las condiciones necesarias y todos los días debían alimentarse en un comedor barrial.
Por último, se supo que el chico tuvo que ser cambiado de jardín, lo que mostró un abrupto cambio en su comportamiento.
El informe redactado por la maestra indicaba que estaba "enojado y angustiado" días antes de mudarse con su mamá.