El femicidio de Iara Rueda, ocurrido en septiembre de 2020, tuvo otro capítulo vinculado a la actuación policial en las primeras horas de desaparición de la víctima. Si bien en el juicio por el asesinato de la joven de 16 años, se condenó a la pena de prisión perpetua a Raúl Cachizumba y Mauricio Abad, y a 15 años de prisión a Tomás Fernández, continúa una causa paralela en la cual se investiga el accionar de siete funcionario policiales. La misma, no dio señales de avance en los últimos meses en los Tribunales jujeños.
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El femicidio de Iara Rueda, ocurrido en septiembre de 2020, tuvo otro capítulo vinculado a la actuación policial en las primeras horas de desaparición de la víctima. Si bien en el juicio por el asesinato de la joven de 16 años, se condenó a la pena de prisión perpetua a Raúl Cachizumba y Mauricio Abad, y a 15 años de prisión a Tomás Fernández, continúa una causa paralela en la cual se investiga el accionar de siete funcionario policiales. La misma, no dio señales de avance en los últimos meses en los Tribunales jujeños.
Por esa razón, El Tribuno de Jujuy dialogó con Mónica Cunchila, madre de Iara y quien de manera incansable ha luchado por lograr que se haga justicia por el crimen de su hija y que ahora continúa con el eslabón policial.
"Seguimos esperando, no sé por qué se demoran tanto si el expediente de los policías fue prácticamente a la par del juicio", comenzó Cunchila al ser consultada acerca del estado de la causa.
Bajo la carátula de "Incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos", al momento de buscar a Iara cuando se realizó la denuncia por desaparición el 23 de septiembre de 2020, la causa fue elevada a juicio en octubre de 2024. Así lo resolvió el Tribunal de Revisión integrado por los jueces María Gracia Cardone (presidente), Vicente Apaza y Lucas Grenni, quienes sobreseyeron a una agente.
Se trata de un delito especificado en el artículo 250 del Código Penal de la Nación, que establece una pena de "prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, al jefe o agente de la fuerza pública, que rehusare, omitiere o retardare, sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente".
Agentes involucrados
Cabe recordar que en agosto de 2023 comenzó el proceso contra ocho efectivos de la Policía jujeña. En un primer momento, el Juzgado de Control ordenó el sobreseimiento total y definitivo para los agentes que habían llegado a estas instancias judiciales, acusados de no cumplir con el protocolo de búsqueda, cuando la adolescente palpaleña Iara Rueda había desaparecido y posteriormente fue hallada asesinada.
En la medida judicial, el magistrado a cargo del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública, dio lugar al planteo de la defensa de los efectivos imputados, que habían sido requeridos a juicio por la Unidad Fiscal a cargo del expediente. Los ocho policías habían sido acusados de presuntos coautores del delito de "incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos".
Sin embargo, un año más tarde, el 2 de agosto de 2024 se realizó la primera audiencia de revisión en la Cámara de Apelaciones y se dio lugar a que los efectivos sean enjuiciados. Están acusados del delito de "Incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos", durante las primeras horas de desaparición de Iara Sabrina Rueda. Los policías no solo habrían incumplido con sus deberes desde el momento de la desaparición, sino incluso durante la búsqueda y los rastrillajes para dar con el paradero de Rueda, quien fue encontrada sin vida seis días después en el límite de los barrios palpaleños de San José y 2 de Abril.
"Acá hubo una negligencia total de funcionarios y no sé por qué están durmiendo la causa. Quieren guardarla bajo la alfombra, cosa que no voy a permitir. Aunque sea, la justicia social va a estar. Estas cosas no se tienen que repetir. El asesinato de Iara marcó un antecedente, un antes y un después. Habían matado a cinco mujeres en 40 días (en la provincia de Jujuy, en los meses de septiembre y octubre de 2020). Cambió la historia de Jujuy, cambió la Justicia, ahora trabaja de otra manera. Todo para bien, para salvar más vidas desgraciadamente, le tocó perder la vida a mi hija", reflexionó Cunchila.
El protocolo de búsqueda en la desaparición de Ia joven
El aspecto central en la acusación que recae en los siete policías, es cómo actuaron de acuerdo al protocolo de búsqueda de personas, durante las primeras horas de desaparición de Iara. “Nunca hubo la cantidad de efectivos policiales que dice en el protocolo de búsqueda de personas, que ya estaba firmado y aprobado y que tenían que saberlo todos, los efectivos policiales y los comisarios”, afirmó de manera contundente Cunchila en un tramo de la entrevista con este diario. Se refirió a la Resolución 051/2017 del Ministerio de Seguridad de la provincia de Jujuy.
Aprobado el 8 de mayo de 2017, sienta las bases del “Protocolo general para la búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas”. Es decir, al momento de la desaparición de Iara, el texto llevaba poco más de tres años de existencia. Asimismo, el artículo 1° especifica que el protocolo “deberá ser implementado de manera inmediata en todas las Dependencias Policiales de la provincia de Jujuy, como así también en el Centro de Monitoreo 911 de la Provincia”. En consecuencia, no había razón alguna para que los funcionarios policiales abocados a las tareas de búsqueda de Iara desconocieran la manera de proceder ante la urgencia suscitada.
Otro aspecto a resaltar para aprovechar al máximo el tiempo cronológico para los rastrillajes, es lo establecido con respecto a las denuncias. “No existe un tiempo mínimo para la toma de denuncias, no hay norma que exija el transcurso de determinado tiempo para empezar a trabajar en la búsqueda. El funcionario policial está obligado a recibir por escrito la denuncia de la desaparición”, reza en otro fragmento de la citada resolución del Ministerio de Seguridad provincial.
La demora
Lo antes mencionado contrasta con lo que ocurrió en la realidad. “Me mezquinaron los recursos de la provincia porque ahí dice que una menor de 18 años es riesgo de vida o muerte. Esperaron seis días para que me den todos los recursos, que es canes, drones, Ceop (Cuerpo Especial de Operaciones Policiales), Infantería, y el resultado fue ese, encontrar a mi hija en estado de putrefacción en un descampado donde habían pasado los vecinos, porque la Policía nunca pasó. La Policía siempre estuvo al margen, en las orillas de las calles y de los barrios, no entraban”, recordó Cunchila sobre las horas más tristes de su vida.
La sanción de la “Ley Iara”
La Ley provincial N° 6.186, de “Declaración de Emergencia Pública en Materia de Violencia de Género”, fue promulgada en abril de 2021. Fruto del caso que conmocionó a la sociedad jujeña, la normativa estableció que se lleven adelante diferentes políticas públicas de contención para mujeres en estado de vulnerabilidad económica que padecen la violencia de género, además de la creación del Programa de Políticas Públicas de Género y Diversidad en el ámbito del Ministerio de Salud.