La Argentina debería incorporar una nueva carrera terciaria: Licenciatura en Administración de Problemas sin Resolución. Tendría una duración aproximada de cuatro años, aunque podría extenderse indefinidamente por razones presupuestarias, administrativas o, simplemente, porque siempre habrá una comisión encargada de evaluar la posibilidad de modificar el plan de estudios. El título habilitaría para desempeñarse en ministerios, secretarías, direcciones, coordinaciones y cualquier organismo donde exista un escritorio, una computadora, un sello y la posibilidad concreta de decir: “eso lo estamos viendo”.
No sería necesario cursar demasiado. Bastaría con aprender algunas materias fundamentales: Introducción al Expediente, Técnicas Avanzadas de Derivación, Seminario de Reuniones que Podrían Haber Sido un Correo Electrónico, Administración Estratégica de la Demora y, naturalmente, Planificación de Planificaciones. La práctica profesional consistiría en recibir un problema concreto y conseguir que, seis meses después, siga exactamente en el mismo lugar, aunque acompañado de una carpeta considerablemente más gruesa.
Los Ministerios, ha conseguido perfeccionar esta disciplina hasta convertirla casi en una forma de arte. Un problema aparece y, en lugar de desaparecer, se multiplica: nace una secretaría para atenderlo, una dirección para coordinarla, una comisión para estudiarlo y una mesa de trabajo para articular a quienes participan de la comisión. Finalmente, alguien anuncia que “se está trabajando fuertemente” y el asunto adquiere una dignidad institucional que antes no tenía. Nadie sabe muy bien qué se está trabajando, pero la frase tiene una ventaja extraordinaria: permite transmitir actividad sin correr el riesgo de comprometer un resultado.
En Jujuy conocemos bastante bien esta liturgia. Aquí también existen oficinas donde probablemente una persona pueda pasar una mañana completa buscando a otra persona que está en otra oficina buscando el expediente que demuestra que ambas personas deberían estar trabajando juntas. El Estado puede convertirse, de ese modo, en una especie de juego de la oca burocrático: avance tres casilleros, presente una nota, retroceda dos, solicite una firma, vuelva a la ventanilla y espere a que aparezca alguien que tenga la autoridad suficiente para decirle que debe regresar mañana. Y mañana, naturalmente, es una institución mucho más sólida que cualquier ministerio.
Pero si existe un territorio donde esta maquinaria adquiere un refinamiento especial es el Ministerio de Educación. Allí la burocracia ha logrado ingresar hasta el corazón mismo de las carreras y sentarse cómodamente sobre los planes de estudio. Y aquí aparece una pregunta que nadie debería considerar ofensiva, aunque probablemente resulte incómoda: ¿cuánto conoce de una carrera quien decide cómo debe ser esa carrera? Porque una cosa es administrar educación y otra, bastante distinta, saber de educación, y una tercera —todavía más complicada— conocer específicamente aquello que se pretende enseñar. Sin embargo, hemos llegado a una situación curiosísima en la que profesionales con años de formación y experiencia tienen que explicar a funcionarios administrativos cómo funciona la profesión que esos funcionarios están autorizados a organizar.
Es una escena casi teatral. El docente llega con una observación concreta sobre una materia, una práctica profesional o una necesidad de los estudiantes. Explica, fundamenta y desarrolla. Del otro lado lo escuchan atentamente, con esa expresión solemne que adopta la burocracia cuando está a punto de producir un documento. Al terminar, alguien pregunta: “¿Y eso está contemplado en la normativa?”. El docente intenta responder que el problema no es normativo sino académico. Se hace un silencio. Alguien anota algo. Otro propone elevar una consulta. Y así, lentamente, una cuestión pedagógica termina convertida en expediente. El expediente, por supuesto, comienza su viaje. Tal vez dentro de algunos meses regrese con una respuesta. Tal vez no. En cualquier caso, durante ese tiempo habrá demostrado una extraordinaria capacidad de desplazamiento administrativo, que es una forma de movimiento, aunque no necesariamente de progreso.
