El pasado martes 29 de junio del año en curso, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 condenó a Miguel Ángel Acosta a 8 años de prisión efectiva por ser autor material y penalmente responsable del delito de "homicidio simple con dolo eventual".
Miguel Acosta un policía de la provincia utilizó para matar a su amigo el arma reglamentaria provista por la dependencia.
Además, ordenó que el arma utilizada para cometer el ilícito, una pistola marca Browing calibre 9 milímetros, sea reintegrada a la Jefatura de la Policía de la Provincia.
La condena
De acuerdo con la requisitoria de elevación a juicio de la causa, el 20 de diciembre de 2019 aproximadamente a las 21 horas, el imputado se encontraba en un domicilio del barrio Eva Perón de Libertador General San Martín en compañía de familiares y amigos.
Con motivo de su cumpleaños, el acusado estaba ingiriendo bebidas alcohólicas junto a César Renán Vides, Pedro Acosta, Joaquín Aguirre, y Luís Alberto Villa.
En esa circunstancia, Acosta tuvo un entredicho con Villa, razón por la cual se dirigió a su cuarto, desde donde volvió con un arma de fuego reglamentaria provista por la Policía de la Provincia.
Con esta pistola en mano, el inculpado realizó insinuaciones a los presentes respecto a utilizar la misma, momento después se levantó de su silla y se dirigió a donde se encontraba Villa, poniéndole el arma cerca del cuello efectuó un disparo que causó la muerte de la víctima.
El tribunal estuvo integrado por los jueces María Margarita Nallar -presidenta de trámite-, Ana Carolina Pérez Rojas y Mario Ramón Puig.
En tanto, la secretaría estuvo a cargo de la abogada Silvana Anún.
Como representante del Ministerio Público de la Acusación se desempeñó Alejandro Maldonado, quien solicitó para el condenado la pena de 9 años de prisión.
Mientras que la defensa técnica del acusado fue ejercida por el letrado Joaquín Campos, quien pidió que a su defendido se lo condene por el delito de "homicidio culposo".
Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer dentro del plazo establecido por el Código Procesal Penal de la Provincia, a partir de lo cual las partes podrán recurrir ante una instancia superior al tribunal de juicio.
