El principal imputado es un comerciante que desde 2022 acumula varias causas. Lo acusan de contrabandear comestibles, bebidas y otros productos a Bolivia, con una red que se había afianzado en La Quiaca y se extendía a San Salvador. Le allanaron cuatro propiedades y comercios en operativos de los que participaron Gendarmería Nacional, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Dirección General de Aduanas. En uno de los domicilios tenía más de 100 millones de pesos que no pudo justificar, además de camionetas, motos, un camión y mercadería valuadas en sumas millonarias.
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El principal imputado es un comerciante que desde 2022 acumula varias causas. Lo acusan de contrabandear comestibles, bebidas y otros productos a Bolivia, con una red que se había afianzado en La Quiaca y se extendía a San Salvador. Le allanaron cuatro propiedades y comercios en operativos de los que participaron Gendarmería Nacional, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Dirección General de Aduanas. En uno de los domicilios tenía más de 100 millones de pesos que no pudo justificar, además de camionetas, motos, un camión y mercadería valuadas en sumas millonarias.
La jueza federal de Garantías N°2 de Jujuy, Carina Gregoraschuk, a instancias de una investigación realizada por el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy, a cargo del fiscal Federico Zurueta, hizo lugar a la imputación penal requerida contra el comerciante Miguel Bautista como presunto autor del delito de contrabando de mercadería agravado por el valor, en concurso real con lavado de activos calificado por la habitualidad.
Asimismo, y también a pedido de la fiscalía, la magistrada dispuso la prisión preventiva en una unidad carcelaria federal del acusado, como así también autorizó pericias a teléfonos celulares y otros dispositivos secuestrados. Además, mantuvo la clausura de la firma comercial, a través de la cual operaba Bautista.
Estas medidas, adoptadas en carácter de jueza subrogante del Juzgado de Garantías N°1, fueron ordenadas en el marco de una audiencia de ampliación de la acusación penal, celebrada el 20 de septiembre pasado, en el marco de un caso que la fiscalía investiga desde agosto del 2023.
Prisión preventiva
Descriptos los hechos, las pruebas y requerida la acumulación de los casos, la fiscalía requirió la prisión preventiva del único acusado, hasta ahora, en función del riesgo de fuga, entorpecimiento procesal, gravedad del hecho y la logística desplegada en el accionar ilícita.
En su análisis, el auxiliar fiscal descartó que Bautista pueda acceder a un beneficio de ejecución condicional en caso de recaer condena, pues la escala penal aplicada, en virtud de los delitos de contrabando y lavado de activos, oscila entre los 4 años y 6 meses y los 23 años de prisión. Además, recordó que el acusado violó las reglas de conductas impuestas, entre ellas la obligación de no incurrir en nuevos delitos ni salir del país.
Dichos fundamentos fueron compartidos por la jueza, quien dictó la prisión preventiva de Bautista, ya que también el acusado, por la enorme cantidad de dinero secuestrado en su poder, tiene la capacidad económica para darse a la fuga, como así también la facilidad para hacerlo, pues conoce los pasos ilegales.