Las carreras terciarias merecen un capítulo aparte. Porque allí la distancia entre quienes diseñan y quienes conocen puede resultar directamente pintoresca. Hay personas que pueden tener una enorme capacidad de gestión y, al mismo tiempo, no conocer en profundidad la disciplina sobre la que deben tomar decisiones. No es un pecado. Nadie puede saberlo todo. El problema aparece cuando el sistema confunde autoridad administrativa con conocimiento específico y termina creyendo que, porque alguien ocupa el escritorio correcto, también posee automáticamente la respuesta correcta. Es como poner al director de un hospital a decidir cómo se realiza una cirugía porque sabe organizar turnos. La comparación parece exagerada, hasta que uno mira algunos planes de estudio y descubre que la realidad suele tener un sentido del humor bastante superior.
Mientras tanto, quienes sí conocen la profesión siguen trabajando. El docente prepara clases, corrige, evalúa, acompaña estudiantes, resuelve problemas y, en ocasiones, termina haciendo también de psicólogo, orientador, gestor, secretario y especialista en supervivencia administrativa. Todo eso por un salario que obliga a practicar una disciplina financiera que podría llamarse Economía Doméstica de Alto Riesgo. Y aquí aparece otra maravilla del sistema: la matemática salarial.
Hay trabajadores que necesitan sumar horas para mejorar sus ingresos y funcionarios que necesitan una calculadora para recordar cuánto cobran. Entre ambos existe una distancia que no se explica únicamente por la responsabilidad del cargo, sino también por una cultura política en la que quienes administran determinadas áreas pueden encontrarse económicamente muy lejos de quienes las sostienen todos los días. Un docente puede acumular títulos, capacitaciones, años de servicio, experiencia y responsabilidades, pero al llegar a fin de mes descubrir que la antigüedad profesional no cotiza demasiado en el supermercado. El ministro, en cambio, puede hablar durante una conferencia sobre la importancia de la educación mientras el docente que lo escucha hace mentalmente una cuenta bastante más sencilla: alquiler, comida, transporte, servicios y, si queda algo, dignidad.
No es necesario convertir esto en una guerra entre trabajadores y funcionarios. El problema es mucho más interesante: qué clase de sistema construimos cuando quienes toman las decisiones sobre el trabajo cotidiano están cada vez más alejados de las condiciones materiales de quienes deben ejecutarlas. La política suele hablar de eficiencia. La administración responde con formularios. La educación pide conocimiento específico. La burocracia ofrece una reunión. Los trabajadores piden mejores salarios. El sistema responde con una mesa de diálogo. Los estudiantes necesitan carreras actualizadas. Alguien anuncia que se revisará el plan de estudios. Y todos felices. Bueno, casi todos. Porque hay una persona que nunca aparece en la foto institucional: la que necesita que algo funcione. Esa persona no tiene secretaria, no tiene asesor, no tiene despacho y, por supuesto, no tiene un sello. Tiene problemas. Necesita una respuesta y suele descubrir que para obtenerla debe atravesar una pequeña odisea administrativa en la que cada oficina conoce perfectamente cuál no es su competencia.
“Eso no corresponde acá”. Quizás esa sea una de las frases más importantes de la administración pública jujeña. Después de todo, si cada oficina consigue demostrar que el problema corresponde a otra, el sistema funciona perfectamente. El problema queda sin resolver, pero perfectamente derivado. Y así pasan los años, cambian los gobiernos, cambian los nombres de los ministerios, aparecen nuevas secretarías con nombres cada vez más largos y sofisticados, se presentan programas con palabras como innovación, transformación, modernización y fortalecimiento, mientras debajo de semejante arquitectura conceptual persiste la vieja pregunta: ¿quién va a solucionar esto? La respuesta suele ser tranquilizadora: “Se está trabajando”. Y uno quisiera creer. Pero después recuerda que en la Argentina hasta los problemas tienen antigüedad, los expedientes tienen más vida útil que algunos gobiernos y ciertas reuniones sobreviven a los funcionarios que las convocaron.
Entonces comprende que quizá no estamos frente a una incapacidad accidental para resolver problemas, sino frente a una maquinaria perfectamente adaptada para convivir con ellos. Una maquinaria que produce cargos, informes, reuniones, planes, programas, diagnósticos, protocolos y discursos con una eficacia admirable. Lo único que todavía le cuesta producir es resultado. Pero seguramente ya están trabajando en eso. Probablemente exista una comisión. Y si todavía no existe, tranquilos: alguien estará redactando la nota para solicitar que se evalúe la posibilidad de crearla.
*Miguel Angel Falcón Padilla. Doctor en Filosofia.
