En adhesión a una convocatoria nacional, odontólogos jujeños se manifestaron por las calles céntricas de la ciudad capital para exponer una serie de reclamos en pos de "dignificar" la profesión.
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En adhesión a una convocatoria nacional, odontólogos jujeños se manifestaron por las calles céntricas de la ciudad capital para exponer una serie de reclamos en pos de "dignificar" la profesión.
Dada la crisis económica que la Argentina está atravesando y que se vio profundizada por la llegada del nuevo coronavirus es que los profesionales de la salud bucal exigen que se les garantice aranceles mínimos y dignos, declarar a la odontología como profesión de riesgo y que las obras sociales les paguen en tiempo y forma, es decir, a no más de 30 días.
Consideran que la declaración de "profesión de riesgo", pese a ser un pedido de vieja data, es oportuno en este momento dada la emergencia sanitaria ya que la odontología está entre las profesiones con mayores niveles de exposición al contagio de Covid-19.
En lo que respecta a los honorarios que perciben, siendo algunos de $270 por consulta, solicitan que
"los aranceles éticos y orientativos que manejan los Colegios de Odontólogos del país como guía y que por cierto están muy por encima de lo que las obras sociales nos pagan y de lo que se cobra en consultas particulares, se fijen como obligatorios a través de la sanción de una ley".
Explicaron que dichos aranceles orientativos están debidamente calculados con el real costo fijo y variable, incluido también el honorario profesional.
Entre otros puntos solicitan también que los contratos de las obras sociales sean homologados por los Colegios Odontológicos y que el pago sea a 30 días, ya que informaron son muchas las obras sociales que les están pagando a 60, 90 y hasta 120 días después.
Y teniendo en cuenta la emergencia sanitaria los odontólogos piden que "se reconozca dentro de los aranceles de las obras sociales el módulo de bioseguridad con los valores que corresponden", ya que los costos oscilan entre los $500 y los $1.000.
Por último, y haciendo hincapié nuevamente en lo que respecta a los aranceles éticos indicaron que lo que buscan es sentirse "avalados y protegidos por las entidades que nos representan para firmar los contratos con las obras sociales".