El Gobierno define con los equipos técnicos y legales la letra chica del proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que enviará esta semana para su tratamiento en el Congreso. En el Palacio de Hacienda aseguran que ya se cerraron con el organismo los grandes lineamientos y la oposición reclama conocer detalles que aún no se informaron.
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El Gobierno define con los equipos técnicos y legales la letra chica del proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que enviará esta semana para su tratamiento en el Congreso. En el Palacio de Hacienda aseguran que ya se cerraron con el organismo los grandes lineamientos y la oposición reclama conocer detalles que aún no se informaron.
Por el momento, las únicas certezas que se tienen respecto del proyecto son las que dio a conocer el propio FMI, además de que ingresará al Congreso por la Cámara de Diputados, tal como acordó el presidente Alberto Fernández con el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa.
El resto de los ejes del proyecto se conoció a través de borradores que circularon en las últimas semanas, mientras que las menciones del Presidente y del ministro de Economía, Martín Guzmán, generaron algunos interrogantes.
Qué dijo Alberto Fernández sobre el nuevo programa con el FMI
Se refinanciará el préstamo por US$44.000 millones que se pactó en 2018.
Hasta 2026, el dinero del propio FMI se usará para cancelar obligaciones.
Incluirá un período de gracia, que implica que los pagos al Fondo se iniciarán en 2026 para terminar en 2034.
Las tarifas de los servicios públicos aumentarán por debajo de las alzas promedio en los salarios. Este era uno de los puntos de controversia con el FMI, que pretendía subas del 60% para este año.
Según pudo saber TN, el alza sería equivalente al 80% del aumento salarial. Es decir que si la suba promedio de los sueldos es del 50%, el incremento de las boletas de electricidad y gas será del 40%.
Habrá segmentación de tarifas para que el 10% de los que tienen mayor capacidad económica deje de ser beneficiario de los subsidios. El objetivo es alcanzar una reducción del 0,6% del PIB en subsidios a la energía en 2022.
Incluirá un proyecto para cambiar el régimen de jubilaciones de privilegio de jueces y embajadores, pero dejará afuera a los docentes.
Se mantendrá la fórmula de movilidad jubilatoria sancionada en 2020.
El déficit primario bajará al 2,5% en 2022, y continuará un gradual descenso en los años siguientes: 1,9% en 2023, y 0,9% en 2024, para eliminarlo totalmente en 2025.
Se aumentará el gasto de inversión en infraestructura a más del 2% del PIB en 2022.
En junio de 2022 se eliminará completamente la doble indemnización.
El FMI hará revisiones trimestrales para evaluar el cumplimiento del acuerdo.