Vuelve el manicomio

Hay regresos que no necesitan trenes, ceremonias ni inauguraciones. Les alcanza con una modificación legislativa, una nueva clasificación diagnóstica y una sociedad suficientemente asustada como para confundir protección con encierro. El manicomio, en ese sentido, no necesita recuperar sus viejos muros para regresar. Le basta con que volvamos a considerar que ciertas personas, por pensar, sentir o comportarse de una manera que incomoda, necesitan que otros piensen por ellas.La discusión sobre la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 nos enfrenta a una pregunta que excede largamente los consultorios: ¿qué hace una sociedad con aquellos cuya existencia desordena sus certezas? ¿Los escucha, los acompaña y construye condiciones para su recuperación, o los convierte en un problema que debe administrar? La diferencia entre ambas respuestas no es médica solamente. Es filosófica, política y, fundamentalmente, ética.

La ley vigente nació de una convicción democrática: una persona con padecimiento mental no pierde, por esa circunstancia, su condición de sujeto de derecho. La reforma impulsada por el Gobierno Nacional propone modificar aspectos sustanciales de ese marco, entre ellos la terminología diagnóstica y los criterios para las internaciones involuntarias. Al 24 de octubre, el proyecto obtuvo dictamen en el Senado, pero todavía no es ley. Y hay una precisión importante: el dictamen de mayoría mantuvo la prohibición de los manicomios que establece la legislación actual. El problema, por lo tanto, no consiste en anunciar una reapertura que aún no ocurrió, sino en examinar qué concepción de la persona y de la libertad se está construyendo detrás de estos cambios.

Comencemos por las palabras. No son inocentes. Llamar a una experiencia padecimiento mental o trastorno mental no constituye una simple operación de diccionario. Las palabras organizan la percepción, delimitan lo que consideramos normal y establecen, muchas veces sin que lo advirtamos, quién tiene autoridad para interpretar la vida ajena. Y acá releemos a Michel Foucault, quien dedicó buena parte de su obra a estudiar la relación entre saber, poder y normalización. No necesitaba negar la existencia del sufrimiento psíquico para advertir que las instituciones pueden transformar una diferencia en desviación, una conducta en anomalía y una clasificación en destino. Su advertencia conserva una actualidad incómoda: el poder no siempre necesita prohibir; a veces le alcanza con definir. Por supuesto, necesitamos diagnósticos, profesionales capacitados y tratamientos científicamente fundamentados. Negarlo sería reemplazar una discusión seria por una consigna. Pero tampoco podemos aceptar que el diagnóstico se convierta en una identidad total, como si una persona pudiera resumirse en una categoría clínica.

Pero una pregunta debe permanecer en el centro: ¿cómo impedir que la prevención se convierta en una autorización excesivamente amplia para restringir la libertad? El Estado tiene la obligación de proteger, pero también la de justificar rigurosamente cada intervención coercitiva. La historia de las instituciones psiquiátricas debería bastar para recordarnos que las buenas intenciones, cuando carecen de controles efectivos, pueden producir daños profundos.Desde una perspectiva kantiana y cito: "...la dignidad humana exige reconocer a cada persona como un fin en sí mismo, nunca como un objeto que otros administran a voluntad..." la libertad no puede depender de que alguien resulte comprensible, previsible o conveniente para los demás.No se trata de impedir internaciones cuando sean clínicamente necesarias. Se trata de exigir que sean excepcionales, proporcionales, fundadas, controladas y limitadas al tiempo indispensable.

También está en discusión el lugar de la medicina dentro del sistema. La psiquiatría es indispensable, pero la salud mental no se agota en ella. La psicología, el trabajo social, la enfermería, la terapia ocupacional y las demás disciplinas aportan perspectivas que no son adornos administrativos de una decisión médica. El sufrimiento humano tiene dimensiones biológicas, subjetivas, familiares, sociales y culturales. Reducir esa complejidad a una sola mirada sería una pobreza intelectual antes que una fortaleza sanitaria. El desafío consiste en articular saberes, no en establecer una jerarquía que silencie a los demás.

Y aquí quiero introducir una dimensión que suele quedar relegada: la pedagogía. Una persona no es solamente alguien a quien se diagnostica, médica o interna. Es también alguien que puede aprender, narrarse, elaborar su experiencia, reconstruir vínculos y recuperar formas de participación en el mundo. La escritura, la lectura, el diálogo y el pensamiento no sustituyen un tratamiento clínico; pueden, sin embargo, formar parte de una experiencia de recuperación que restituya protagonismo y palabra. Por eso, una política de salud mental que no contemple la educación, la cultura y la participación comunitaria serán insuficientes.

Tampoco podemos discutir esta reforma sin hablar del dinero. Las provincias necesitan recursos, equipos, dispositivos territoriales, viviendas con apoyo y continuidad de cuidados. Una ley sin presupuesto es una promesa que aprende a convivir con su propio incumplimiento. Y cuando los servicios no alcanzan, cuando faltan profesionales y cuando las familias quedan solas frente a situaciones complejas, la respuesta institucional corre el riesgo de reducirse a la alternativa más inmediata: encerrar.No podemos exigirles a las familias que resuelvan por su cuenta aquello que corresponde garantizar al sistema sanitario y al Estado. Tampoco podemos convertir la falta de vivienda, de acompañamiento o de recursos sociales en una razón para prolongar una internación. La pregunta es si ¿construiremos una red capaz de acompañar la complejidad o si terminaremos utilizando la restricción de la libertad para compensar las insuficiencias del sistema?

El manicomio fue mucho más que una arquitectura. Fue una forma de organizar la distancia entre quienes se atribuían la autoridad de definir la normalidad y quienes quedaban sometidos a esa definición. Su historia nos obliga a desconfiar de toda solución que prometa tranquilidad social a cambio de reducir la autonomía de los más vulnerables. ¿Vuelve el manicomio? No podemos afirmar que la reforma en discusión haya dispuesto su regreso. Sería inexacto. Pero sí podemos advertir que: ninguna prohibición edilicia alcanza si persiste una cultura que considera el encierro más sencillo que la inclusión, la clasificación más cómoda que la escucha y el silencio más tranquilizador que la palabra.El manicomio comienza a regresar cuando dejamos de preguntarnos qué necesita una persona para recuperar su vida y empezamos a preguntarnos cómo hacer para que deje de incomodarnos.Y ese regreso, mucho antes de convertirse en una institución, ya sería una derrota política, ética y humana.

(*) Miguel Ángel Falcón Padilla, es doctor en Filosofía.