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La trampa de aguantar

Lunes, 16 de noviembre de 2026 00:00
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Una sociedad puede convivir durante mucho tiempo con grandes diferencias de riqueza. Sus integrantes trabajan, pagan impuestos y aceptan decisiones que los perjudican porque esperan que el esfuerzo les permita vivir mejor, o al menos que sus hijos tengan más oportunidades. Ese acuerdo nunca fue firmado por cada ciudadano, pero se renueva todos los días mientras conserva cierta credibilidad. Empieza a perderla cuando cumplir las reglas ya no alcanza para progresar y quienes más se benefician de ellas parecen tener permiso para incumplirlas.

La distancia es enorme: el Informe sobre la Desigualdad Mundial 2026 calcula que el 10% más rico de la población adulta posee cerca del 75% de la riqueza global, mientras la mitad más pobre reúne apenas el 2%. A su vez, el Banco Mundial estima que 811 millones de personas viven con menos de tres dólares diarios, ajustados según el poder de compra de cada país. Unas familias disponen de propiedades y capital que seguirán produciendo ingresos; otras dependen de lo que puedan ganar mañana para cubrir las necesidades de mañana.

Joseph Stiglitz sostiene que semejante concentración responde también a las reglas que organizan la economía. En el informe que encabezó para el G20, junto con otros especialistas, señaló que el 1% más rico captó el 41% de la nueva riqueza generada entre 2000 y 2024, frente al 1% que recibió la mitad más pobre. De allí su insistencia en examinar el poder de las grandes empresas para fijar condiciones, la capacidad de negociación de los trabajadores, los impuestos sobre el capital y la influencia del dinero en la política. Cuando quienes obtienen mayores beneficios pueden intervenir además en la redacción de las reglas futuras, la desigualdad adquiere una forma de protección propia.

En América Latina, cada cambio de modelo renueva una esperanza: la apertura promete inversiones y empleo; la intervención estatal, una distribución más justa; los ajustes, un crecimiento que llegará después del sacrificio. Algunas políticas lograron reducir la pobreza, pero esa mejora no siempre se convirtió en movilidad social duradera.

Según la Cepal, en un promedio de 16 países el 10% más rico recibe el 34,2% del ingreso, frente al 1,7% que llega al 10% más pobre. La frustración se acumula cuando las familias conceden tiempo, votos y esfuerzo a proyectos diferentes y, tras cada alternancia, encuentran que el trabajo de sus hijos sigue valiendo menos que el patrimonio heredado por otros.

¿Cuánto puede durar esa espera? No existe un plazo a partir del cual una sociedad estalle. Frente al deterioro, muchas personas buscan otro empleo, se endeudan, emigran o se alejan de la política; sostener la vida cotidiana también consume el tiempo y la energía necesarios para reclamar. Sin embargo, el malestar puede crecer mientras permanece poco visible, sobre todo cuando un nuevo golpe económico alcanza a quienes ya consideran injusto el reparto de las cargas.

Un estudio del FMI encontró que la relación entre aumentos del precio de los combustibles y protestas se intensifica donde coinciden mayor desigualdad, instituciones débiles y corrupción. Es una advertencia sobre las condiciones que agravan un conflicto, aunque no permite predecir cuándo ocurrirá el próximo.

La posibilidad de ser escuchado influye en esa tensión. En una encuesta de la Ocde realizada en diez países de América Latina y el Caribe, el 66% de quienes sentían que personas como ellos tenían voz en las decisiones públicas confiaba en el gobierno nacional; entre quienes sentían que carecían de esa voz, la proporción caía al 21%. La confianza, por lo tanto, depende también de que existan caminos para corregir una decisión antes de que el descontento se convierta en una ruptura.

Actualizar el acuerdo exige resultados que puedan reconocerse en la vida diaria. Eso supone limitar los abusos de posición dominante, mejorar los ingresos del trabajo, proteger a quienes hoy quedan fuera de los sistemas laborales tradicionales y sostener servicios públicos de calidad. También implica revisar quién paga impuestos, quién recibe beneficios del Estado y qué obtiene la sociedad a cambio. Cada una de esas decisiones enfrenta intereses concretos; postergarlas mientras se pide paciencia equivale a seguir gastando la confianza que mantiene unidas a las instituciones.

La pregunta, entonces, va más allá de cuál será el próximo modelo elegido en las urnas. ¿Cuánto tiempo puede pedirse a una mayoría que cumpla un contrato si quienes tienen más poder conservan la capacidad de cambiar sus cláusulas o de incumplirlas?

(*) El licenciado en Relaciones Internacionales Alejandro G. Safarov es director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Ucse Jujuy, miembro del Departamento de América Latina y el Caribe del IRI- Universidad Nacional de La Plata e integrante del Consejo Federal de Estudios Internacionales (Cofei).

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