El Tribunal Oral Federal (TOF) de San Luis condenó a penas de hasta 15 años de prisión a tres hombres que fueron juzgados por liderar, financiar o integrar una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas desde Bolivia. El caso comenzó a ser investigado cuando en 2023 fueron decomisados 5,2 kilos de cocaína en la provincia de Jujuy. Además, el jefe de la banda operaba desde su celda en una cárcel puntana, con la complicidad de las autoridades del penal.
Si bien la sentencia fue semanas atrás, en los últimos días se conoció el desenlace de una investigación que empezó en territorio jujeño. Así fue cómo el 31 de agosto de 2023 la PSA detuvo en esta provincia a una persona que estaba por entregar un bolso con 5 kilos 263 gramos de cocaína, la cual tenía como destino final la ciudad de Villa Mercedes, San Luis. Esto desencadenó una serie de allanamientos en la capital provincial y, con el devenir de la pesquisa, se detuvo a otras nueve personas. Además, se incautó estupefacientes, armas de fuego, vehículos y dinero en efectivo.
Conforme la acusación del fiscal federal de la Unidad Fiscal San Luis, Cristian Rachid, y del fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Martín Uriona, el tribunal tuvo por acreditados los hechos juzgados durante el debate y se condenó a Rafael Dante Churquina, Daniel Hedel Becher y Efraín David Cortez.
Con la integración de las juezas María Carolina Pereira, María Paula Marisi y Gretel Diamante, el TOF le impuso a Churquina la pena de 15 años de prisión y el pago de una multa de 50 millones de pesos; a Becher, 13 años de prisión y una multa de 48 millones de pesos; y a Cortez, 4 años de prisión.
De esta manera, se le atribuyó a Churquina organizar y financiar el tráfico de drogas desde la Unidad Penitenciaria N°1 de San Luis -donde estaba preso en una causa por abuso sexual-, blanquear los bienes producidos como consecuencia de eso y haberle pagado una coima al director y subdirector del penal en el que estaba alojado para poder operar desde ese lugar.
En consecuencia, terminó condenado como autor del delito de "organización y coautor del financiamiento del tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte agravado por la intervención en forma organizada de tres o más personas, coautor del delito de cohecho activo y como autor de lavado de activos de origen delictivo", todos ellos en concurso real.
En el caso de Becher, se le atribuyó el financiamiento del narcotráfico y también lavar el dinero proveniente de esa actividad y haber pagado una dádiva a los mismos funcionarios penitenciarios. Por eso, fue condenado por los mismos delitos que Churquina, salvo por el de organización del tráfico ilícito de drogas, solo atribuido al primero de los sentenciados.
A su turno, Cortez fue condenado como partícipe secundario del delito de "tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte -desde la provincia de Jujuy hacia San Luis- agravado por la intervención en forma organizada de tres o más personas".
A instancia del Ministerio Público Fiscal (MPF), el tribunal también ordenó el decomiso de dos inmuebles, dos fondos de comercio, quince automóviles, motos, bicicletas, electrodomésticos, dinero y dispositivos electrónicos.
El debate del juicio
Durante el debate, resultó fundamental la declaración de los integrantes de la PSA que llevaron a cabo la investigación, como así también la reproducción de los audios de las conversaciones mantenidas por los acusados y el aporte de un imputado colaborador que permitió conocer la dinámica interna de la organización enjuiciada.
"El caso bajo estudio del tribunal no es uno más de narcotráfico, sino que se trata de uno que reviste gravedad particular, pues no solo se ha llegado a descubrir a los organizadores y financistas del delito, sino que esas conductas eran desplegadas por su cabecilla desde el establecimiento carcelario en el que estaba detenido por otro delito grave", dijeron los representantes del MPF durante su alegato.
En ese sentido, Rachid y Uriona remarcaron que para que ello ocurra "necesariamente se requiere de una estructura administrativa corrupta y esto también se evidenció con la cooptación del director y subdirector de la unidad penitenciaria en la que estaba alojado, ambos ya condenados en esta causa".
Uno de los condenados tenía instalada una “oficina” en su celda
Según la investigación, la cocaína que traficaba la organización provenía de la ciudad de Villazón, Bolivia. En el debate, el MPF probó que Churquina arbitró los medios necesarios para enviar a la provincia de Jujuy la suma de 12 mil 500 dólares -de los cuales 10 mil fueron aportados por Becher-, para comprar poco más de cinco kilos de la droga.
Según los fiscales, la compra de los “ladrillos” del estupefaciente se sustentó con 6 mil dólares, mientras que la suma restante se destinó a “mantener la cadena de provisión”. Uno de los allanamientos se dispuso en la celda del principal acusado, Churquina, que se encontraba alojado en la Unidad Penitenciaria N°1 de San Luis. Allí se hallaron elementos prohibidos y funcionales a la actividad criminal. Incluso, se determinó que tenía montada “una oficina” en la que se halló material estupefaciente, teléfonos celulares, una notebook, pendrives, cuadernos y carpetas con documentación, un talonario de pagarés y hasta una balanza de precisión.
Antes del inicio del debate, se llevaron a cabo acuerdos de juicio abreviados con los otros siete acusados en el proceso, quienes fueron condenados a diferentes penas de prisión por intervenir en las maniobras de narcotráfico y de lavado de activos, como así también, en el caso del director y subdirector del penal provincial, por haber aceptado los sobornos. Los acuerdos fueron homologados por el TOF.