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Cuatro presos del Establecimiento Penitenciario N° 7 de Alto Comedero fueron imputados por la Justicia federal por presunta "asociación ilícita en concurso real con los delitos de estafa, extorsión y usurpación de autoridad", en calidad de coautores. Además, el juez Julián Ercolini dispuso la prisión preventiva para los internos que se hacían pasar por Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de la Nación, para desarrollar maniobras fraudulentas.
La resolución del magistrado del Poder Judicial de la Nación alcanzó a Cristian Mariano Ariel Acho, Sebastián Ariel López, Walter Rodrigo Vargas y Ramón Atilio Ríos, a quienes consideró "prima facie" miembros de una asociación ilícita.
De acuerdo a la investigación desarrollada, las maniobras fraudulentas comenzaron desde finales de 2024, al menos desde noviembre de ese año hasta el 30 de octubre de 2025. Las mismas se realizaban desde el Establecimiento Penitenciario N° 7 del Servicio Penitenciario Provincial, ubicado en el barrio capitalino de Alto Comedero.
Los sospechosos utilizaban distintas líneas telefónicas, tarjetas SIM, billeteras digitales, cuentas bancarias y alias de pago. Los imputados se hacían pasar por el juez Horacio Rosatti y habrían usado su nombre, imagen, cargo e investidura, además de perfiles de Whatsapp con fotografías del titular de la Corte, así como también fotos del edificio de los Tribunales federales o la denominación "Corte Suprema de Justicia".
Con esa falsa identidad, se comunicaban con dependencias policiales, penitenciarias y de fuerzas de seguridad para pedir listados, datos personales y administrativos de personas privadas de la libertad. Luego, esa información era utilizada para contactar a familiares o allegados y exigirles dinero bajo la promesa de obtener una libertad, una fianza, una caución o algún trámite judicial.
El expediente también detectó que en algunos casos, la banda simulaba representar a empresas privadas para comunicar falsos premios, entre ellos, dinero, vehículos o electrodomésticos, y pedir transferencias por supuestos "gastos de trámite".
Investigación
La investigación se inició el 25 de noviembre de 2024, tras un llamado al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina, en el cual un hombre dijo ser "el doctor Horacio Rosatti, Jefe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación" y pidió datos de detenidos y teléfonos de sus familiares, con el argumento de un supuesto relevamiento vinculado con derechos humanos.
Sin embargo, las sospechas suscitadas conllevaron a que el llamado sea rastreado. De esta manera, se supo que la comunicación provenía de la mencionada unidad penal y las posteriores pesquisas avanzaron con intervenciones telefónicas, cruces de líneas, informes de empresas de telefonía, registros de cuentas y allanamientos dentro del establecimiento penitenciario.
En las requisas realizadas en diciembre de 2024 se secuestraron teléfonos celulares, tarjetas SIM, biblias y libros con anotaciones de alias, números telefónicos, CBU y destinatarios vinculados con las maniobras. También se detectaron comunicaciones en las que los sospechosos hablaban de víctimas, transferencias y cuentas para mover dinero.
Entre los hechos atribuidos, el fallo mencionó el caso de Claudio Ariel Sarmiento, quien habría transferido 450 mil pesos al alias "poderjudicial.mp" tras recibir llamados en los que le dijeron que debía pagar una "fianza" para lograr la liberación de su hijastro, alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.
También se incorporaron al expediente las maniobras sufridas por Fernando Alex Bautista Casimiro, quien transfirió 429 mil 500 pesos bajo la falsa promesa de haber ganado un vehículo, y por Camilo Vallejos, que declaró haber sido contactado por un supuesto premio de "telefonía satelital 4G" y estimó un perjuicio de entre 9 y 10 millones de pesos.
El juez Ercolini también trabó embargo sobre los bienes y dinero de los cuatro procesados por 5 millones de pesos para cada uno. Además, notificó la decisión a la Defensoría Pública Oficial, a la Fiscalía Federal N° 5 y al Juzgado de Ejecución de la Pena de Jujuy.