En Jujuy la salud mental tiene un lugar asegurado: al pie de página, en letras muy chiquitas y casi invisibles. Allí donde descansan las buenas intenciones, el PowerPoint prolijo y las declaraciones que no comprometen a nadie. Se la nombra en septiembre, se la ilustra con lazo verde, se la celebra con jornadas. Y luego, con la eficacia de una rutina bien aceitada, se la devuelve al silencio administrativo. ¿Qué otra cosa podría hacerse con un problema que no corta cintas, no inaugura edificios y no promete votos en el próximo turno electoral?
La política local ha encontrado una solución elegante: hablar mucho para no decidir nada. Las cifras ayudan a sostener la cortesía. Se repite que la tasa de suicidios ha descendido en los últimos años en la provincia, en línea con una leve baja nacional. Se exhibe el número como quien muestra un certificado de buena conducta. Pero debajo de esa superficie ordenada crece otra estadística, menos amable: los intentos aumentan, las intervenciones de emergencia se multiplican, los equipos atienden miles de episodios por año, y una franja inquietante -adolescentes cada vez más jóvenes- entra en escena.
¿Estamos mejor o simplemente estamos llegando antes al mismo precipicio? La diferencia no es menor: una cosa es prevenir, otra es administrar el derrumbe con mayor velocidad de respuesta. La pregunta, claro, no figura en ningún informe. Tampoco figura el hecho de que por cada muerte hay muchas más historias que no llegan a titular, biografías suspendidas en una zona gris donde el Estado aparece de manera intermitente, casi protocolar. Se interviene, se contiene, se registra. Y se sigue.
La maquinaria funciona. La vida, no siempre. En paralelo, el consumo crece y ofrece una pedagogía brutal: donde falta sentido, sobra anestesia. Alcohol, psicofármacos, sustancias psicoactivas: no son anomalías, son respuestas. Respuestas a la precariedad, a la incertidumbre, a una economía que promete poco y exige mucho.
Pero la política prefiere una lectura más cómoda: convertir el síntoma en delito o en expediente sanitario. Es más sencillo decomisar que transformar, más rentable exhibir operativos que discutir condiciones. La realidad, sin embargo, insiste en su tozudez: no hay programa de prevención que compita con la desesperanza cotidiana. Y en el centro de esta escena hay un dato que roza lo obsceno: quienes sostienen el sistema son, a la vez, sus principales víctimas.
Docentes, médicos, enfermeros y todo un comprometido con la salud mental, que no alcanza y no llega; todos; convertidos en primera línea emocional de una sociedad sin red, hacen de psicólogos, trabajadores sociales y, cuando pueden, de sí mismos. Se les pide todo: que escuchen, que contengan, que intervengan, que no se quiebren. Se los aplaude en actos, se los menciona en discursos, se los exprime en la práctica. ¿Su salud mental? Tema para otra reunión.
El desgaste no figura en el presupuesto. El agotamiento no corta cintas. La angustia laboral no inaugura nada. ¿Qué parte de esta ecuación no entiende el sistema político y legislativo? Tal vez ninguna: tal vez la entiende demasiado bien. Porque asumir la salud mental como prioridad implicaría discutir lo que realmente duele: el modelo de desarrollo, la distribución del ingreso, la calidad del empleo, la arquitectura del Estado. Implicaría aceptar que la angustia tiene causas y no solo síntomas. Y eso, claro, es mucho más incómodo que financiar campañas de concientización.
A nivel nacional, la ley de salud mental fija un horizonte: atención comunitaria, interdisciplinaria, con base territorial. Un ideal que suena impecable en el papel. En la práctica, la brecha entre la norma y la realidad se mide en recursos que no llegan, en equipos que no alcanzan, en dispositivos que no se sostienen en el tiempo. En Jujuy, como en gran parte del país, el presupuesto en salud mental sigue siendo una porción menor del gasto sanitario, muy lejos de las recomendaciones internacionales. Pero la discusión rara vez se formula en esos términos. Se prefiere el lenguaje neutro de la "articulación", la "sensibilización", la "mesa intersectorial".
Palabras que no lastiman. Palabras que no obligan. Palabras que, curiosamente, tampoco cambian nada. Entonces conviene volver a una pregunta menos elegante y más precisa: ¿cuánto vale la salud mental en la escala real de prioridades de la provincia? No en los discursos, sino en los números.
¿Cuánto del presupuesto se destina a dispositivos territoriales sostenidos, a equipos interdisciplinarios estables, a programas que sobrevivan más allá de un ciclo político?¿Y cuánto se invierte, en paralelo, en la maquinaria que reproduce la política misma: estructuras, cargos, comunicación, gestión de imagen?
¿Cuántos de los ministros y ministerios, legisladores; referentes políticos, estarían realmente comprometidos con la salud mental como prioridad de la sociedad jujeña?
La comparación incomoda porque revela algo que no necesita demasiada teoría: la desproporción no es técnica, es moral. Se la percibe en hospitales saturados, en escuelas desbordadas, en familias que hacen de Estado de emergencia sin haber sido elegidas para eso. Se la percibe, sobre todo, en la persistencia de una idea tácita: que la salud mental puede esperar. Que siempre puede esperar. Hasta que deja de hacerlo. Se repite, con tono de consigna, que hablar de salud mental salva vidas. Es probable.
Pero también es cierto que hablar sin modificar condiciones se parece demasiado a una forma sofisticada de indiferencia. Una provincia puede permitirse muchas cosas, pero no debería permitirse esta: naturalizar el sufrimiento mientras perfecciona su retórica. Porque cuando la política aprende a convivir con el malestar sin interrogar sus causas, lo que está en crisis no es solo un sistema sanitario. Es la propia noción de responsabilidad pública. Y ahí la pregunta final ya no es sanitaria ni técnica. Es, en el fondo, filosófica y brutalmente política: ¿para qué gobierna una provincia si no es, entre otras cosas, para evitar que su gente quiera dejar de vivir en ella?
(*) Miguel Ángel Falcón Padilla es doctor en Filosofía.
