Debo entender que los años que deberían medirse, ya, de otra manera. No por los meses que pasan, ni por los calendarios que se descuelgan de las paredes, ni siquiera por las estadísticas económicas con las que acostumbramos a celebrar -o lamentar- nuestro paso por el tiempo. Hay años que deberían medirse por la cantidad de veces que la naturaleza nos golpea la puerta para decirnos que algo está profundamente mal. Este 2026 parece ser uno de ellos.
Desde enero, el planeta viene escribiendo una crónica con fuego, agua, calor, viento y barro. Australia conoció temperaturas cercanas a los 50 grados y nuevos incendios devastaron territorios acostumbrados a convivir con el fuego. En la Patagonia argentina, Chubut ardió bajo temperaturas extremas y vientos capaces de convertir una chispa en una tragedia. En Brasil, las lluvias desbordaron ciudades y sepultaron vidas bajo toneladas de barro. Nairobi quedó parcialmente sumergida. China atravesó inundaciones, calor extremo y amenazas sobre sus cosechas. Estados Unidos vivió, simultáneamente, incendios forestales, humo tóxico e inundaciones devastadoras. Europa soportó sucesivas olas de calor, sequías e incendios, con temperaturas superiores a los 40 grados en enormes regiones habitadas.
Y ahora, cuando todavía estamos intentando comprender el tamaño de todo esto, el Himalaya acaba de recordarnos que también las montañas pueden quebrarse. El 26 de agosto, un colapso de hielo y roca desencadenó una inundación catastrófica en la frontera entre Nepal y Tíbet. Centenares de personas murieron y miles permanecían desaparecidas mientras las aguas arrastraban viviendas, caminos, puentes, instalaciones energéticas y poblaciones enteras. Los científicos investigan las causas inmediatas, pero existe una evidencia incómoda: el calentamiento está debilitando glaciares, alterando ecosistemas de alta montaña y aumentando la inestabilidad de territorios que durante siglos parecían eternos. Entonces aparece la pregunta que incomoda: ¿Estamos frente a una sucesión de desgracias naturales o frente a la factura de nuestra propia manera de habitar el mundo?
Porque decir simplemente "desastre natural" puede resultar tranquilizador. La palabra naturaleza parece absolvernos. Como si el fuego hubiera decidido solo incendiar los bosques. Como si las inundaciones fueran caprichos del cielo. Como si las olas de calor hubieran descendido desde alguna divinidad caprichosa. Como si el planeta, de pronto, se hubiera vuelto enemigo del hombre. Pero no. La naturaleza tiene sus ciclos. Lo que hemos modificado brutalmente es la intensidad, la frecuencia y las condiciones sobre las cuales esos ciclos se desarrollan.
Durante décadas hemos convertido el planeta en una gigantesca góndola de supermercado. Todo tiene precio. El agua tiene precio. El bosque tiene precio. La tierra tiene precio. El mineral tiene precio. El paisaje tiene precio. Y cuando algo no tiene precio, sencillamente no parece tener valor. Ese es quizás el mayor fracaso de nuestra civilización: haber confundido valor con rentabilidad. Hemos construido una economía capaz de calcular cuánto cuesta extraer una tonelada de mineral, pero todavía discutimos cuánto vale un río. Sabemos cuánto produce una hectárea, pero no cuánto cuesta destruir un ecosistema. Podemos establecer el precio internacional del litio, pero seguimos teniendo enormes dificultades para ponerle precio a una laguna que tardó miles de años en formarse.
Y ahí, justamente ahí, aparece nuestro Norte. En Jujuy hablamos con orgullo -y con razón- de nuestras montañas, nuestros salares, nuestra inmensidad puneña. Hablamos de desarrollo, inversiones, empleo, tecnología y litio. Pero también deberíamos hablar, con idéntico énfasis, de agua, equilibrio hidrogeológico, biodiversidad, comunidades y futuro. Porque el litio no aparece mágicamente en una caja. Está allí, en un territorio. Y ese territorio tiene una historia geológica, una delicadísima relación entre agua superficial y subterránea, salmueras, humedales, microorganismos, fauna, vegetación y comunidades humanas.
