A partir de la puesta en marcha de Uber en la capital jujeña, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, presentó esta mañana una acción judicial en contra de la app, alegando que la actividad "no está regulada" y que va "en contra de la potestad municipal al ser custodios de los transportes públicos o semipúblicos".
Con más precisión, el intendente Raúl Jorge continuó detallando que la presentación de la acción judicial “no tiende a ir contra un servicio y la tecnología para lograr ese servicio. Tiene que ver con la decisión constitucional y de la Carta Orgánica que estipula que es el Municipio quien regula el transporte público en la ciudad”.
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A partir de la puesta en marcha de Uber en la capital jujeña, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, presentó esta mañana una acción judicial en contra de la app, alegando que la actividad "no está regulada" y que va "en contra de la potestad municipal al ser custodios de los transportes públicos o semipúblicos".
Con más precisión, el intendente Raúl Jorge continuó detallando que la presentación de la acción judicial “no tiende a ir contra un servicio y la tecnología para lograr ese servicio. Tiene que ver con la decisión constitucional y de la Carta Orgánica que estipula que es el Municipio quien regula el transporte público en la ciudad”.
En este orden puntualizó: “queremos evitar problemas muy graves que sucedieron en otras provincias, por eso expresamos en forma contundente que estamos en contra de esta aparición que quiere dejar de lado toda las Ordenanzas vigentes, y que puede traer problemas hasta de violencia entre los prestadores”.
Y consideró “pedir la intervención de la Justicia para proteger justamente los derechos que tiene el Municipio y generar un marco regulatorio, como también para dar seguridad a los vecinos de San Salvador de Jujuy, de cuáles son los servidores habilitados para hacer este tipo de tareas dentro de la ciudad”.
Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, reivindicó la postura del Municipio Capitalino de no permitir la operatividad de ningún tipo de sistema que estén al margen de la ley, “tenemos en claro lo que es el servicio público de pasajeros dentro de la ciudad. No sólo nos vamos a aferrar a la legalidad y hacer cumplir las normativas que están vigentes sino que, como gestión de gobierno municipal, vamos a proteger y preservar la fuente de trabajo de toda la familia del transporte alternativo de la ciudad”.