Por ESTEBAN FRAZZI
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Por ESTEBAN FRAZZI
El letrado Rubén Alberto Chaia visitó la provincia para una disertación en el Colegio de Abogados y Procuradores del fueron local, en ese contexto dialogó con El Tribuno de Jujuy acerca de los ciberdelitos.
Se trata de acciones ilícitas que en estos tiempos de avances tecnológicos se han transformado en delitos cotidianos que desde este medio se vienen narrando cada semana.
Entre las acciones calificadas como ciberdelito, se encuentran el robo de datos mediante la instalación de un software, para apropiarse de datos bancarios o de billeteras digitales y así sustraer dinero, o también la clonación de las aplicaciones de Whatsapp para luego pedirles dinero a los contactos, entre las variables más comunes que ocurren en la provincia.
El jurista que se desempeña como Vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, conversó acerca de cómo se trabaja en la recolección de pruebas en los denominados ciberdelitos y dejó algunas propuestas para mejorar la manera de investigar.
Los avances tecnológicos y, en consecuencia, de la manera de cometer ciertos delitos, es lo que exige capacitación para los letrados.
Con respecto a los ciberdelitos, Rubén Chaia mencionó que en Argentina "hay delitos de cibercrimen que están de acuerdo a la Convención de Budapest, ya incorporados al Código Penal por leyes especiales y hay otros que no, pero las medidas de investigación sí pueden ser adaptadas en función de las necesidades de los operadores para investigar y sancionar esos delitos".
La Convención de Budapest se trata de un Convenio de Ciberdelincuencia acordado el 23 de noviembre de 2001 entre "los Estados miembros del Consejo de Europa y los demás Estados signatarios", según reza el Preámbulo del texto.
Fue el primer tratado internacional para enfrentar a los diferentes delitos que se cometen mediante herramientas informáticas en el mundo, que contó con la colaboración de los aportes de diferentes Estados para su confección.
En referencia al trabajo de investigación para el aporte de pruebas ante un ciberdelito, Chaia agregó que "todos somos minidetectives con un teléfono a mano. Así que ahora hay muchas más pruebas obtenidas por particulares, que se utilizan en juicio que las que obtienen, por ejemplo, los organismos del Estado o la Policía".
Sin embargo, un detalle no menor acompaña a la recolección de estas pruebas digitales, porque "es importante saber si esa prueba puede ser usada tanto por la acusación como por la defensa y cuáles son los mecanismos para validar esas pruebas y utilizarlas en un juicio luego de una investigación", especificó el jurista.
Es una particularidad sobre la cual se precisa avanzar, en la perspectiva del letrado, para lo cual compartió algunos puntos a trabajar en el ámbito jurídico.
Economía y legislación
No deja de ser importante analizar de qué manera se llevan a cabo las tareas de investigación de ciberdelitos en los países con mayores recursos económicos y, por ende, tecnológicos y con una legislación vigente al día con el tema.
Por esa razón, durante la entrevista con este diario, Chaia dividió su respuesta en las cuestiones económicas y por otro lado, lo estrictamente legal.
"El tema presupuestario, lo que se dedica la Comunidad Europea, Estados Unidos o el FBI y la verdad que las herramientas que tienen son costosas en dólares. Por lo que hay una cuestión de medios y recursos que podrían facilitar la persecución de delitos", explicó el letrado de Entre Ríos.
En lo estrictamente legal, los países más avanzados en la legislación sobre el ciberdelito, el jurista mencionó a Estados Unidos, Alemania, España e Italia, mientras "lo que hay de jurisprudencia en Argentina no es mucha porque los temas acá son trabajados desde hace poco".
El caso español fue explicado por Chaia, con el ejemplo del "artículo 588 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula muy precisamente aspectos sobre la investigación y la recolección de evidencia digital que en la Argentina está faltando. O sea, hay una cuestión legislativa que falta".
Para profundizar, el jurista detalló que "porque ahora la evidencia al no ser física es deslocalizada, es una evidencia frágil, fungible muchas veces, no hay originales, puede haber millones de copias idénticas, entonces con lo que se trabaja es con la copia bit a bit obteniendo un hash, que es un número como el ADN de cada archivo y eso tiene que ser trabajado por expertos".
Con el objetivo de ser más claro en lo estrictamente tecnológico, el jurista que desarrolla su actividad en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay citó el ejemplo del Ufed, es decir, el Universal Forensic Extraction Device, un software desarrollado por una compañía de Israel que se utiliza para extraer información de teléfonos móviles bajo órdenes judiciales.
"Hay herramientas como el Ufed que la última versión sale casi 90 mil dólares. Que eso esté en cada Unidad Fiscal es, hoy por hoy, casi imposible", aseguró Chaia.
Aspectos a mejorar
Rubén Chaia fue consultado por este medio sobre cómo se debería trabajar con las pruebas en los ciberdelitos, en base a sus conocimientos y experiencias.
"Pretendo que en algunos aspectos se apliquen protocolos para objetivar la labor, para evitar que las pruebas sean malogradas. Pretendo que en algunos casos se trabaje con la amplitud de prueba, para que lo formal no quite lo sustancial de la evidencia, es decir, que impidan que la prueba ingrese y luego, cómo se debe litigar, cómo se debe admitir en la etapa de investigación y cómo se debe incorporar en el juicio, que son dos trámites y dos etapas distintas", cerró el especialista en Derecho Penal Rubén Alberto Chaia.
Rubén Alberto Chaia
Rubén Alberto Chaia es un reconocido jurista que en la actualidad se desempeña como vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Graduado en la carrera de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se especializó en Derecho Penal (Universidad Austral) y publicó varios libros acerca de investigación penal, responsabilidad penal médica, la recolección de pruebas. También escribió artículos en revistas especializadas y disertó en numerosos certámenes jurídicos. Además, Chaia es presidente de la Asociación de Magistrados de Entre Ríos.