Las sanciones económicas han sido, durante décadas, una de las herramientas más utilizadas de la política internacional. Se anuncian contra Estados, se justifican en nombre de la democracia, los derechos humanos o la seguridad global, y se presentan como una alternativa a la guerra. Sin embargo, detrás de ese discurso persiste una pregunta incómoda: ¿Qué pasa con la gente que vive dentro de esos países? Porque mientras las decisiones se toman en despachos lejanos, los efectos se sienten en la vida cotidiana: en el precio de los alimentos, en la disponibilidad de medicamentos, en el valor del salario y en las oportunidades que desaparecen. En la mayoría de los casos, los gobiernos no han sido desplazados ni se han producido cambios políticos estructurales. Lo que sí ha cambiado, de manera concreta y medible, es la vida de sus poblaciones.
En el caso de Irán, que acumula más de 3.500 sanciones activas, las mismas redujeron drásticamente las exportaciones de petróleo, su principal fuente de ingresos, generando contracciones económicas y una inflación persistente por encima del 50% anual, que erosiona el poder adquisitivo.
En Cuba, más de seis décadas de embargo consolidaron una economía de escasez estructural. La vida cotidiana está atravesada por la incertidumbre y por la necesidad de una adaptación permanente; a modo de ejemplo las restricciones limitan el flujo de remesas(transferencias de dinero enviadas por trabajadores emigrantes a sus familiares), las cuales representan cerca del 8,3% del PBI cubano y son fundamentales para el consumo familiar.
En Rusia, el país más sancionado del mundo, con más de 16.000 medidas aplicadas desde 2022, las sanciones posteriores al conflicto en Ucrania impactaron en el sistema financiero y comercial (Occidente congeló cerca de 300.000 millones de dólares en activos del Banco Central de Rusia en el exterior), generando subas de precios, restricciones en el acceso a productos importados y cambios en el mercado laboral. A pesar de todo esto, la economía rusa creció un 3,6% en 2023 y 3,2% para 2024, superando en ocasiones a las economías de la Unión Europea y Estados Unidos.Aunque el Estado ruso logró amortiguar parte del impacto mediante la reorientación comercial hacia Asia, la adaptación no es neutra: implica ajustes que recaen sobre la población.
Otro país impactado por las sanciones es Corea del Norte, que supera las 2.000 medidas; el aislamiento extremo ha configurado una economía prácticamente cerrada, con limitaciones severas en comercio, energía y alimentos, donde las condiciones de vida están marcadas por restricciones constantes y pocas posibilidades de desarrollo.
En muchos de estos casos, las sanciones terminan consolidando a las élites gobernantes al permitirles externalizar responsabilidades: la crisis ya no es atribuida a la mala gestión, sino al "bloqueo externo".
Pero este fenómeno no se limita a países considerados adversarios del "orden internacional". También alcanza -aunque bajo otras formas- a economías relevantes o incluso aliadas. Las amenazas de sanciones o medidas económicas por parte de Estados Unidos han alcanzado a México, en el marco de disputas comerciales y migratorias; a China, con restricciones tecnológicas y comerciales que impactan en cadenas globales de producción; a Colombia, en discusiones vinculadas a políticas internas; e incluso a España, en contextos de tensiones económicas o regulatorias. No siempre se trata de sanciones plenas, pero sí de herramientas de presión económica, financiera o comercial que muestran que el ejercicio del poder no distingue únicamente entre adversarios y aliados, sino que responde a intereses concretos.
América Latina también ofrece otros ejemplos que complejizan el análisis. Tras la Guerra de las Malvinas, Argentina enfrentó sanciones y restricciones que condicionaron su acceso a financiamiento y tecnología, profundizando su aislamiento en un momento crítico. En los años posteriores, el desmantelamiento del proyecto misilístico Cóndor II se produjo en un contexto de presión internacional que llevó al país a resignar capacidades estratégicas como parte de su reinserción global. En este caso, el impacto no fue inmediato en el consumo cotidiano, pero sí en la autonomía tecnológica y en las decisiones de largo plazo.
Ahora bien, no todas las sanciones han tenido el mismo desenlace. El caso de Alemania y Japón tras la Segunda Guerra Mundial introduce una diferencia clave. Ambos países fueron sometidos a condiciones extremadamente duras, con desarme, ocupación y pérdida de soberanía. Sin embargo, esas sanciones estuvieron acompañadas por planes masivos de reconstrucción, inversión y reintegración al sistema internacional. La alineación con el orden liderado por Estados Unidos fue parte de ese proceso, pero también lo fueron los incentivos, el acceso a mercados y la transferencia de tecnología. El resultado fue completamente distinto: en lugar de estancamiento, se produjo desarrollo. Esto demuestra que las sanciones, por sí solas, no transforman sistemas; lo que define el resultado es el contexto y lo que ocurre después.
Aquí aparece el punto más incómodo del debate,la doble vara para medir: las sanciones no se aplican de manera uniforme, sino en función de intereses geopolíticos. Algunos países son castigados por desarrollar capacidades estratégicas, mientras otros las mantienen sin enfrentar consecuencias equivalentes. Las potencias que hoy sancionan son las que definen las reglas del sistema internacional y las que han ejercido ese poder sin mecanismos similares de control. Por ejemplo,el uso de armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki sigue siendo un recordatorio de que no todos los actores enfrentan los mismos parámetros.
Esto no implica negar que existan razones para aplicar sanciones, implica reconocer que no son herramientas neutrales. Son instrumentos de poder y como todo instrumento de poder, generan efectos concretos que van más allá de los objetivos declarados.
En realidad, la pregunta correcta debiera ser: ¿Sirven las sanciones para cambiar conductas políticas o funcionan como mecanismos de presión cuyo costo recae en quienes no toman las decisiones?
Los Estados señalados como violadores de normas internacionales suelen responder con resistencia, adaptación o cierre, sin modificar necesariamente sus prácticas de fondo. Al mismo tiempo que quienes concentran mayor poder global no siempre aceptan ser juzgados bajo los mismos estándares. Un ejemplo de ello es el caso Nicaragua vs. Estados Unidos (1986) ante la Corte Internacional de Justicia, cuyo fallo no fue acatado por Estados Unidos y reflejó con claridad esa tensión estructural.
Para los Estados sancionados, el desafío es revisar sus prácticas y construir legitimidad interna y externa que reduzca su vulnerabilidad. Para quienes ejercen el poder sancionador, la responsabilidad es mayor: sostener reglas que también estén dispuestos a cumplir. Sin esa coherencia, el sistema internacional pierde credibilidad y las sanciones dejan de ser herramientas de orden para convertirse en expresiones de fuerza.
Porque cuando las normas no son compartidas, sino impuestas, ya no ordenan,condicionan.Y cuando el poder solo condiciona, no corrige conductas, las perpetúa.
(*) El licenciado en Relaciones Internacionales Alejandro G. Safarov es director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Ucse Jujuy, miembro del Departamento de América Latina y el Caribe del IRI- Universidad Nacional de La Plata e integrante del Consejo Federal de Estudios Internacionales (Cofei).