En la mesa de diálogo con autoridades provinciales, dirigentes de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) pusieron de relieve la necesidad de que, frente a la emergencia sanitaria por el coronavirus, se garanticen los elementos de bioseguridad y el pago de los incentivos a todo el equipo de salud.
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En la mesa de diálogo con autoridades provinciales, dirigentes de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) pusieron de relieve la necesidad de que, frente a la emergencia sanitaria por el coronavirus, se garanticen los elementos de bioseguridad y el pago de los incentivos a todo el equipo de salud.
Del encuentro participaron el secretario general de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap), Nicolás Fernández, y la secretaria gremial, Verónica Aramayo. Por el Gobierno, estuvieron los ministros de Trabajo, Normando Álvarez García, y de Hacienda, Carlos Sadir.
En un documento, los gremialistas subrayaron que "como se ha planteado en reiteradas oportunidades los salarios y condiciones de trabajo de los trabajadores profesionales tienen un retraso histórico. En los últimos cuatro años el poder adquisitivo de nuestros sueldos ha sufrido una devaluación del 52%. Esta situación se agrava en el marco de la crisis económica por el Covid-19 y la inflación que no cesa (en marzo fue de un 3% y se prevé un 40% anual), lo que prefigura nuevamente, en este 2020, un escenario de ajuste para los trabajadores".
Mencionaron además dos planteos centrales. El primero, en el marco de la emergencia sanitaria, reiteraron "la inmediata necesidad de garantizar los elementos de bioseguridad para todo el equipo de salud (hecho que no está ocurriendo de acuerdo a las necesidades, según nuestro registro), a la vez que la incorporación de recursos humanos suficientes para enfrentar la pandemia". Asimismo entendieron que era imperioso el pago "del incentivo a los trabajadores de la salud, que fuera anunciado por el Gobierno Nacional, el cual, además consideramos, debería reforzarse con una ayuda provincial. Se pidió que el mismo sea liquidado en el mes de abril, y de ser necesario, por planilla suplementaria. En este sentido se trasmitió el malestar de los profesionales de este sector que no fueron ubicados como prioridad en el cronograma de pagos".
En el actual contexto, demandaron además que se garantice "la estabilidad laboral, el pase a planta permanente y la desprecarizacion de los profesionales de la salud contratados (monotributistas, servicios y becas nacionales), como así también las licencias especiales para madres con hijos a cargo y personas que integran los grupos de riesgo".
Como segundo punto, pidió el cumplimiento inmediato a los compromisos "asumidos por el gobernador en una audiencia" con el sector realizada el 6 de agosto del año pasado. Mencionaron el suplemento por capacitación, devolución del pago por zona y la inclusión de los profesionales de la Ley 4.135 en el pase a planta permanente, compromiso recientemente ratificado por el ministro de salud Gustavo Bouhid, el viernes 3 de abril.
Promueve un fondo solidario
El gremio que nuclea a los profesionales de la administración pública, Apuap, entendió que “la pandemia ha desatado una situación de crisis económica que tiene un impacto enorme en la economía familiar de los trabajadores” del sector, lo que “impone la necesidad de medidas de emergencia”. En ese marco enfatizó que el Gobierno provincial debe arbitrar las medidas necesarias para garantizar la regular liquidación de los salarios, considerando que “se encuentra en condiciones de hacerlo toda vez que el gobierno nacional va a asistir a las provincias con $125.000 millones”.
La dirigencia de Apuap promovió la creación de un Fondo Provincial Solidario para la Emergencia Sanitaria a través del cobro de un impuesto extraordinario a las grandes riquezas. “Entendemos que la rebaja de los sueldos a los funcionarios es una medida que, si bien tiene un significado simbólico, es insuficiente y no resolverá los graves problemas económicos actuales que sí podrían enfrentarse a través de este impuesto”.
Agregó que “tal cual está planteado en el orden nacional, y dado que el Gobierno provincial viene tomando medidas anticipadas, podría implementarse en la provincia de Jujuy una medida por la cual las cinco grandes empresas que concentran el 80% de lo que se factura en la provincia, se solidaricen y aporten un porcentaje mínimo (5%) de sus riquezas para la conformación de dicho fondo, que se destine a garantizar en el sector Salud todo lo necesario para enfrentar la pandemia, como así también, para asistir a los sectores sociales más necesitados de nuestra provincia, que sufren la crisis actual y que, con los desastres climáticos, están doblemente expuestos”. Para el gremio, de este modo, “la asistencia financiera que el Gobierno nacional comprometió para las provincias podrá ser destinada a garantizar el pago de salarios y otorgar la, ya improrrogable, recomposición salarial que lleve algo de tranquilidad a los hogares de los trabajadores en general y de los profesionales en particular en el actual contexto”.
Exigió respuestas concretas a los reclamos para mejorar la actual situación, como también el cumplimiento de los acuerdos. “Nos encontramos en estado de alerta monitoreando en toda la provincia, junto a nuestros afiliados y delegados, las condiciones de trabajo de quienes nos cuidan (trabajadores de la salud), como así también que no se tome ninguna medida que nos haga ir ni un paso atrás en los derechos de los trabajadores”.
