La narrativa económica actual suele quedar atrapada en extremos: se habla de nuevo blanqueo, de la urgencia por captar los dólares del colchón y nuevos umbrales de evasión. Sin embargo, estas posiciones han opacado los beneficios estructurales de la norma recientemente aprobada por el Congreso. Más allá de los efectos sobre la recaudación inmediata, la norma presenta un cambio de paradigma: la inocencia fiscal.
Esta propuesta del Gobierno nacional promete un alivio tangible para miles de contribuyentes. El núcleo del beneficio no es solo recaudatorio o de potencial exteriorización de bienes, sino operativo. Al simplificar las declaraciones, la norma permite un ahorro sustancial en tiempo y de honorarios de profesionales contables. Este "costo de cumplimiento" es, muchas veces, el factor determinante que lleva a emprendedores a operar de manera informal, renunciando involuntariamente a los beneficios de acceso al sistema financiero para financiar sus actividades, sea en el sistema bancario o el mercado de capitales.
Si bien es cierto que la norma habilita movimientos patrimoniales que antes requerían encuadres complejos, esto debe verse como un efecto potencial y secundario. El verdadero avance es el cambio de enfoque. Argentina necesita, imperiosamente, un sistema sencillo para el segmento de contribuyentes que motoriza la economía local. Dejar atrás la complejidad burocrática para abrazar la eficiencia podría ser, sin duda, el mayor acierto de esta nueva etapa. Es allí donde debe ponerse el foco.