Uno de los hechos que conmocionó a la comunidad jujeña fue la detención e imputación de 26 personas involucradas en una asociación ilícita en contexto de corrupción de menores, promoción de la prostitución y distribución de material de abuso sexual infantil, tras un allanamiento en un residencial ubicada en las inmediaciones de la exterminal de la capital jujeña.
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Uno de los hechos que conmocionó a la comunidad jujeña fue la detención e imputación de 26 personas involucradas en una asociación ilícita en contexto de corrupción de menores, promoción de la prostitución y distribución de material de abuso sexual infantil, tras un allanamiento en un residencial ubicada en las inmediaciones de la exterminal de la capital jujeña.
El hecho ocurrió el pasado 7 de noviembre, luego de que una mujer denunció en la Brigada de Investigaciones que su sobrina de 16 años, era obligada a prostituirse bajo amenazas y extorsiones de una joven de 19 y una mujer de 54 años, quienes mantenían un vínculo estrecho con el propietario del residencial de la calle Dorrego y un efectivo policial.
De la investigación se desprendió que al menos cuatro adolescentes entre 15 y 17 años eran obligadas a prostituirse, para ello la joven de 19 años las captaba, mientras su tía (54) coordinaba con el propietario del residencial Raúl "Rannys" Ruarte, para reservar los horarios de los turnos en el inmueble. Todo esto bajo el asesoramiento de un efectivo policial que cumplía servicio en la Seccional 4º del barrio Cuyaya.
Las víctimas declararon en Cámara Gesell y los relatos fueron coincidentes, eran captadas por la joven de 19 a través de la red social y en un momento determinado, esta persona le pedía a las adolescentes fotos en ropa interior o desnuda, a cambio de una cantidad de dinero.
Más adelante la joven empezó a extorsionarlas con publicar las fotos en las redes sociales y avisar a sus padres, sino no hacían lo que ella les ordenaba.
Los investigadores procedieron a la detención de 26 personas involucradas en distintas calificaciones legales, de las cuales cuatro de ellas serían las autoras intelectuales de estos delitos y el resto de las personas implicadas habrían abusado de las adolescentes en el interior del inmueble.
Esta información quedó registrada en los teléfonos celulares de las víctimas que fueron analizados por los peritos del Ministerio Público de la Acusación, donde además se pudo establecer el estrecho vínculo de la mujer de 54 años, con el dueño del residencial.
En las conversaciones que figuran en el expediente judicial, quedó establecido que la joven de 19 años y su tía, mandaban mensajes a las víctimas, describiendo a qué hora y a qué habitación del residencial "Rannys" debían ingresar y cuánto era el monto de dinero que tenían que dividir con estas personas.
Los investigadores lograron establecer el modo en que las mujeres controlaban a las víctimas, el seguimiento que le hacían y de qué manera las mantenían amenazadas; todos los mensajes figuran en más de 500 fojas del expediente judicial.
A una semana del aberrante descubrimiento, los investigadores tomaron conocimiento del deceso de un hombre de 44 años, quien era sobrino de Ruarte y trabajaba en la mesa de recepción del residencial. Fue hallado en un camping del dique La Ciénaga de la ciudad de El Carmen y su teléfono también fue peritado por los profesionales del MPA.
De allí surgieron datos de sumo interés para la causa, por ejemplo: la importante cantidad de dinero que salía de ese lugar, se habla de sumas entre 5 y 8 millones de pesos semanales, que una empleada del inmueble llevaba personalmente a la casa de Ruarte y las pistas que siguen los pesquisas, podría tratarse de otra actividad ilícita que podría estar involucrado el dueño del hotel.
El mediodía del sábado 21 de diciembre fue citado a indagatorias el efectivo policial involucrado a la causa y al cierre de este anuario, el Juzgado interviniente analizaba el pedido de prisión preventiva solicitado por la Unidad Fiscal que entiende la causa.
Una fuente cercana a la investigación le confió a nuestro diario que el pedido de elevación a juicio oral de este expediente está a punto de materializarse, solo restaban los informes finales de los análisis de los teléfonos celulares de los imputados, para que el la Unidad Fiscal especializada en estos tipos de delitos de por concluida la investigación.
Una causa muy compleja
Los investigadores no descartan que esta causa vincule a otras personas, incluso que están imputadas y procesadas en hechos similares.
Hay que recordar que en agosto de 2023, el reciente concejal electo de la ciudad de El Carmen, Ángel Orlando Jaramillo, fue detenido, acusado y procesado por tenencia, producción y distribución de material pornográfico que involucra a personas menores de edad, así como corrupción de menores y promoción de la prostitución agravada en el caso de víctimas menores de 18 años, en un esquema de concurso real. Actualmente, la causa está lista para ser elevada a juicio oral y público.
El análisis y el cruce de datos de los celulares de los imputados, que fueron secuestrados en este caso, encontró nexos entre algunas de las personas involucradas en la "residencial del horror".
Una fuente cercana a la investigación le confió a nuestro diario que en el dispositivo que le fue secuestrado a Jaramillo, estaban las fotos de algunas de las adolescentes que eran explotadas sexualmente.