Luego de conocerse la sentencia a prisión perpetua para dos hermanos de apellido Ríos, por el crimen del comerciante Roberto Carlos Villa, en un hecho ocurrido en 2021, el fiscal de Cámara Diego Funes, del Ministerio Público de la Acusación dio detalles de la investigación, para llegar a estas conclusiones.
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Luego de conocerse la sentencia a prisión perpetua para dos hermanos de apellido Ríos, por el crimen del comerciante Roberto Carlos Villa, en un hecho ocurrido en 2021, el fiscal de Cámara Diego Funes, del Ministerio Público de la Acusación dio detalles de la investigación, para llegar a estas conclusiones.
Hay que recordar que Villa había sido denunciado como desaparecido, luego de haber salido de su hogar en el barrio 30 Hectáreas de Alto Comedero, para dirigirse a su local ubicado entre Uriondo y avenida El Éxodo del barrio Gorriti, donde se entrevistó con un hombre de 20 años a quien le ofreció trabajo.
Días después, el cuerpo del comerciante fue hallado en un barranco en cercanías de las Serranías de Zapla, con signos de haber sido estrangulado.
Con los datos aportados por los familiares de la víctima, iniciaron el rastrillaje de una camioneta marca Toyota Hilux de propiedad de Villa, y en esas circunstancias un hombre se hizo presente en la Brigada de Investigaciones, manifestando haber comprado el rodado de buena fe, y luego de chequear los datos, cayeron en cuenta que se trataba del vehículo de la víctima fatal y de inmediato se implementó una minuciosa investigación, para dar con los responsables del hecho.
Al respecto, el fiscal Diego Funes destacó que la fortaleza probatoria fue clave para lograr la condena de los hermanos Ríos. Durante la investigación se recolectaron elementos independientes como registros telefónicos, cámaras de seguridad, declaraciones de testigos y el informe de autopsia, los cuales coincidieron en señalar a los hermanos Ríos como responsables del crimen. "Contamos con pruebas que abordaron diferentes aspectos del caso, pero todas llevaron a la misma conclusión: que los acusados planificaron y ejecutaron el asesinato con el objetivo de robar y luego lucrar con la venta del vehículo", explicó el fiscal.
El caso presentó múltiples desafíos. Inicialmente, la desaparición de Villa fue tratada como una búsqueda de persona. "Fue un proceso complejo porque los acusados diseñaron un plan para ganar la confianza de la víctima, eliminarlo y borrar todo rastro del crimen. No sabíamos dónde estaba el cuerpo ni cómo habían sucedido los hechos", comentó.
La investigación logró destrabarse gracias a un testigo clave que, a pesar de las amenazas, brindó información crucial que permitió localizar el cuerpo.
Sobre el crimen
El homicidio ocurrió el 30 de junio de 2021, cuando los acusados llevaron a Villa a una zona del barrio San Pedrito de San Salvador de Jujuy. Facundo Ríos lo estranguló con una soga, mientras Ángel Ríos lo golpeaba y lo acusaba de conflictos personales. Tras su muerte, los imputados trasladaron el cuerpo a un barranco en Palpalá y robaron la camioneta Toyota Hilux de la víctima, que intentaron vender por 2.250.000 pesos.
Durante el juicio, las defensoras de los acusados solicitaron la exclusión probatoria y la absolución, argumentando que el testigo clave tenía intereses personales en el caso y una supuesta participación en los hechos.
Sin embargo, el tribunal desestimó estas pretensiones. "El tribunal entendió que las declaraciones del testigo estaban condicionadas por amenazas de los imputados y resultaron consistentes con las pruebas objetivas presentadas", indicó Funes.
"Desde el inicio, la investigación fue minuciosa y estratégica, lo que permitió desentrañar un crimen premeditado, reunir pruebas contundentes y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos", sostuvo el fiscal.
Este caso resalta la importancia del trabajo conjunto de las áreas del MPA, incluyendo la Fiscalía, el Organismo de Investigación y las pericias científicas y tecnológicas. Además, deja un mensaje claro sobre el impacto del homicidio criminis causa y la firmeza de la justicia para garantizar respuestas efectivas frente a delitos de esta magnitud.