El propio Gobierno de Jujuy reconoce la necesidad de estudiar la dinámica hídrica de las cuencas Olaroz-Cauchari y de fortalecer los mecanismos de control ambiental. Existen inspecciones, informes de impacto ambiental y mecanismos de consulta pública. También se anuncian nuevos proyectos y ampliaciones vinculados al litio. Pero precisamente por eso debemos ser todavía más exigentes. Porque una ley no protege por sí sola un salar. Un decreto no detiene una sequía. Una resolución no devuelve un ecosistema destruido. Un estudio de impacto ambiental no puede convertirse en un formulario administrativo que habilite aquello que ya estaba decidido de antemano. Y una inspección no alcanza si llega después del daño.
El Estado no puede limitarse a ser escribano del desarrollo económico. No puede convertirse en una oficina que certifica inversiones mientras la naturaleza queda relegada al pie de página. El Estado tiene una responsabilidad mucho más profunda: ser garante del bien común. Y el ambiente es, quizás, la expresión más pura del bien común.
El agua que hoy parece abundante puede no serlo mañana. El salar que hoy parece inmóvil puede estar sufriendo transformaciones que no alcanzamos a percibir. La montaña puede soportar una intervención durante algunos años y revelar décadas después sus heridas. La naturaleza tiene una particularidad que el mercado todavía no ha aprendido a comprender: muchas veces, cuando el daño se vuelve visible, ya es demasiado tarde. Eso es lo verdaderamente peligroso. Que confundamos crecimiento con progreso. Que llamemos desarrollo a cualquier actividad que produzca dinero. Que llamemos sustentable a aquello que simplemente cumple con la legislación mínima. Que aceptemos como inevitable el deterioro cuando detrás de él aparecen inversiones, exportaciones y balances positivos.
El mercado tiene una lógica perfectamente comprensible: busca rentabilidad. Pero la naturaleza no negocia. No firma contratos. No acepta compensaciones. No participa de directorios empresariales. No vota presupuestos. No puede contratar abogados. Y por eso necesita del Estado, aunque muchos crean que es un estorbo, que no es factible, y que el cambio climático es una agenda impuesta.
El planeta, necesita controles independientes, información pública real, monitoreos permanentes, ciencia y participación comunitaria. Transparencia. Pero sobre todas las cosas, funcionarios capaces de decir que NO, cuando el precio de un negocio comienza a ser demasiado alto para la sociedad en su conjunto. Porque el gran error sería creer que cuidar el ambiente significa oponerse al desarrollo. No. Cuidar el ambiente significa preguntarnos qué clase de desarrollo queremos. Un desarrollo que extraiga hasta que se agote. O un desarrollo que comprenda que hay territorios que no pueden recuperarse con dinero.
El planeta nos está dejando señales demasiado evidentes. Incendios donde antes había bosques. Inundaciones donde antes había ciudades. Calor donde antes había estaciones. Glaciares que retroceden. Montañas que se desmoronan. Mares cada vez más calientes.
Y nosotros seguimos haciendo cuentas, y cuando decimos nosotros, hablamos del Estado. Ese instrumento humano, donde todos somos, pero nos olvidamos de ser. Y dejamos en manos ignorantes, la responsabilidad infinita de cuidar el único lugar habitable: la tierra. Tal vez ha llegado el momento de hacer otra cuanta, la carece de números, fórmulas, gastos y costos: la cuenta de nuestro propio futuro. Porque si seguimos convirtiendo cada árbol, cada río, cada salar y cada montaña en una oportunidad de negocio, algún día descubriremos, demasiada tarde, que la verdadera riqueza que estábamos vendiendo no era el litio, ni la madera, ni la tierra: Éramos nosotros. Y quizás entonces el planeta ya no tenga nada que vendernos. Ni siquiera agua.
(*) Miguel Angel Falcón Padilla es doctor en Filosofía.